La Unión Europea confirmará el lunes que viene que las inversiones en gas natural y en energía nuclear podrán etiquetarse como energías verdes, igual que renovables como la solar o la eólica. Sin embargo, España no piensa seguir esta línea y mantendrá estas dos tecnologías de energía fuera de los bonos verdes de deuda pública que subastó el Tesoro Público por primera vez el año pasado. El no aceptar proyectos en estos ámbitos podría hacer que los inversores pongan su dinero en otros países que sí lo hagan.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado este viernes que su "intención" es seguir dejando fuera de los bonos verdes este tipo de inversiones. Ha recordado que la visión de la Comisión que finalmente se ha impuesto no era la que figuraba en los documentos de trabajo con los que durante años "expertos muy cualificados", entre los que apenas había "activistas militantes por el Clima", trabajaron para incentivar las inversiones en energías verdes, antes de que la Comisión presentara, el 1 de enero de 2022, un documento que incluía el gas y la energía nuclear, que es el que también aprobó el Parlamento Europeo el miércoles pasado.

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 "Nosotros empezamos a trabajar con la primera emisión de bonos de deuda verde con las recomendaciones de la taxonomía original y nuestra intención es mantenernos", ha afirmado Ribera en un coloquio organizado por eldiario.es, donde ha vuelto a mostrar su oposición a etiquetar el gas y la nuclear como energías equiparables a las renovables. "Creo que es un error. Si cualquier cosa puede serlo [verde], no tiene sentido la  diferenciación".

Lo que el Gobierno piensa mantener sin variaciones son los denominados 'bonos verdes', una emisión de deuda pública -también hay privada- para financiar proyectos verdes y sostenibles. En España, la primera emisión fue en septiembre del año pasado. El Gobierno la calificó de "éxito" porque colocó deuda por 5.000 millones de euros a un plazo de 20 años. Según explicó entonces, los fondos se destinarían a financiar "proyectos que impulsen la transición ecológica y dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático".

En aquella primera ocasión el gas y la nuclear no tuvieron esa consideración y las inversiones en estas materias no se incluyeron en los bonos. De acuerdo a las palabras de Ribera este viernes, la próxima emisión tampoco tendrá en cuenta estas dos energías.

Desmarque de la UE

De esta forma, España se desmarca de la que será norma general en la UE, que a partir de ahora concederá temporalmente una etiqueta de transición hacia energía verde a los proyectos de gas que sustituyan al carbón y no emitan más de 270 gramos de dióxido de carbono y de centrales nucleares que recibieran su permiso de construcción antes de 2045 y tengan un plan claro para eliminar sus desechos. 

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Fuentes del Gobierno apuntan que "no hay obligación legal de seguir la taxonomía" europea, que es solo "voluntaria", aunque durante la negociación del nuevo modelo y en vista de que el gas y la nuclear terminaría incluyéndose, los Estados miembros han recibido mensajes a favor de que las consideren en las inversiones verdes.

Nacionalizar energéticas

Por otra parte, Ribera se han manifestado sobre la decisión del gobierno de Francia de comprar el 16% restante de la principal eléctrica del país, EDF, en la que invertirá 50.000 millones de euros para sanear su situación económica y promover la construcción de nuevas centrales nucleares.

La vicepresidenta se ha detenido en dejar constancia de que este proyecto no es un proceso de nacionalización o renacionalización sin más. Lo ha considerado más bien "un rescate" de una empresa estratégica altamente deficitaria. En el fondo de la cuestión, ha descartado que España vaya a hacer algo parecido.

"No veo que sea una operación en este momento que tenga sentido, que el Estado salga a comprar con una cuota de accionariado significativo como para poder decidir en una gran empresa eléctrica". "Honestamente, creo que no tiene sentido", ha reiterado Ribera, que ha apostado por la competencia y por la reducción de los beneficios extraordinarios que están obteniendo estas compañías desde que empezaron a dispararse los precios.

El Gobierno ultima el diseño de un impuesto para las empresas energéticas, que Ribera considera que deberían actuar por motu proprio, incluso por su bien. "La situación que viven los europeos es de tal magnitud que reducir a nivel muy bajo los beneficios de empresas que tienen márgenes para seguir incrementando beneficios después sería la mejor operación de marketing que podrían llevar a la práctica".