El dimitido presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, abandona el barco tras casi cuatro años de bloqueo. Su marcha deja un Consejo aún más debilitado, una promesa de "avanzar" hacia un acuerdo por parte del Gobierno y el Partido Popular y una delicada sucesión que se convierte ahora en la discusión más urgente dentro del CGPJ, en el que hay posturas enfrentadas.

La renovación del Tribunal Constitucional ha pasado, en cuestión de un día, a un segundo plano. El asunto que debía protagonizar el Pleno del CGPJ convocado para este jueves ha quedado ahora desplazado y los vocales dedicarán el encuentro a discutir quién sucederá a Lesmes en el puesto de presidente del CGPJ, y si este deberá recaer sobre la misma persona que presida el Tribunal Supremo. Fuentes del Consejo señalan que "todavía es muy pronto" para adelantar nada. Pero, por lo pronto, no está claro quién debe presidir ese Pleno.

Carlos Lesmes, el presidente más longevo del CGPJ y la dimisión como último servicio para desatascar el Poder Judicial

"Hay un tema jurídico que tenemos que analizar. Hay informes contradictorios y tendremos que llegar a una conclusión el próximo jueves", señalan las fuentes consultadas. Por otro lado, Lesmes procuró dejar bien atado este asunto a través de un informe que solicitó al gabinete técnico del CGPJ. 

El informe concluía que Francisco Marín Castán sería el legítimo sustituto de Lesmes, aunque hay quienes, dentro del Consejo, no están de acuerdo con este dictado. Especialmente por el fragmento en el que se establece que la sucesión se daría de forma "automática", esto es, sin necesidad de la aprobación del CGPJ ni de toma de posesión. 

Queda por aclarar cuándo se publicará la renuncia en el BOE, y si vendrá recogida en ella el nombramiento de Castán. Si la dimisión no se publica antes del miércoles, Lesmes se verá obligado a acudir este 12 de octubre a la celebración del Día de la Fiesta Nacional y pasar el apuro de representar al tercer Poder del Estado, en presencia del rey Felipe VI, tras haber comunicado su dimisión.

¿Quién (o quiénes) pueden ser los sustitutos? 

La discusión sobre quién sustituirá a Carlos Lesmes en la presidencia del Supremo y el órgano de gobierno de los jueces se puede reducir a dos opciones principales: O ambas instituciones pasan a ser presididas por Francisco Marín Castán, actual vicepresidente interino del alto tribunal, o se establece una bicefalia por la cual Marín preside el Supremo y Rafael Mozo pasa a encabezar el Consejo por ser su miembro de mayor edad.

La primera opción es la que ordena el informe que pidió Lesmes a finales del mes pasado para abrir el camino de su sucesión. El documento, que fue mal recibido por la mayoría de vocales del Consejo, concluía que "tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución".

La cuestión es que la presidencia del Tribunal Supremo debería ser sustituida, a priori, por el vicepresidente del alto tribunal, o quien ejerza su cargo en funciones. Por otro lado, la sustitución del presidente del CGPJ se encomienda al vocal de mayor edad dentro del órgano. Sin embargo, la imposibilidad de disociar ambos cargos llevó al gabinete a dictar que sea el vicepresidente del Supremo, o quien ejerza su cargo en funciones, quien ocupe la presidencia de ambos órganos.

Sin embargo, gran parte de los vocales del CGPJ consideran que Marín Castán, que desempeña el cargo de vicepresidente del Supremo de forma interina (sustituyendo al jubilado Ángel Juanes), no tiene legitimidad para presidir el órgano de gobierno de los jueces. Estos vocales abogan por que Marín sustituya a Lesmes en el Supremo y Rafael Mozo, vocal de mayor edad y de corte progresista, se convierta en presidente del CGPJ.

El problema de esta opción es que, como decía el informe encargado por Lesmes, es contraria a la propia Constitución española, que establece en su artículo 122.3 que "el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años".

El precedente de Carlos Dívar

Cierto es que esta bicefalia, a priori anticonstitucional, tiene precedentes en la historia de la democracia española. El caso de Carlos Dívar, que dimitió como presidente del Supremo y el CGPJ en 2012, puede ser un apoyo para los que defienden una estructura de dos presidentes tras la marcha de Lesmes. El magistrado se vio forzado a dejar el cargo por un escándalo de corrupción, y fue sustituido por Fernando de la Rosa en el CGPJ (entonces vicepresidente del consejo, un puesto que ya no existe) y por Juan Antonio Xiol en el Supremo (entonces el presidente de Sala más antiguo). 

El asunto es que este acontecimiento es previo a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2013, cuando el Tribunal Supremo y el CGPJ tenían una estructura diferente. En concreto, el Supremo no tenía vicepresidente, y el Consejo sí (justo a la inversa de lo que ocurre a día de hoy). Entonces se dictaba que sería el vicepresidente del CGPJ el designado para sustituir al presidente de ambas instituciones en caso de dimisión. No obstante, podía ocurrir que un vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces no cumpliera los requisitos para presidir el alto tribunal, lo que daba lugar a situaciones anómalas que la reforma de 2013 trató de corregir. 

Una vez más, el Poder Judicial ha llegado a una situación que la legislación no había previsto. Cuatro años de bloqueo del CGPJ han llegado a su momento cumbre formando un cúmulo de circunstancias que no cuentan con soluciones legales claras. Las diferentes posturas e interpretaciones de cara a la sustitución de Lesmes irán revelándose a lo largo de la semana, concluyendo en el pleno del CGPJ el próximo jueves, que se prevé realmente complicado, entre otras cosas, por la ausencia de un mandato legal que establezca quién debe presidirlo.