Mientras los precios del alquiler siguen sin encontrar techo en la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, David Pérez, desgranó esta semana sus planes para tratar de contrarrestar las alzas durante los próximos cuatro años.

El bautizado como Plan Vive prevé la construcción de 25.000 viviendas a lo largo y ancho de la Comunidad en los próximos ocho años –15.000 de las cuales estarían listas en esta legislatura– con rentas limitadas en torno al 50% del precio de mercado y orientadas para jóvenes y otros grupos con dificultades de acceso a la vivienda. Se trata del buque insignia de una política de vivienda que busca ampliar la oferta mediante la construcción para tratar de enfriar los precios.

"Esperamos que, en esta legislatura, se hayan podido entregar esas viviendas en su mayor parte, vamos a trabajar con ese plazo, pero vamos a admitir que no son para mañana, es un procedimiento complejo", explicó Pérez en la primera sesión de la comisión de Vivienda de la legislatura en la Asamblea.

El propio Pérez desveló a finales de septiembre que las primeras obras no comenzarían hasta el tercer año de la legislatura, lo que haría imposible su entrega antes de las próximas elecciones autonómicas, aunque fuentes de la Consejería matizan estos plazos.

Los suelos, propiedad de la Comunidad, ya estarían captados en 43 municipios, según la Consejería y, a partir de ahora, comienzan los trámites administrativos, pliegos, concursos y licitaciones y, finalmente, la construcción y entrega de las viviendas.

Desde grupos de la oposición como Vox y Más Madrid se ponen en duda los plazos que maneja el Gobierno, aunque desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIM) se consideran viables.

Para su gerente adjunto, Jaime Fernández Gallego, "depende de tener identificados los suelos y de que sean ágiles en la fórmula a emplear y, por tanto, en los pliegos de condiciones para que los promotores de viviendas puedan a empezar a edificar". Según sus cálculos, si los pliegos están listos a comienzos del año que viene, los primeros pisos podrían empezar a ser entregados en la primavera de 2023.

En cualquier caso, el que se ha presentado como el gran proyecto del Gobierno autonómico para frenar la escalada de precios de Madrid –la comunidad con los alquileres más caros tras subir un nuevo 2% durante el verano– no tendrá efectos en el mercado durante esta legislatura.

"Afectará a los precios de los alquileres, pero será paulatino", explica Fernández Gallego. "Estamos intentando llegar a un volumen de vivienda que dé acceso a tanta demanda, pero todavía nos queda mucho".

Para la portavoz socialista en la comisión de Vivienda de la Asamblea, Cristina González, lo más relevante de cara a la influencia del Plan Vive en los precios del alquiler no serán tanto los plazos como los detalles de los contratos con la operadoras privadas.

"Se habla de concesiones a 30 años a las operadoras, pero no de en quién recaerá la propiedad tras ese plazo", explica González. "Lo que no queremos es encontrarnos con la situación de que se vuelva a vender vivienda pública a fondos de inversión y que, en este caso, lo que se esté haciendo sea traspasar suelos públicos de 43 municipios a manos privadas".

El consejero Pérez se limitó a decir en su intervención del lunes que "los plazos de los que se ha hablado se están definiendo, como el canon y el sistema que, con toda seguridad será un sistema de concesión".

Para Álvaro Ardura, arquitecto urbanista de la Universidad Politécnica, el problema radica en qué precios se establecerán como referencia para establecer el anunciado límite de los alquileres, al no existir un observatorio autonómico que pueda determinarlo desde la administración.

"Habría que ver qué se entiende por alquiler asequible, suponiendo que fuera el 50%, es cierto que sería un avance", admite Ardura. Sin embargo, el profesor señala que "en Reino Unido se han dado procesos de sustitución de alquiler social por alquiler asequible que, en un contexto de mercados recalentados, acaba siendo inaccesible para las clases bajas".