Unas 2.000 viviendas sociales propiedad de la Comunidad de Madrid están ocupadas ilegalmente al mismo que tiempo que 5.000 madrileños están apuntados en la lista de espera para acceder a un inmueble de protección oficial.

Estas dos cifras de una misma realidad fueron facilitadas este lunes por el consejero David Pérez, responsable del área de Vivienda y Administración Local del Gobierno regional, durante una entrevista en el programa Buenos días Madrid de Onda Madrid.

Almeida: "Sabemos ir de las palabras a los hechos contra la okupación"

Pérez explicó que en octubre se constituyó la Mesa de Vivienda y Okupación, en la que también está sentado el Ayuntamiento de la capital, y en este tiempo ya se han tomado algunas medidas.

Por ejemplo, se ha redactado un protocolo con unas pautas de actuación ante ocupaciones y lo han dirigido a todos los ayuntamientos de la región, a los que han instado a formar grupos en el seno de los cuerpos de las policías locales, en el caso que los tuviesen, para devolver las viviendas a sus legítimos propietarios en el menor tiempo posible. Este sistema ya lo adoptó la Policía Municipal de Madrid.

"Nuestra filosofía es que cada ocupación ilegal usurpa el derecho de alguien, ya sea de la propia Administración o de un propietario privado", señaló David Pérez, que también abogó por el desarrollo de una legislación nacional para poder atajar la ocupación "de forma más eficiente".

Según la consejería de Vivienda, las usurpaciones de inmuebles sociales cuestan a las arcas públicas entre tres y cuatro millones de euros al año. Este dinero se destina, entre otras cosas, al chapado de puertas y ventanas e instalaciones de puertas antivandálicas, pero en ocasiones ni siquiera estos elementos son suficientes. "A veces entran con radiales, existe una ocupación muy agresiva, con mafias", señaló Pérez.

El alegato de Ana Rosa Quintana contra la okupación: "Cualquier delincuente da una patada y no hay quien lo eche"

La tasa de ocupación en la Comunidad se sitúa en torno al 8,6%, dado que el parque de viviendas protegidas está formado en la actualidad por unas 23.000 propiedades, de acuerdo con los datos proporcionados por el consejero.

Durante la entrevista, Pérez también se refirió al preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno y a las políticas de vivienda que pueden desarrollar. El responsable madrileño tildó de "contraproducentes" algunas de las propuestas de Podemos, como establecer precios máximos en el alquiler, valorando que en París y Berlín se pusieron en marcha y "no arrojaron resultados positivos".

Sobre las dificultades de acceso al mercado para muchos madrileños, Pérez dijo que durante el mandato de Manuela Carmena se paralizaron los desarrollos urbanísticos en la capital y eso subió los precios.

"Aumenta el alquiler siempre que se reduce la oferta. Hay que dar más seguridad al arrendatario, porque a más viviendas en alquiler, menor precio", valoró el consejero que insistió en que el Plan Vive puesto en marcha por el Gobierno regional (que prevé construir 15.000 inmuebles protegidos en la Comunidad durante los próximos ocho años) mejorará la situación del mercado en Madrid.