Comienza a fraguarse la pugna dentro del Gobierno para decidir la cuantía que tendrá la subida del salario mínimo para 2023 y también para definir si estará vinculada a otras medidas. La primera en tomar públicamente posiciones ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha apuntado que el aumento del salario mínimo debería ser una de las patas del "pacto de rentas" que promueve el ala socialista del Ejecutivo. La idea, no obstante, ha generado un rotundo rechazo tanto de los sindicatos como de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y se perfila como una de las grandes discusiones del Ejecutivo en el último trimestre del año.

Calviño hizo pública su intención de ligar el salario mínimo con el "pacto de rentas" precisamente tras la última reunión que mantuvo con patronal y sindicatos para intentar concretar el alcance de este acuerdo, que no está demasiado claro qué debe incluir junto a un pacto entre empresarios y trabajadores para concretar el aumento de los salarios sujetos a convenio. La vicepresidenta primera admitió que ese pacto salarial depende de los agentes sociales, pero también apuntó que en el Gobierno van a "hacer todo lo posible" para que se alcance un acuerdo, entre otras cosas "subir el salario mínimo interprofesional".

En esas declaraciones, Calviño evitó concretar sobre en qué medida podría el aumento del salario mínimo condicionar el crecimiento del resto de los salarios. No obstante, la vicepresidenta primera lleva meses defendiendo que, para evitar que la inflación se agrave, el alza de los sueldos debe ser muy comedida, aunque eso implique que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. "Tenemos que tener incrementos salariales y de los márgenes empresariales moderados", defendía Calviño a principios de septiembre en una entrevista, en la que insistía en que "en un contexto de inflación como el actual, la mejor receta es la moderación de los salarios y de los márgenes empresariales".

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Esa toma de posición fue tan clara como la de Díaz, que por las mismas fechas dio la razón a las centrales sindicales y aseguró que hacían lo correcto al convocar movilizaciones para exigir subidas de sueldo ajustadas a la inflación. Y ambos movimientos tienen mucho que ver con la pugna que tendrá lugar en los próximos meses dentro del Gobierno para determinar cuánto debe subir el salario mínimo, un choque entre Calviño y Díaz que se ha repetido todos los años desde el inicio de la legislatura cada vez que el Ejecutivo ha comenzado a barajar aumentos del indicador.

En esta ocasión, la vicepresidenta primera no va a defender una congelación del salario mínimo. Ya ha afirmado públicamente que "tiene todo el sentido" elevar el salario mínimo, pero ni ella ni Díaz se han pronunciado sobre la cuestión clave y la que va a monopolizar la discusión dentro del Gobierno: cuánto y si debe estar vinculada a un pacto salarial general entre sindicatos y patronal. 

En su programa de coalición, el compromiso del Ejecutivo es que al final de la legislatura el sueldo mínimo sea el equivalente al 60% del sueldo medio en España. Inicialmente, este porcentaje equivalía a un salario mínimo de 1.049 euros al mes en 14 pagas, como mucho. Pero hace unos meses se actualizaron los datos disponibles y se comprobó que el sueldo medio ha crecido más de lo previsto, al igual que la inflación, y por ello el Ministerio de Trabajo estudia elevar el salario mínimo para el año que viene por encima de esa cifra y ha pedido a su comité de expertos que elabore una propuesta en ese sentido.

Díaz descarta vincular la subida a otros pactos

A principios de septiembre, Calviño afirmó que "es el momento de subir el salario mínimo para lograr ese objetivo del 60% del salario medio", pero no concretó una cifra para ese incremento. Y en el ala del Gobierno de Unidas Podemos existe el convencimiento de que cuando el comité de expertos ofrezca sus conclusiones, la vicepresidenta primera intentará batallar dentro del Ejecutivo para rebajar la subida lo máximo posible, en la línea de lo que ha sucedido en años anteriores.

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Fuentes próximas a Díaz insisten en que la subida del salario mínimo se negociará con patronal y sindicatos en el Ministerio de Trabajo, por mucho que Calviño quiera que sea parte del "pacto de rentas". Y es que parte del problema es que ese pacto, que había sido aparcado por el PSOE hasta que se recuperó en julio, es un concepto muy voluble y no está demasiado claro qué incluiría, y los sindicatos apuestan por que haya en él políticas sociales, además de pactos salariales, y rechazan condicionar la subida del salario mínimo a este acuerdo general.

"Para llegar a un pacto de rentas no solo puede hablarse de contención salarial, habrá que hablar de fiscalidad, de topes de precios o de medidas para pagar las hipotecas" de tipo variable, que han subido a causa del alza de los tipos de interés, planteaba en este sentido la semana pasada el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Y tanto él como el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, exigieron tras reunirse con Calviño que el salario mínimo suba en la misma medida que la inflación de 2022 "porque son salarios de subsistencia" que no pueden cargar con el coste de la crisis.