Ayuso pisa el acelerador legislativo: quiere aprobar 15 leyes antes de mayo de 2023

Vista del hemiciclo de la Asamblea de Madrid, este jueves.
Imagen de archivo de un pleno en la Asamblea de Madrid.
J. J. Guillén/ Efe
Vista del hemiciclo de la Asamblea de Madrid, este jueves.

El debate sobre el estado de la Región, que se celebrará en la Asamblea de Madrid los días 12 y 13 de septiembre, supone la vuelta de la actividad al hemiciclo autonómico tras el parón veraniego. La Cámara de Vallecas inaugurará un ciclo parlamentario que se adivina especialmente intenso porque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso espera conseguir el visto bueno a unos nuevos presupuestos y a 15 proyectos de ley antes de los comicios autonómicos y locales de mayo de 2023. 

Entre los textos legislativos que espera aprobar el Ejecutivo figuran algunos que afectan directamente al día a día de los ciudadanos, otros de marcado carácter político y algunos que cambian procedimientos parlamentarios, crean colegios profesionales o nuevos organismos de la Administración.

Entre los primeros destaca la ley de Farmacia, que actualizará un texto vigente desde finales del siglo XX y dará cobertura, entre otros cambios, al reparto a domicilio de medicamentos y a la libertad de horario de las boticas. También es importante para el Ejecutivo el proyecto de ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. El Ejecutivo remitió a la Asamblea el texto de la nueva ley de Infancia el pasado julio y entre las novedades que incluía figuraba la promoción de la escolarización universal y gratuita a niños de 0 a 3 años y la apuesta por el acogimiento de niños tutelados en familias en vez de en centros residenciales.

El proyecto de ley de Servicios Sociales es otra de las iniciativas pendientes. "Pretende mejorar la calidad y la eficacia en este ámbito y que, entre las novedades, incorpora la Historia Única y un Mapa de los recursos disponibles en la región", destacan desde el grupo parlamentario popular en la Asamblea. 

La llamada Ley Ómnibus, a la que técnicamente se conoce como ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración, es un texto muy complejo que lleva meses tramitándose. De salir adelante, modificaría medio centenar de normas de áreas muy diferentes: desde la ley del Suelo a la del Juego pasando por las condiciones de acceso al cuerpo de bomberos de la región o cambios en la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

En la nómina de proyectos pendientes figuran iniciativas más políticas, como la ley de defensa de la autonomía financiera, y algunas netamente económicas, como la ley de Economía Circular o la de Cooperativas. El texto que da cobertura legal a las bonificaciones fiscales para fomentar la natalidad y la conciliación es otra de las iniciativas que se deben votar en Vallecas próximamente.

Otro proyecto de ley pendiente de visto bueno es el texto con el que se pretende eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Igualmente están en trámite iniciativas que afectan directamente al ámbito cultural. Es el caso de la ley de Archivos y Documentos, de la ley del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico y del texto con el que se quiere crear el Colegio Oficial de Profesionales del Turismo. Este último es solo uno de los organismos nuevos que se podría alumbrar la Asamblea esta legislatura: también esperan para ser aprobados el proyecto de ley por el que se crea la Agencia de Ciberseguridad y el que constituiría la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

Este curso también podría ser el que vea nacer la primera ley de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, que ya está registrada en la Cámara y esperando ser debatida. Con esta regulación, la Comunidad quiere sancionar los bulos y los falsos avisos de emergencias, además de organizar sus recursos de cara a catástrofes, entre otros objetivos. 

Presupuestos de 2023

Pero quizás el trance legislativo más importante por abordar es, ya en otoño, la confección y posterior convalidación de unas nuevas Cuentas autonómicas para 2023. Esta será una de las principales cuestiones que deberán abordar conjuntamente PP y Vox, porque los populares no tienen mayoría suficiente para sacar los presupuestos en solitario. La semana pasada, tras su reunión con Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea, ya adelantó que estaría dispuesta a aprobarle otras Cuentas a Díaz Ayuso si estas incluían una reducción de impuestos y de gasto político para poder "ayudar a las clases medias y bajas".

"Hemos quedado con Rocío Monasterio para seguir hablando con ella de la materia en los próximos días", aseguró por su parte Enrique Ossorio, vicepresidente y consejero de Educación. Vox y PP ya llegaron a un acuerdo presupuestario en 2021 que podría reeditarse si ambas fuerzas políticas llegan a un acuerdo en las próximas semanas. 

Curso más corto de lo normal

La cantidad de proyectos de ley por abordar en la recta final de la legislatura no es la única variable que anuncia un curso repleto de actividad política. La convocatoria electoral hará que el segundo periodo de sesiones, el que comenzará ya en 2023 tras la Navidad, sea más corto de lo que sería normal porque en las semanas previas a mayo la Asamblea ya tendrá que estar disuelta. 

El PP tendrá que pisar el acelerador legislativo si quiere ver aprobadas todas las leyes en trámite, pues las iniciativas que queden pendientes decaerían con los comicios y tendrían que volver a relanzarse. 

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