La Comunidad de Madrid prepara desde hace meses su nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. La semana pasada, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso declaró urgente la tramitación de este proyecto legislativo y este martes publicó el anteproyecto y dio por iniciado el periodo de consulta pública, que estará abierto hasta el 17 de marzo para hacer alegaciones.

La ayuda a las familias que acogen a menores será un derecho en Madrid y ya no tendrá que pedirse cada año

La futura Ley de Infancia regional actualizará la regulación vigente, que tiene 27 años de antigüedad. Según reconoce el Ejecutivo, desde 1995 se han producido numerosos avances en materia de protección a los menores y la realidad ha cambiado considerablemente, por lo que la reforma es más que necesaria. 

Instituir el derecho de los niños a crecer y desarrollarse en el seno de una familia, el desarrollo de un capítulo sobre la protección integral frente a la violencia o impulsar escuelas de familia son algunas de las principales novedades del anteproyecto, que tiene 153 artículos, 46 más que la ley actual, y ocupa 123 folios. También se contemplan artículos para erradicar el castigo físico o un único registro de familias acogedoras y adoptantes para romper el "muro" entre ambas fórmulas de protección familiar. 

Estos son algunos de los puntos más destacados de la regulación sometida a información pública:

Amplio catálogo de derechos... y deberes

El primer bloque de artículos de la ley está dedicado a los derechos de los niños y de los adolescentes. En el catálogo se contemplan los derechos fundamentales clásicos, como el derecho a la vida, a la integridad física o la intimidad y la propia imagen, pero también otros más modernos, como el derecho a la cultura, al ocio o a un uso responsable y seguro de internet, así como a la salud mental, al tratamiento de adicciones y también de los trastornos de conducta. 

Pero no todo son derechos: una de las novedades de la ley es que se incluye un capítulo, el cuarto, dedicado a los deberes de los niños. Tiene un único artículo e incluye supuestos como mantener una actitud respetuosa de los niños hacia los miembros de su familia, su participación en las tareas domésticas o el respeto a las normas de convivencia de sus colegios e institutos.

Apuesta por el acogimiento familiar

El anteproyecto contempla la creación del derecho de los menores a crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Se trata de un precepto que toma como referencia a la ley de Infancia de Andalucía, que fue aprobada en 2021. Es una medida encaminada a promover el acogimiento familiar frente al residencial, en línea de lo que promulgan todas las regulaciones de protección a la infancia porque se considera más beneficioso para los menores.

"Actualmente el 60% de los menores con medidas de guarda o tutela adoptadas por la Comunidad de Madrid reside con una familia, un porcentaje que el Gobierno regional quiere seguir elevando como la mejor alternativa para el desarrollo personal y social del menor frente al acogimiento residencial", señaló Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social, a 20minutos.

Registro único de familias

La Comunidad señala que sus "aliados fundamentales" para conseguir este objetivo son las familias, tanto acogedoras como adoptantes. Para reconocerles su papel, la ley prevé "romper el muro" que existe entre ambas modalidades unificando el registro de familias y permitiendo expresamente la posibilidad de que una familia acogedora se convierta en adoptante del niño que ha tenido acogido para garantizar la continuidad de los cuidados y de las relaciones afectivas.

También se contempla una serie de apoyos a las familias acogedoras, como la promoción de programas de respiro, la asunción por parte de la Comunidad de Madrid de gastos extraordinarios de cuidado o el derecho a una compensación por acogimiento familiar.

Residencias supervisadas "permanentemente"

Aunque el anteproyecto señala que el acogimiento residencial tendrá "un uso residual y solamente podrá ser acordado para los caos en los que resulte imposible encontrar una alternativa de cuidado familiar", la Comunidad contempla que la futura ley establezca que los centros residenciales sean supervisados "permanentemente", tanto de forma interna como externa.

El anteproyecto incluye un extenso catálogo de derechos para los menores y también, por primera vez, uno de deberes

Protección frente a la violencia

La nueva norma también dedicará un capítulo específico a la protección integral frente a la violencia. Entre otros aspectos, se incluye la redacción de protocolos de prevención, detección precoz e intervención ante abusos y explotación sexual para los centros de protección, con el objetivo de incluir la regulación que se reflejó a nivel estatal en la llamada 'Ley Rhodes' y desterrar casos como el que destapó la 'Operación Sana', que desarticuló una red que prostituía a menores que estaban bajo tutela de la Comunidad.

Inspectores contra el acoso escolar

Entre las medidas específicas para proteger a los menores en el ámbito educativo figura que los inspectores de la Comunidad participen en áreas de mejora de la convivencia escolar, como puede ser la erradicación de cualquier tipo de violencia y, en particular, en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y violencia de género en colegios e institutos.

Erradicar el castigo físico

Dentro del capítulo del derecho a la educación, el anteproyecto recoge el impulso a escuelas de familia en el seno de los centros educativos para acompañar a los padres en la crianza de sus hijos. Entre otros aspectos, se quieren promover "formas positivas de educación", lo que supone erradicar el castigo con violencia física o psicológica del ámbito familiar.

Ayudas antes del nacimiento

La futura norma quiere que la protección a los menores se inicie, incluso, antes de su nacimiento, algo que denomina "riesgo prenatal". "La Comunidad de Madrid ofrecerá recursos económicos, residenciales y sociales a aquellas mujeres embarazadas que lo precisen para prevenir el riesgo, apoyando a la futura madre en el cuidado y buen trato prenatal", asegura la memoria que acompaña al anteproyecto.

"Este apoyo a las mujeres en dificultad se completa con una novedosa disposición que regula las entregas hospitalarias de aquellas que deciden renunciar a su hijo tras el parto", se afirma en la exposición de motivos.

Se regulará la labor de los inspectores educativos para luchar contra el acoso y ciberacoso y LGTBIfobia en los colegios

Nueva "arquitectura" de protección

El bloque más extenso del anteproyecto es el que se dedica al sistema de protección, en el que se opera "una profunda transformación", según el Ejecutivo. Entre las novedades figura la creación de varios organismos dentro de la Administración autonómica para salvaguardar los derechos de los niños. La nueva "arquitectura" institucional la forman el Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y la Adolescencia, un observatorio que analice la situación de este colectivo y un consejo regional de derechos. 

Plazos de tramitación

Cuando culmine el plazo de alegaciones, todas las presentadas serán analizadas por el Ejecutivo, que puede llegar a estimar las que considere oportunas y añadirlas al documento. El texto irá entonces como proyecto de ley al Consejo de Gobierno, que lo aprobará para remitirlo a la Asamblea. El objetivo, explican desde la consejería que dirige Dancausa, es que la iniciativa llegue a la Cámara en el primer semestre de este año para su discusión y aprobación por los grupos políticos.