Parecía que el idilio iba como la seda. Primero, Bruselas permitió la 'excepción ibérica' para que, de forma extraordinaria, España y Portugal limitaran el precio del gas y después volvió a alinearse con Madrid al anunciar la reforma del mercado de la electricidad. Sin embargo, el eventual corte del gas ruso ha tensado la alianza que habían exhibido hasta ahora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente español, Pedro Sánchez. 

Ante la posibilidad de que países como el suyo de origen, Alemania, no tengan suministro suficiente en invierno, Von der Leyen llegó a exigir que toda la UE recorte un 15% el consumo de gas, también el de su industria, y Madrid no se andó con medidas tintas al rechazar un plan que considera una "imposición" e injusto para países que, como España, sí "han hecho los deberes", reduciendo su dependencia del gas y buscando nuevos proveedores y fuentes de energía. Mientras, crecían desde Bruselas reproches más o menos velados sobre la insolidaridad que, una década después de que Alemania fuera el verdugo del sur de Europa, ahora capitanea España contra el centro y este del continente.

Las espadas están en alto entre España y la Comisión ante el decisivo Consejo de ministros europeos de Energía en el que los gobiernos de los Veintisiete analizarán este martes la propuesta de Bruselas para que los países recorten un 15% del consumo de gas. Portugal y Grecia también se opusieron en una discusión en la que se mezclaban distintos conceptos de qué es la "solidaridad" europea ante la amenaza que se cierne de no contar en invierno con el gas de Rusia. La posible solución ha llegado hace sólo unas horas y se parece a la que ha venido proponiendo España desde la semana pasada: que no sea necesario hacer recortes a cambio de que se aumente el reenvío al resto de Europa de gas proveniente de otros orígenes distintos al ruso. Como es el caso del gas con el que se abastece España.

Y es que la Comisión ha acabado introduciendo dos modificaciones en el borrador inicial y ahora plantea que los países puedan pedir derogaciones a la reducción del 15% del consumo por una serie de motivos, como la situación geográfica. El objetivo que se busca es "permitir moderar las reducciones" a cambio de compromisos de los países de aumentar en lo posible las transferencias de energía entre Estados miembros. Otro cambio introducido en la propuesta original es que sean cinco Estados -en lugar de únicamente la Comisión- los que puedan pedir la declaración del estado de alerta que pondría en marcha la obligación de recortar el consumo de gas.

Hasta llegar aquí, la tensión en Bruselas era manifiesta. El portavoz de Von der Leyen, Enric Mamer, no rechazó del todo la posibilidad de cambio el viernes pasado, pero sin mostrar la más mínima comprensión con la situación española, a diferencia de lo que se había convertido en norma en los últimos meses. "El documento que hay sobre la mesa no es un tómalo o déjalo", dijo, aunque también dejó claro que la Comisión no hará cambios a menos que lo pida el Consejo, donde España deberá recabar una mayoría entre los Veintisiete para que le permitan no cortar un consumo que otros sí deberán acometer. "El Consejo tiene un debate, la manera exacta en que el texto sea modificado es algo sobre lo que no estamos en disposición de responder", añadió, sin muestras de transigir.

España se opone

Hasta hace unos días, incluso el Gobierno español preveía que el debate que tendrá lugar este martes en el Consejo de Energía de la UE terminaría con un acuerdo de los Veintisiete en torno a la propuesta de la Comisión. Sin embargo, todo cambió el miércoles pasado, tras comprobar que Bruselas proponía resolver el problema de suministro que supondría un corte total del gas ruso en el centro y este de Europa exigiendo a toda la UE el mismo esfuerzo: un recorte del 15% de su consumo de gas que, si bien no llegará a los hogares, sí alcanzará a la industria.

"Lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta", afirmó horas después la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sin citar expresamente a Alemania, afirmó que "los españoles no hemos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético". Sus hogares y sus industrias, dijo, llevan años pagando el coste de diversificarse y el Gobierno no está dispuesto a que tengan que recortar un consumo que llevaría a España a un crecimiento "cero" de su economía, como el de otros países del sur de Europa.

Las explicaciones de Ribera fueron corroboradas después por Sánchez. Ante la plana mayor del PSOE, el presidente mostró el pasado sábado su claro rechazo al plan de Bruselas. Por el fondo, pero también por las formas, al haberse presentado sin acuerdo previo entre los Veintisiete. "No podemos aceptar imposiciones sin debate", dijo, para después lamentar que la propuesta "no tiene en cuenta la situación de partida" de cada país. Eso sí, añadió después que está convencido de que se llegará a un acuerdo en el seno de la UE.

