Más de nueve años después de aquel fatídico 24 de julio de 2013, este miércoles arranca el juicio del accidente del Alvia, que se cobró la vida de 80 personas y dejó 145 heridos a causa del descarrilamiento del tren con destino Ferrol en una curva del barrio compostelano de Angrois. Pese a que el banquillo de los acusados está ocupado únicamente por el maquinista que conducía el tren y el exdirector de seguridad de Adif, las cifras del macrojuicio son tales que la Xunta de Galicia ha tenido que habilitar un espacio de 1.058 metros cuadrados en la Cidade da Cultura para acoger unas sesiones que se prolongarán durante nueve meses y por las que pasarán los representantes de las 154 acusaciones y los más de 500 testigos.

Una vez finalizada la fase de instrucción, comienza ahora la práctica de la acción penal, que se prolongará, según las previsiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), hasta el 10 de febrero de 2023. Cuatro días después, a partir del 14 de febrero, será el turno de la práctica de la acción civil, para la cual se reservarán tres sesiones semanales los martes, miércoles y jueves. En esa fase se resolverá la reclamación por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil, dirigida contra Renfe, Adif y sus respectivas aseguradoras, QBE y Allianz Global Corporate & Speciality, así como contra el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif. La reclamación total de los 446 afectados, agrupados en 154 acusaciones, asciende a unos 57,69 millones de euros.

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Sin perjuicio de que las partes desistan de alguna prueba testifical, el juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos, que declararán ante la Justicia a un ritmo medio de 15 testigos al día y tres testigos/peritos por sesión. En el caso de los peritos, testificarán entre cinco y diez por jornada en la acción civil y uno diario en la acción penal, debido a la amplitud y complejidad de los informes. De momento, los días 5, 6 y 7 de octubre está previsto el desarrollo de las cuestiones previas y las declaraciones de los dos acusados, Francisco Garzón y Andrés Cortabitarte.

El maquinista del Alvia

Francisco Garzón, el maquinista que conducía el tren cuando ocurrió el accidente, es uno de los dos acusados. Se le imputan 80 presuntos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave. En concreto, tanto la Fiscalía como la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas piden para él cuatro años de cárcel, además de la responsabilidad civil. Asimismo, el Ministerio Público demanda también que Garzón sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena. No obstante, el conductor, que tras dos años de baja se reincorporó a Renfe en 2015 en tareas de gestión en talleres, se acaba de prejubilar recientemente.

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Las acusaciones argumentan su postura en el hecho de que, en el momento del accidente, el maquinista circulaba con un exceso de velocidad al atender la llamada del interventor. Del otro lado, su abogado, Manuel Prieto, solicita la libre absolución y arguye que el siniestro se produjo a causa de la falta de medidas de seguridad y de análisis de riesgo. "Es la esencia y la causa principal", recalca en declaraciones a Europa Press, en las que añade que confía en que "se aclare toda la verdad".

El exdirector de seguridad de Adif

Andrés Cortabitarte era en 2013 el director de seguridad de la línea en la que se produjo el accidente, al frente de la cual llevaba siete años, desde su creación. Al igual que a Garzón se le imputan 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave, por lo que también es la misma la condena solicitada por la Fiscalía y la plataforma de víctimas: cuatro años de prisión. Aunque su defensa rechaza cualquier responsabilidad, el Ministerio Público pide además que, durante dicho periodo, sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

Pese a las protestas de las víctimas, Cortabitarte fue reubicado por Renfe tras el accidente y se mantuvo en puestos de dirección hasta mayo de 2021, cuando la acusación de la Fiscalía provocó su salida de la Subdirección de Gestión Logística y Aprovisionamientos, en la que ocupaba un cargo de libre designación. Tras su renuncia, hace poco más de un año, el ingeniero recuperó la categoría de técnico especialista con la que accedió a su plaza.

La plataforma de víctimas

La mayor parte de las víctimas del accidente, cuyo número de perjudicados asciende a 446 personas, se encuentran representadas bajo la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155. Además de solicitar sendas condenas de cuatro años de prisión para los acusados, la plataforma busca también que se depuren responsabilidades políticas y reclama una investigación técnica e independiente. 

En ese sentido, este lunes la plataforma protagonizó una concentración ante el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja. Desde la asociación, reprochan a Pastor el envío de una carta a la entonces comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, en la que advertía de la "gravedad" de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial llevada a cabo por el Estado español. "Habrá una sentencia, pero no habrá justicia", dijo el portavoz Jesús Domínguez a los medios. Y es que la asociación sostiene que los peritos judiciales designados por la Xunta "plagiaron el informe del Gobierno".

EFE/ Luis Millán

La Fiscalía

Los 446 perjudicados se agrupan en 154 acusaciones, representadas por 110 letrados y 47 procuradores. No obstante, el Ministerio Público ejerce la representación de los 53 perjudicados que no cuentan con abogado ni procurador. En concreto, además de la responsabilidad civil, la Fiscalía demanda cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados, así como inhabilitación profesional durante el tiempo de condena. El fiscal sostiene que "el accidente no hubiese sucedido si Adif y Cortabitarte hubiesen gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo".

Tres magistrados

La macrocausa del Alvia acumula hasta la fecha un expediente de 44.460 folios, dividido en 95 tomos, que ha pasado por las manos de tres jueces. Durante la fase de instrucción hubo un cambio de magistrado de Luis Aláez, quien en su día llegó a imputar a la cúpula de Adif, a Andrés Lago Louro, que cerró dos veces la investigación, en octubre de 2015 y en diciembre de 2018, antes de dar el carpetazo definitivo en septiembre de 2020. En la primera ocasión, Garzón era el único imputado. 

En la actualidad, el juicio, cuyo coste de organización asciende a 931.759 euros, está en manos de la magistrada María Elena Fernández Currás, titular del juzgado de lo penal número dos de Santiago de Compostela, que ha sido la encargada de la preparación y celebración del juicio oral. Será también ella quien dicte sentencia.