Unidas Podemos pide que la futura ley de Infancia de Madrid refuerce la inspección de centros y tenga planes 'anticaptación'

Niños con mascarilla entrando en un colegio
Imagen de archivo de varios niños entrando entrando a su centro educativo.
Europa Press
Niños con mascarilla entrando en un colegio

El caso de las menores de edad utilizadas por una red criminal que las prostituía y las utilizaba para vender droga, que pudo desarticularse gracias a la Operación Sana', está en el centro del debate público en la Comunidad de Madrid desde hace semanas. Especialmente, porque varias adolescentes estaban tuteladas por la Administración regional, lo que no evitó su captación por los delincuentes. Este hecho ha añadido gravedad a una cuestión ya de por sí preocupante y, además, ha tenido ya algunas consecuencias políticas: Más Madrid ya ha registrado una iniciativa para reprobar a la consejera Concepción Dancausa, responsable del área de Política Social.

El asunto centró esta semana buena parte de las reuniones de Isabel Díaz Ayuso con los portavoces de la oposición, que pidieron explicaciones al Gobierno y también articularon algunas propuestas. Es el caso de Unidas Podemos, que durante su encuentro con la presidenta en la Real Casa de Correos solicitó al Gobierno que se pusiera a trabajar en una ley de Infancia autonómica.

Tal y como resaltaron la portavoz morada, Carolina Alonso, y su adjunta, Alejandra Jacinto, el caso que derivó en la 'Operación Sana' revela que es necesario un cambio en el modelo de gestión de los centros de menores de la comunidad y este puede articularse con esta regulación. El Ejecutivo recogió el guante. "El acuerdo alcanzado establece que en mayo la región tenga la primera ley de Infancia", destacó la formación tras la reunión. Y ya han empezado a diseñar cuáles tienen que ser, a su juicio, los aspectos que aparezcan en el texto, así como cuál debe ser su gestación. 

"Hay que poner en el centro las necesidades de la infancia y la adolescencia, sobre todo de las más vulnerables, que son las que se ven en la situación de tener que ir a un centro de menores", apunta Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos.  

La formación quiere que el texto sea "lo más consensuado posible", no solo entre los grupos parlamentarios, también con las organizaciones que trabajan por los derechos de los menores, como Save the Children, y también con los propios interesados: los niños y los adolescentes. "Creo que es muy importante tener en cuenta el enfoque de ellos en la propia ley porque son sujetos de derechos", subraya Jacinto. Establecer mecanismos de participación de la infancia en las políticas públicas que les afectan también es otro punto que quiere que se contemple. "Ellos son expertos en la materia", abunda.

Entre los aspectos que Unidas Podemos ve imperativo regular figuran el refuerzo de las inspecciones en los centros de la comunidad y también la puesta en marcha de mecanismos 'anticaptación' de menores para mantenerles a salvo de redes de trata y otras organizaciones criminales. "Desde luego ahora los recursos no son suficientes, porque si no estaría pasando lo que está pasando", insisten desde la formación morada.

La apuesta por el acogimiento familiar frente al residencial o institucional es otra de las vertientes que deben de quedar reflejadas en la futura ley, de acuerdo con Alejandra Jacinto. La Comunidad coincide en este aspecto, de hecho, trabaja en convertir en un derecho la percepción económica que reciben las familias madrileñas por acoger para incentivar esta modalidad frente al ingreso en centros de menores.

Como clave de bóveda de este sistema, querrían unos centros y una gestión 100% públicos. "Nuestra apuesta siempre es por lo público", afirma Jacinto. "Pensamos que si está suficientemente dotado de recursos, siempre funciona mejor", remarca. 

Un problema "estructural"

Unidas Podemos insiste en que no quiere que el tema de las menores tuteladas que han sido explotadas se utilice políticamente. De hecho, señalan que van a esperar a las explicaciones que dé sobre el asunto Dancausa en la Asamblea, el próximo jueves, para pensar en los siguientes pasos a dar en lo que a exigencia de responsabilidades se refiere. En cualquier caso, apuntan que la comparecencia llega "tarde" ante un caso "muy grave" y tras "mentiras" y "ocultación de información" por parte de la Comunidad. 

"Da un poco igual quien encabece una consejería, sea cual sea, si el modelo va a seguir fallando porque tiene fallas estructurales", opina Alejandra Jacinto al ser preguntada sobre la reprobación de Dancausa. "Ante un problema estructural lo que hay que buscar son soluciones estructurales, de ahí la propuesta de ley de Infancia", agrega.

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