El Consejo de Ministros aprobará este martes el segundo plan de contingencia en lo que va de año, con el que espera poder ahorrar este otoño-invierno un 6,4% del consumo de gas y hasta un 10% del de electricidad, la mitad de forma obligatoria, y de acuerdo con los compromisos adquiridos con el resto de la UE. Para ello, se espera que dé indicaciones a administraciones públicas, negocios y hogares, así como medidas para acelerar el despliegue de energías renovables. Hace unos meses, el Gobierno se comprometió a ir por delante en el cumplimiento que pedirá a familias y empresas, pero a día de hoy nueve de los 22 ministerios que lo forman todavía no han cerrado sus propios planes de ahorro para permitir que los empleados públicos teletrabajen dos o tres días a la semana.

Estos planes se negocian entre la subsecretaría de cada ministerio y una mesa delegada en la que están representados CSI-F, CCOO y UGT en representación de los trabajadores. Según el recuento de acuerdos de teletrabajo que ya se han firmado, todavía hay nueve ministerios que no tienen un plan para determinar qué trabajadores puede teletrabajar, qué día a la semana o cómo organizar las zonas de trabajo para que estos cambios contribuyan efectivamente a reducir el consumo de energía.

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Se trata de los ministerios de Defensa, Transportes, Educación, Industria, Cultura, Seguridad Social, Ciencia y Universidades. En algunos de ellos, la Subsecretaría ya ha emitido la resolución pero se está todavía definiendo en qué puestos puede haber teletrabajo y en cuáles no, apuntan fuentes de los ministerios de Industria y de Transportes. El plan general indica que no podrán hacerlo los funcionarios que ocupen plazas de atención al público.

En otros departamentos la situación parece más complicada. Uno de ellos es el Ministerio de Seguridad Social, donde fuentes atribuyen las dificultades para cerrar un acuerdo a las reticencias en la secretaría de Estado de Seguridad Social que ya se vio durante la pandemia. El departamento de José Luis Escrivá solo permite que las jornadas de tarde sean de tres horas en los puestos que no son de atención al público. "Eso no llega ni a media jornada, ya que el 95% de la plantilla realiza jornada de 40 horas", denuncian en el sindicato mayoritario de la función pública, CSI-F. 

Acuerdos discrecionales

Tras cerrar 13 acuerdos de teletrabajo por motivos de ahorro energético con otros tantos ministerios y con organismos públicos, como la Policía Nacional,  la Dirección General de Tráfico, el Instituto de la Juventud (INJUVE) o el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) o el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), CSI-F es escéptico en cuanto al alcance real de un plan de ahorro en los ministerios que responde a criterios "discrecionales" y depende de que el jefe de turno lo autorice, que no es "nada homogéneo" ni hay "evaluación del desempeño". Todo esto se debe, aducen en este sindicato, a que el fin último de estas medidas es el ahorro de energía y no se trata de la Ley de Teletrabajo para los funcionarios que el entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, prometió a los empleados públicos en abril 2021. "Queremos que se  publique el real decreto de teletrabajo", dicen en el CSI-F. De hecho, el Ministerio de Justicia, que aplica que plan de teletrabajo con "total normalidad" desde mitad de septiembre, no lo negoció con los sindicatos. En su caso, se determinaron tres días de teletrabajo y de manera excepcional para puestos que no requieran presencia física.

Apagar las calderas

De acuerdo al marco general que estableció el plan de ahorro de energía en la Administración central, los otros 13 ministerios que sí lo han aplicado han fijado distintos criterios para determinar qué empleados pueden trabajar en casa y qué días. 

Quedan excluidos los empleados que trabajan de cara al público y otros cuyos puestos haga imposible una planificación rígida, por ejemplo, por tener plena disponibilidad. Cada subsecretaría ha tenido que encajar los espacios que este régimen semipresencial deja cada día sin ocupar para redistribuir a los trabajadores y puedan queda vacías zonas enteras en las que se apaguen luces y refrigeración. 

