El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde este miércoles al proyecto de la ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración. Más conocida como ley Ómnibus, el Ejecutivo quiere modificar con el texto medio centenar de normas de áreas muy diferentes: desde la ley del Suelo a la del Juego pasando por las condiciones de acceso al cuerpo de bomberos de la región o cambios en la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

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"Hemos intentado ajustarnos a la buena regulación", ha afirmado el consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio. El texto se envía ahora a la Asamblea de Madrid, donde deberá ser debatido para su aprobación por los grupos. Los de izquierda, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, ya han mostrado su oposición a la regulación, algo que también han realizado decenas de asociaciones de la sociedad civil. De hecho, algunas sindicatos y algunas organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o Ecologistas en Acción, ya han convocado una manifestación contra esta regulación. Será el sábado 26 de febrero a partir de las 12.00 horas y recorrerá la distancia entre Atocha y Sol.

La oposición parlamentaria y las asociaciones ciudadanas ya han presentado alegaciones. En total, el Gobierno ha recibido unas 600 alegaciones que se han atendido, según ha señalado Ossorio, "en la medida de lo posible".

La ley Ómnibus es una suerte de cajón de sastre legislativo que cambia 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. Si sale adelante, algunas de ellas quedarán derogadas y otras modificadas parcialmente. 

Entre los puntos más destacables, y también más controvertidos del proyecto de ley, figura la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Este organismo estará adscrito al Sermas y gestionará la contratación de suministros, bienes y servicios para hospitales y otros centros del sistema público de salud. Los críticos de esta ley creen que servirá para privatizar parte de la gestión sanitaria. 

La iniciativa también prevé establecer la obligatoriedad del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a aquellos profesionales o voluntarios que trabajen con menores en el ámbito deportivo.

Se incluyen cambios en materia de publicidad, promoción y patrocinio en materia de juego, así como en la gestión de la Renta Mínima de Inversión (RMI) y en las condiciones de la carrera profesional del Cuerpo de Bomberos.

También figura una reforma de la ley del Suelo y del sector del urbanismo. El portavoz del Gobierno ha asegurado que se flexibilizan los trámites que no tienen una incidencia en el medio ambiente y se "refuerza" el control sobre los que sí la tienen. 

Para sacar adelante esta ley, el PP necesita el apoyo de Vox. El portavoz del Ejecutivo ha destacado que ya se les ha presentado el texto, al ser este grupo su socio prioritario en la Asamblea, y han confiado en que les apoyen en su tramitación ya que consideran que los cambios que incluyen ayudan a incentivar la economía tras la crisis derivada de la pandemia.