Más metaneros para el resto de la UE

Frente a la propuesta de la Comisión, Ribera prevé presentar este martes a Bruselas una alternativa que hará valer el potencial español para importar gas natural licuado y su capacidad de aumentar las reexportaciones a otros países europeos, bien mediante conexiones que ya funcionan -por los Pirineos, fundamentalmente- o estudiando otras vías que supondrían reconducir los metaneros desde el puerto de El Musel a Francia por su fachada atlántica o desde Barcelona a Livorno, en Italia.

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España asegura que de esta forma puede surtir a la UE con 5.600 millones de metros cúbicos de gas de los 45.000 millones que Bruselas prevé ahorrar obligando a todos los países a recortar un 15% su consumo. Este ahorro total equivale a 450 buques metaneros, de los que España podría proporcionar 57, argumenta el Gobierno, que reprocha a Bruselas la poca ayuda que ha tenido para financiar sus interconexiones y rechaza de plano tener que obligar a familias o empresas a racionar su consumo. "No consideramos la hipótesis de introducir racionamientos ni restricciones a ningún tipo de consumidor", fue la primera reacción de Ribera al plan de la Comisión la semana pasada.

Lo que está preparando el Gobierno es su propio plan de contingencia, de "ahorro" y de "eficiencia" energética con recomendaciones de cumplimento "voluntario" para que hogares y empresas reduzcan su consumo de energía, en línea con el plan para los edificios públicos, ya aprobado pero todavía no puesto en práctica. Lo que no contempla en ningún escenario es que España vaya a sufrir cortes de suministro por culpa de un eventual corte del gas ruso, que no representa más del 10% de sus importaciones y que, llegado el caso, cree que podrís sustituir con otras vías. En caso de que no estuviera garantizado el 100% de la electricidad, Ribera se plantea mantener la producción con carbón en la central térmica de As Pontes.

La idea de la escasez duró apenas una semana en el argumentario de Pedro Sánchez y Ribera, que rápidamente abandonaron la posibilidad de tener que elegir entre familias y empresas para volver al mensaje imperante, que en España no habrá problemas de suministro, sino de precios. No en vano, Ribera apuntó la semana pasada que en el último mes España ha reconducido a otros países europeos un 20% del gas que llegó a sus puertos en estado licuado, de modo que un recorte obligado del 15% todavía arrojaría un superávit del 5% y perjudicaría a otros.

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Antes de que Bruselas confirmara el recorte lineal del 15% del consumo de gas, los planes del Gobierno pasaban por esperar a un acuerdo este martes en el Consejo de Energía para que después el Consejo de Ministros aprobara el plan nacional de contingencia. En principio, podría ser en la última reunión del Gobierno, el 2 de agosto, antes de varias semanas de descanso, aunque abrían la posibilidad de que fuera más tarde al apuntar que no todos los países europeos tienen la misma urgencia. Lo que sí está claro es lo que no se piensa hacer. "No vamos a enviar a ningún inspector a las casas a ver cuál es la temperatura de la ducha”, dijo Ribera hace unos días.

Bruselas responde

Toda la contundencia que mostró el Gobierno español desde que conoció la propuesta inicial de la Comisión tuvo su réplica con la misma firmeza desde Bruselas, que también dejó las medias tintas para advertir de que el posible desabastecimiento en un país, especialmente en la primera economía, Alemania, será un problema de toda la UE que, además, excederá el ámbito energético para extenderse al de la economía.

"Las consecuencias para la UE de la crisis energética superarán ampliamente el ámbito de la energía y afectarán a la economía y al mercado único", advertía hace unos días el portavoz de la Comisión. "Las economías de la UE están muy interconectadas unas con otras y si hay una crisis económica en un país habrá consecuencias inmediatas y fuertes en otros países", añadió.

Bruselas hizo oídos sordos en un principio al argumento español de que la solidaridad debe entenderse como su capacidad para mandar más gas natural del que recibe licuado en sus puertos a otros Estados miembros. Y se mantenía en el desafío que supone para toda la UE, "independientemente de su dependencia", el eventual corte del gas ruso y sus posibles consecuencias. El nuevo borrador conocido el lunes tras días de tensiones y de cruce de declaraciones podría encauzar de nuevo las negociaciones.