También cuestiones tan al detalle como procurar que el apagado de las calderas supone un verdadero ahorro y no cuesta más que no apagarlas, que es algo que se logra con el 'vaciado' de espacios durante varios días, por ejemplo, con los cuatro del fin de semana más lunes y martes de teletrabajo que se ha acordado en algún ministerio.

Plan de contingencia

Aunque todavía no lo hacen casi la mitad de los departamentos del Gobierno, el plan de contingencia que aprobará este martes el Consejo de Ministros planteará previsiblemente que las administraciones autonómicas y locales que no lo hayan hecho ya adopten planes similares. El Gobierno pedirá a los ayuntamientos que revisen el alumbrado y sustituyan las luces con bombillas incandescentes por otras de bajo consumo (LED) aunque no está prevista ninguna obligación por lo que respecta a las luces de Navidad, que algunas ciudades sí reducirán en el número de horas en que estarán encendidas.

Como intenta hacer en la Administración central -con éxito dispar dada la nómina de Ministerios que no lo hacen-, el Gobierno insta a otras administraciones a que fomenten el teletrabajo de sus empleados como una manera de ahorrar energía y a que limiten el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción, a 19.

De acuerdo con un borrador de recomendaciones que el Ministerio de Transición Ecológica distribuyó hace unas semanas a las comunidades, estas pautas sobre teletrabajo y temperatura se convertirán en indicaciones voluntarias a las empresas, a las que también recomienda un cambio de hábitos para ahorrar energía en acciones como apagar las luces, interiores y exteriores, por la noche o hacer fotocopias en blanco y negro y a dos caras en lugar de en color y por una sola cara.

Según apuntó la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tras el último consejo de ministros de Energía de la UE, que aprobó un recorte del consumo eléctrico del 5% obligatorio hasta marzo y hasta un 10% voluntario, la industria será previsiblemente la que más peso tenga en este ahorro, mediante el cambio legal que vuelve a permitir disrupciones en el uso de electricidad en los momentos del día en que haya más demanda y, por tanto, sea más cara.

Recomendaciones para los hogares

De acuerdo a estas recomendaciones y a las declaraciones desde el Gobierno, el plan de contingencia se prevé más voluntario que obligatorio y, particularmente en el caso de los hogares contemplará medidas que se puedan cumplir sin alterar demasiado las rutinas de los ciudadanos. 

Por ejemplo, priorizando la ducha sobre el baño, no calentando el agua más de 30 ó 35 grados, planificando el encendido de la calefacción y luces, para evitar que lo estén en habitaciones cuando no se utilizan o cuando no hay nadie en casa y alertando sobre el 'stand by' de los electrodoméstico, que también consume energía, y recomendado apagar también los que más lo hacen  -frigorífico o nevera- cuando vayamos a estar ausentes en periodos largos, por ejemplo, durante las vacaciones.

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De acuerdo también a otras de las 'pistas' que ha ido dejando Ribera sobre el contenido del plan de contingencia, también se espera alguna medida para contrarrestar algo que ha provocado malestar dentro del Gobierno,  la decisión de algunas comercializadoras de electricidad de incluir en la factura de la luz un nuevo concepto, para reflejar la compensación por el límite al precio del gas que fija la "excepción ibérica".  El plan de contingencia es que los consumidores tengan en sus facturas de la luz información de cuánto pagan sus vecinos, lo que podría llevarles a cambiar de comercializadora.

Despliegue de las renovables

Otra cuestión que Ribera exploró con las asociaciones de consumidores de cara a la elaboración del plan es la posibilidad de permitirles cambiar y ajustar de forma gratuita la potencia contratada como otra medida de ahorro.

Por otra parte, también es previsible que el plan incorpore algo que Ribera ha tratado en los últimos meses con las comunidades: la necesidad de aligerar la concesión de autorizaciones y la excesiva burocracia para la instalación de proyectos de energías renovables, para lo que las autonomías han pedido más fondos y, sobre todo, más personal para deshacer los cuellos de botella.