Luz verde a una nueva ley para la Infancia en la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno ha culminado este miércoles varios meses de trabajo al aprobar el proyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia. El texto se remite ahora a la Asamblea regional, donde será debatido por los grupos parlamentarios para que, previsiblemente, pueda entrar en vigor antes de 2023. 

La nueva redacción de la ley de Infancia modifica la normativa autonómica vigente, que data de 1995, para "actualizar e incorporar" nuevas realidades, así como derechos y deberes, que afectan a los más de 1,2 millones de niños y jóvenes que residen en la región.

Entre las principales novedades del texto validado por el Gobierno figura la promoción de "la escolarización universal y gratuita a niños de 0 a 3 años", la apuesta por el acogimiento de niños tutelados en familias en vez de en centros residenciales, sobre todo en menores de seis años, y un nuevo marco de protección para el hijo concebido no nacido a través de ayudas a las mujeres embarazadas.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha destacado que el proyecto de ley ha estado marcado por la participación social: el anteproyecto recibió en su fase de consulta pública un total de 570 aportaciones desde 43 entidades de protección a la infancia y la adolescencia. 

Universalizar la etapa educativa de 0-3 años

Una de las novedades del texto, según han destacado desde el Ejecutivo regional, es la "promoción" de la escolarización "universal y gratuita" a niños de 0 a 3 años. "En la Comunidad de Madrid el próximo curso 2022-2023 será el cuarto con la escolarización en las Escuelas Infantiles públicas, una iniciativa que beneficia a más de 40.000 familias", han afirmado desde la Puerta del Sol. 

El vicepresidente del Gobierno y responsable de Educación, Enrique Ossorio, ha detallado que este proceso de "universalización" se verá favorecido por la creación de nuevas plazas  públicas de guardería en colegios, una iniciativa que empezará a funcionar en septiembre, así como por la apertura de nuevas escuelas infantiles públicas. En los próximos años, ha aseverado Ossorio, se van a crear en la región 5.000 plazas más para estas edades. Para el curso 2022-2023, la Comunidad de Madrid ya ha decidido aumentar un 7,4% la financiación a escuelas infantiles públicas, hasta los 44,3 millones, para crear 1.148 nuevas plazas.

Esta política convive con los llamados 'cheques guardería' o becas de 0 a 3, años, que subvencionan la escolarización de alumnos en centros privados. El próximo curso, estas ayudas serán de 133 y de 213 euros mensuales en función de la renta familiar, frente a los 100 y 160 actuales, una revisión al alza que viene dada por el aumento del crédito para esta partida, que ha pasado de 37,1 millones de euros a 50,6 millones.

De acuerdo con los datos que facilitó el propio Gobierno autonómico el mes pasado, en la actualidad hay unos 76.500 niños de menos de tres años escolarizados en la región. De ellos, 41.000 acuden a centros públicos y el resto, unos 35.500, está matriculado en escuelas privadas, beneficiándose 3.647 de estos alumnos de algún convenio.

Impulso al acogimiento familiar

El texto redactado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también realiza "una apuesta decidida" por el acogimiento familiar frente al residencial, instituyendo el derecho del niño a crecer en una familia, especialmente en menores de 6 años. 

"Se incluyen pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción para garantizar situaciones estables para los niños unificando procedimientos y declaraciones de idoneidad", ha informado desde Ejecutivo. Además, la regulación prima el interés superior del menor frente a otros intereses legítimos y regula las entregas voluntarias de menores, algo que garantiza "canales seguros para la madre y el niño", según fuentes oficiales.

Protección del nasciturus

Desde el comienzo de la presente legislatura, Isabel Díaz Ayuso ha ido desplegando una estrategia de fomento de la natalidad con ayudas directas y bonificaciones de impuestos, entre otras medidas, un planteamiento que también tiene su eco en el proyecto de ley que se ha presentado este miércoles. Con el ánimo de "proteger el derecho a la vida, la supervivencia y la integridad física, psicológica y moral de los niños", la Comunidad ha informado que se establecerá un mecanismo de protección para los menores que se amplia, incluso, a etapas previas al nacimiento.

"Este deber de protección se extiende no solo desde su concepción, sino también a la mujer embarazada", ha precisado el Ejecutivo, para incidir en que esta política se hará articulando "mecanismos de ayuda desde la fase prenatal". "El objetivo es velar por la vida y la salud del nasciturus, al mismo tiempo que se ponen todos los medios y el apoyo necesario al alcance de madres jóvenes para que puedan continuar con su embarazo y criar a sus hijos dignamente, con salud y en libertad", ha precisado el área que dirige Dancausa en una nota. 

Catálogo de derechos

Además de las regulaciones mencionadas, con el proyecto de ley de Infancia la Comunidad también ha querido actualizar una normativa que tiene casi 23 años de antigüedad, lo que ha hecho que en algunos pasajes se haya quedado obsoleta y descabalgada de los marcos de referencia nacionales e internacionales.

En total se dedican 17 artículos a proteger los derechos de los menores. La futura ley apuesta por garantizar el acceso de todos los niños a las competencias digitales, con independencia del lugar en el que viva o la posición económica de su familia. Igualmente se recoge la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable. 

Se regula la obligación de proteger a la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia, dentro de la familia, de los ámbitos educativo y sanitario y también en el seno del sistema de protección de menores. Además, se establecen preceptos que salvaguardan su integridad frente a determinadas actividades, como los contenidos audiovisuales, los espectáculos públicos o las actividades recreativas.