Si el pasado septiembre la pandemia constituía el principal desafío a la hora de emprender el nuevo curso, en esta vuelta al cole ha pasado a un segundo plano, eclipsada por nuevos factores. A la subida galopante de los precios se une la implantación de la nueva ley educativa, el mayor reto al que tiene que hacer frente la comunidad educativa en el presente curso 2022-2023.
Los estudiantes españoles no universitarios inician de forma general sus clases esta semana (Asturias, Baleares o Extremadura lo hacen el día 12), pero los docentes han tenido que trabajar a contrarreloj desde el día 1 para ajustar los nuevos currículos, ya que algunos están todavía a la espera de que sus autonomías publiquen los decretos. Las autonomías tienen que regular el 40% de las enseñanzas mínimas de cada etapa según la nueva ley educativa, la Lomloe, que empieza a aplicarse este año en los cursos impares (1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato).
"Supone un cambio muy importante en la nueva estructura curricular: contenidos, áreas, materias, criterios de evaluación, etc. Introduce un cambio metodológico con un enfoque competencial. No solo los libros han de adaptarse, también las programaciones didácticas de los docentes y los contenidos que estos han de impartir", señalan a 20minutos desde la Asociación Nacional de Editores de Libros de Enseñanza (ANELE).
Pero, según explican, la principal dificultad a la que se han enfrentado es al "escaso tiempo" que consideran que han tenido desde la aprobación de los currículos del Gobierno y de los decretos autonómicos. "Hay siete comunidades autónomas que no han aprobado ninguno de sus decretos y otras dos a las que le falta aprobar los destinados a algún nivel educativo. Esto nos está llevando a trabajar con los borradores con el fin de que, a comienzo de curso, los alumnos y profesores puedan contar con los libros adaptados a la nueva ley", aseguran.
Los profesores piden aumentar la contratación
"Esa implantación con unos currículos por competencias y una educación más personalizada requieren de al menos dos cosas: reducción de ratios e incremento de plantillas", señala a 20minutos el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Paco García. Dos reivindicaciones que, por ahora, están en el aire y que no parece que vayan a ser incluidas en el decreto de requisitos mínimos del Ejecutivo, cuya aprobación se estancó en julio al no lograr cosechar el consenso necesario con las comunidades autónomas.
El Ministerio de Educación, asegura García, es más partidario de una reducción selectiva en entornos socioeconómicos más vulnerables. "Tienen otra aproximación al problema... habría que sentarse a discutirlo", afirma el representante del sindicato. En esa línea, otra de las novedades para este curso es la incorporación de una nueva figura: la del coordinador de bienestar, cuyas funciones irán destinadas a prevenir y proteger a los estudiantes frente a la violencia escolar.
Las administraciones de cada territorio son las encargadas de determinar la gestión de esta nueva figura. Es decir, si nombrarán coordinador o coordinadora a alguien de la plantilla ya existente o contratarán a un nuevo profesional para que ejerza esa función. Pero los profesores temen que la presión caiga sobre sus hombros. "Hay que hacer contrataciones específicas para este nuevo perfil profesional. No se debe sobrecargar al profesorado que está en las aulas, que ya viene de ver incrementada su carga lectiva por la ley anterior", exige Paco García.
Según el representante sindical, esto supondría un esfuerzo añadido al que ya tendrán que hacer por el mero hecho de adaptar la enseñanza a un nuevo modelo dictado por la Lomloe. "Además -añade García- todos los empleados públicos tenemos pendiente resarcir la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, que se suma a las que ya veníamos arrastrando y que habrá que poner medios para reducirla", concluye.
Para Pilar Gredilla, presidenta de ANPE Castilla y León, el año en sí es un reto. "Entendemos que no es un curso covid, pero para la aplicación de una normativa se tiene que dotar al profesorado de todos los recursos necesarios", asevera. ¿Hemos dejado entonces la pandemia atrás? Según el presidente de la Asociación de Directores de Instituto de la Comunidad de Madrid (ADIMAD), en algunos aspectos sí, pero en otros no. "El problema de la salud emocional de los alumnos sigue ahí, y el apoyo que necesitan con figuras como el coordinador de bienestar no está garantizado en comunidades como Madrid", lamenta Esteban Álvarez.
La factura del material escolar, disparada
Los retos que presenta el nuevo curso dentro de las aulas se unen a los que enfrentan las familias, centrados especialmente en la escalada de precios que está dificultando la vuelta a las aulas. "Si antes hablábamos solo de la cuesta de enero, ahora hablamos también de la de septiembre. Las familias están preocupadas por la inflación [al 10,8% en julio] porque dificulta aún más el inicio de curso", explica la presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, María del Carmen Morillas. Según un informe del comparador financiero iAhorro, el nuevo curso supone una media de 405,7 euros por estudiante, un 10% más que hace cinco años.
Por este motivo, desde la FAPA llaman a utilizar los sistemas de préstamos de libros de texto porque, según dice Morillas, "hay familias que están haciendo auténticas maratones para intentar ahorrar". Sin embargo, el presidente ADIMAD, Esteban Álvarez, cree que ni siquiera esta oferta será suficiente este año. "El presupuesto para renovar libros nace este curso insuficiente. Porque normalmente se renuevan los textos de un solo curso, pero este año hay que hacerlo de tres por los nuevos currículos... y hasta ahora nos han dado únicamente la misma cantidad que el año pasado", lamenta Álvarez.
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