La Comunidad de Madrid ha activado este martes una línea de teléfono que gestionará avisos de ocupación ilegal de viviendas en la región con el objetivo de resolverlas en las primeras horas tras su notificación. Al número 900 205 112, al que se ha denominado '112 Ocupación', puede llamar cualquier persona que tenga noticia de una entrada ilegal en un inmueble, ya sea su dueño o un testigo de los hechos. 

Según ha precisado el Gobierno autonómico, estos avisos generarán un dispositivo de atención con dos vertientes: policial, para comprobar los hechos e iniciar un procedimiento de resolución si son verídicos; y social, con el objetivo de ofrecer una alternativa habitacional a las personas que han cometido los hechos y evitar situaciones de desamparo.

"Damos un paso al frente diciendo no, alto y claro, a los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas", ha señalado Enrique López, responsable de Presidencia, Justicia e Interior, "lo hacemos acorde a nuestras competencias y con pleno respeto a la legalidad vigente". El consejero ha acudido a las instalaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 para presentar el nuevo servicio. En este edificio de Pozuelo trabaja desde hace un mes el Centro de Coordinación Municipal (Cecom), en cuyo marco operará la línea telefónica.

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El servicio '112 Ocupación' está formado por policías locales de distintos municipios de la región y técnicos del 112 que han recibido formación específica para atender las llamadas. De momento funciona en horario de 7.30 a 23.30 horas, pero según el Gobierno "en breve" se añadirá un turno de noche. En cualquier caso, fuera del horario establecido también se puede comunicar la sospecha de un hecho delictivo a través del 112.

El cauce que se abre cuando se recibe un aviso de una presunta ocupación ilegal consta de una serie de pasos. El agente que atiende la llamada identifica al denunciante, recaba la ubicación del inmueble y manda una patrulla para comprobar la veracidad de los hechos comunicados. Si se constata que ha habido una entrada ilegal, porque los usurpadores no tienen un título legal que les habilite para estar en el inmueble, los agentes del '112 Ocupación' contactan con el Registro de la Propiedad directamente y, de forma inmediata, obtienen los datos del dueño y los documentos que lo acreditan como tal.

Esta información será la que se hará valer para deshacer la entrada ilegal, siempre que se haga en las primeras horas tras la misma. No existe un precepto legal que precise cuál es el marco temporal con el que cuentan las autoridades, pero la jurisprudencia viene validando el plazo de dos días (48 horas) para responder a estos casos.

En cuanto a la atención social, se abrirá un expediente en los servicios correspondientes con la movilización en el lugar de los hechos de personal de inspección y atención. Las conclusiones se notificarán a los juzgados para que adopten medidas encaminadas a prevenir situaciones de exclusión residencial. "Esta es una medida muy importante", ha destacado López, porque se "garantiza" la atención a personas vulnerables, en los casos en los que sus circunstancias les haya llevado a ocupar por no tener otra alternativa.

'Inquiocupación' y otros casos

Para los casos de ocupación que ya superen ese plazo de dos días y para la llamada 'inquiocupación', los casos en los que existe un contrato de alquiler pero los inquilinos han dejado de pagar las cuotas y no han abandonado el inmueble, el nuevo teléfono no podrá gestionar una solución. No son casos equiparables a los que no se ha llegado a constituir morada, es decir, que no se han superado las 48 horas desde la entrada. 

Sí que ofrecerá, en cambio, asesoría jurídica sobre la usurpación de una vivienda y las posibilidades con las que cuentan los propietarios para defender su título legítimo en los tribunales. Igualmente, si se considera necesario se producirán derivaciones a las oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, organismos de la Comunidad. 

Reforma del Código Penal

En la ausencia de regulación sobre esta materia se ha detenido Enrique López para exigir al Gobierno de la Nación que haga "política de Estado" para impedir los casos de ocupaciones ilegales. El responsable madrileño ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez una ley orgánica que garantice que en un periodo de 48 o 72 horas una usurpación de vivienda pueda frenarse si no hay un título legal de ocupación. 

A la par, López ha apostado por una reforma del Código Penal que castigue con mayor dureza estos delitos, que en algún caso solo conllevan una pena de multa, según ha destacado. "Se está permitiendo, gracias a una serie de lagunas, que quienes cometen este tipo de delitos se beneficien injustamente de la situación de indefensión en la que muchas veces quedan sus víctimas", ha opinado.

En cualquier caso, López ha hecho esta petición de "reforma urgente" sin mucha esperanza de que sea escuchada, según ha expuesto él mismo. "Hay una mayoría parlamentaria reacia", ha opinado.

Con la activación de este teléfono contra la ocupación se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno madrileño. En 2019, en los primero compases de la primera legislatura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta, se formó una mesa junto con el Ayuntamiento de la capital para abordar las usurpaciones de viviendas y en 2020, durante el Debate del estado de la Región, se anunció la línea 900 recién activada como un paso más del Ejecutivo autonómico en su estrategia contra este fenómeno.

La puesta en marcha del '112 Ocupación' no ha sido casualidad. La Administración regional ha decidido darlo a conocer coincidiendo con las vacaciones de verano, porque en esta época muchas viviendas de la región quedarán vacías y hay un riesgo potencial de que aumenten este tipo de casos. El Ejecutivo no tiene una estimación de cuántos avisos de este tipo recibirá el 900 205 112, pero asegura que desde el viernes pasado, 8 de julio, se han recibido en la centralita de emergencias madrileña una veintena de llamadas alertando de posibles ocupaciones de inmuebles.

Las cifras sobre ocupación en la región no suelen ser pacíficas y se basan en estimaciones. En este caso, el Gobierno regional calcula que en la actualidad hay unas 4.300 viviendas ocupadas ilegalmente en la región. De ellas, aproximadamente la mitad son de titularidad privada, aunque no tiene por qué tratarse de propietarios particulares: en esta clasificación se encuadran bancos, promotoras, constructoras, etc.

El resto, son públicas, muchas de ellas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS), el antiguo Ivima, que habría recuperado en los últimos tres años unos 400 pisos usurpados, según fuentes gubernamentales.