La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital van a unir sus fuerzas para luchar contra la okupación ilegal de viviendas en la región, un problema que se ha recrudecido en los últimos años y que ya alcanza a 5.000 inmuebles, según los datos que manejan en ambas administraciones.

Tres consejeros autonómicos y otros tantos responsables municipales se sentaron este lunes alrededor de la Mesa de Vivienda y Okupación, que se reunió por primera vez en la Puerta del Sol. La principal conclusión fue que el Gobierno regional y el municipal deben colaborar para abordar durante esta legislatura una cuestión que preocupa "especialmente" a los madrileños.

De acuerdo con los datos que facilitaron el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad, David Pérez, y la responsable de Seguridad y Emergencias del Consistorio madrileño, Inmaculada Sanz, la mitad de las viviendas okupadas son de protección oficial o de algún tipo de organismo público o semipúblico (como la Sareb, también conocido como banco malo).

La Comunidad destina alrededor de cuatro millones de euros al año a mantenimiento y seguridad en su parque de viviendas, según fuentes oficiales. La instalación de puertas de seguridad antivándalos y el tabicaje de puertas y ventanas son las principales intervenciones que se llevan a cabo. Tanto Pérez como Sanz incidieron en que el problema de la okupación adquiere una dimensión considerable en la capital, donde se localizan 3.000 de las 5.000 okupadas en toda la región.

Según dijo la concejal de Seguridad, son los distritos de Carabanchel, Usera, Bellas Vistas y Puente de Vallecas los que mayores índices de okupación presentan. Para hacer frente a esta realidad, Sanz anunció la creación de un grupo especializado dentro de la Policía Municipal.

Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento ocultaron que entre los casos identificados de okupación existen familias o personas en situación de vulnerabilidad, pero los portavoces de ambas instituciones coincidieron en señalar que son una minoría y el volumen más importante de okupaciones obedece a motivos "violentos".

Mafias que okupan y luego comercializan los pisos, inmuebles que se utilizan para vender drogas u okupaciones por motivos ideológicos, figuran entre los casos más problemáticos, según detalló el consejero David Pérez.

"Se abordarán de manera urgente las más problemáticas", insistió Inmaculada Sanz, mientras que los servicios sociales tratarán "todas las vulnerabilidades" que conozcan. "Lo primero es recuperar la legalidad y luego viene la respuesta social", señaló Pérez.

Además de la unidad especializada de la Policía Municipal, que colaborará con la Nacional, la mesa decidió enviar una carta a la delegación del Gobierno en Madrid para que colabore en un cambio de legislación que agilice los desalojos en caso de okupaciones. "Necesitamos la colaboración del Gobierno de España porque es el principal competente en la materia", incidió Inmaculada Sanz.

La mesa también hará lo posible para reunirse con representantes de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial para actualizar y potenciar los protocolos de actuación existentes en la materia.

Aunque el asunto principal que se trató durante la mesa de trabajo fue la okupación, no fue el único. En la reunión se abordaron otras cuestiones relativas a la vivienda, como los nuevos desarrollos de Madrid Nuevo Norte y el sureste de la capital, que permitirán la construcción de miles de viviendas, la mayoría de ellas con algún tipo de protección.

Además, también se ha hablado del Plan Vive Madrid, que tiene como objetivo poner en el mercado 25.000 nuevas viviendas en los próximos ocho años mediante la localización de suelos propiedad de la Comunidad de Madrid en 40 municipios de la región, aunque se prevé que se incorporen más a lo largo de los próximos meses.

Tanto la Comunidad como el Consistorio, han afirmado, quieren contribuir a solucionar el problema de oferta de vivienda que a su juicio existe en la Comunidad, e igualmente se han fijado como objetivo que baje el precio, tanto para acceder al mercado de compraventa como al de alquiler.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital van a unir sus fuerzas para luchar contra la okupación ilegal de viviendas en la región, un problema que se ha recrudecido en los últimos años y que ya alcanza a 5.000 inmuebles, según los datos que manejan en ambas administraciones.

Tres consejeros autonómicos y otros tantos responsables municipales se sentaron este lunes alrededor de la Mesa de Vivienda y Okupación, que se reunió por primera vez en la Puerta del Sol. La principal conclusión fue que el Gobierno regional y el municipal deben colaborar para abordar durante esta legislatura una cuestión que preocupa "especialmente" a los madrileños.

De acuerdo con los datos que facilitaron el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad, David Pérez, y la responsable de Seguridad y Emergencias del Consistorio madrileño, Inmaculada Sanz, la mitad de las viviendas okupadas son de protección oficial o de algún tipo de organismo público o semipúblico (como la Sareb, también conocido como banco malo).

De acuerdo con fuentes oficiales, la Comunidad destina alrededor de cuatro millones de euros al año a mantenimiento y seguridad en su parque de viviendas. La instalación de puertas de seguridad antivándalos y el tabicaje de puertas y ventanas son las principales intervenciones que se llevan a cabo. Tanto Pérez como Sanz incidieron en que el problema de la okupación adquiere una dimensión considerable en la capital, donde se localizan 3.000 de las 5.000 okupadas en toda la región.

De acuerdo con la concejal de Seguridad, son los distritos de Carabanchel, Usera, Bellas Vistas y Puente de Vallecas los que mayores índices de okupación presentan. Para hacer frente a esta realidad, Sanz anunció la creación de un grupo especializado dentro de la Policía Municipal.

Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento ocultaron que entre los casos identificados de okupación existen familias o personas en situación de vulnerabilidad, pero los portavoces de ambas instituciones coincidieron en señalar que son una minoría y el volumen más importante de okupaciones obedece a motivos "violentos".

Mafias que okupan y luego comercializan los pisos, inmuebles que se utilizan para vender drogas u okupaciones por motivos ideológicos, figuran entre los casos más problemáticos, según detalló el consejero David Pérez.

"Se abordarán de manera urgente las más problemáticas", insistió Inmaculada Sanz, mientras que los servicios sociales tratarán "todas las vulnerabilidades" que conozcan. "Lo primero es recuperar la legalidad y luego viene la respuesta social", señaló Pérez.

Además de la unidad especializada de la Policía Municipal, que colaborará con la Nacional, la mesa decidió enviar una carta a la delegación del Gobierno en Madrid para que colabore en un cambio de legislación que agilice los desalojos en caso de okupaciones. "Necesitamos la colaboración del Gobierno de España porque es el principal competente en la materia", incidió Inmaculada Sanz.

La mesa también hará lo posible para reunirse con representantes de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial para actualizar y potenciar los protocolos de actuación existentes en la materia.

Aunque el asunto principal que se trató durante la mesa de trabajo fue la okupación, no fue el único. En la reunión se abordaron otras cuestiones relativas a la vivienda, como los nuevos desarrollos de Madrid Nuevo Norte y el sureste de la capital.

"Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento se han desbloqueado estos proyectos que permitirán que un paquete muy importante de viviendas tenga salida cuantos antes", dijo David Pérez. "Estamos receptivos a todas las nuevas operaciones de construcción de viviendas", añadió el responsable autonómico, que afirmó que Madrid tiene un problema de oferta de vivienda.

Las principales administraciones de la Comunidad señalaron que pretenden contribuir a que aumente la oferta inmobiliaria, tanto en compraventa como en alquiler, para que bajen los precios actuales, que impiden acceder al mercado a muchos madrileños.