El Estado subastará el próximo mes de octubre la adjudicación de 203 nuevos estancos, una acción criticada por organizaciones sanitarias y civiles que ven un afán recaudatorio y una contradicción con las políticas de salud, mientras el sector defiende que es necesaria para seguir prestando un servicio público.

Es la primera vez en casi 20 años que se acomete una expansión de la red de estancos (la última convocatoria se efectuó en 2003) y la adjudicación de las licencias se llevará a cabo mediante una subasta al mejor postor.

El Estado, que tiene el monopolio de la venta de productos de tabaco, justifica la "necesidad" de extender la red de expendedurías para adaptarse a los cambios demográficos y urbanísticos de las últimas dos décadas y para poder prestar este "servicio público" a las zonas "que no se encuentran suficientemente cubiertas".

La Unión de Estanqueros, la principal patronal de estos establecimientos en España (más de 13.000 en toda España) llevaba tiempo pidiendo esta ampliación apelando a ese mismo motivo.

De una forma muy diferente piensan las casi 130 organizaciones nacionales e internacionales, sanitarias, civiles, de consumidores, medioambientales y de derechos humanos, entre ellas la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que han pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anule la subasta.

Los firmantes de la misiva consideran que la convocatoria "tiene un fin meramente recaudatorio".

Entre otras cosas, observan que 30 de las nuevas expendedurías estarán posicionadas en zonas fronterizas con Francia, lo que ven como un movimiento para atraer compradores de ese país, donde la cajetilla de cigarrillos cuesta más de 10 euros.

La subasta "tiene un claro afán recaudatorio", afirma a Efe Raquel Fernández Megina, presidenta de otra de las organizaciones firmantes, No Fumadores, y quien abunda que los establecimientos cercanos a Francia también "fomentan la economía sumergida".

"Somos el estanco de Europa", asevera Fernández Megina, que apunta que muchos ciudadanos de Francia cruzarán la frontera para comprar tabaco España y revenderlo.

Desciende la venta de cigarrillos y la facturación de los estancos

En España el precio medio de una cajetilla de 20 cigarrillos es de 4,55 euros, de los que el Estado se queda con aproximadamente el 82 % entre impuestos especiales e IVA, lo que equivaldría a 3,73 euros, según datos de la Unión de Estanqueros.

La recaudación del Estado por la actividad de los estancos en 2021 fue de 8.636,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,08 % respecto a 2020 pero un descenso del 4,98 % en comparación con 2019, el último año prepandemia.

En cuanto a las ventas, en 2021 los estancos facturaron 11.327,7 millones de euros en tabaco, un 2,35 % más que en 2020 pero un 4,53 % menos que en 2019.

Con las ventas "estancadas" desde 2013 entre 2.200 y 2.300 millones de cajetillas anuales, la Unión de Estanqueros considera que la aparición de más estancos no va a hacer que se vendan más cigarrillos y, por ende, tampoco va a tener un impacto significativo en la recaudación del Estado.

"Las ventas difícilmente aumentarán por aumentar las expendedurías, lo que sí parece es que estas nuevas concesiones vienen a reforzar el servicio público que damos", defiende la presidenta de la Unión de Estanqueros, Elena Viana, en declaraciones a Efe.

A la patronal, el número de establecimientos que se han ofertado no le parece excesivo, aunque pidió al Gobierno que antes de establecer las localizaciones de los nuevos estancos efectuara una reubicación de aquellos que no son rentables en la actualidad, sobre lo que no obtuvo una respuesta.

Contradicciones con las políticas sanitarias

La convocatoria de nuevos estancos también entra en contradicción con los compromisos de salud asumidos por el Estado español, como el de reducción del cáncer para 2030, acordado por la Unión Europea, según señalan las organizaciones contrarias a esta subasta.

La industria del tabaco está consiguiendo interferir en las políticas de sanidad pública"

Estas agrupaciones tampoco entienden que el Gobierno mantenga congelado el Plan Integral de Tabaquismo, consensuado con toda la comunidad de control de tabaco en España, mientras amplía la red de estancos, y entienden que si ha ocurrido así es porque puede estar interfiriendo la industria tabacalera.

"Lo único que podemos pensar nosotros es que la industria del tabaco está haciendo muy bien su trabajo, que tiene unos tentáculos muy largos y está consiguiendo interferir en las políticas de sanidad publica", expresa Fernández Megina.