Reprimenda del Gobierno a la Comunidad de Madrid. Los Ministerios de Igualdad y Derechos Sociales han remitido este miércoles una carta dirigida a la Consejería de Familia para transmitirle su "enorme preocupación" ante el "eventual cierre" del primer centro de recuperación de víctimas de violencia de género creado en España, y le urgen a utilizar los fondos que se le remiten desde el Ejecutivo central para financiarlo y mantenerlo abierto.

El Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas, ubicado en la madrileña ciudad de Coslada, abrió sus puertas en 1990 y, desde entonces, ha atendido a casi 1.500 personas: 693 mujeres y 803 menores hijos de víctimas de violencia de género. Pero su existencia peligra tras haberse reducido su financiación un 75% en tan solo un año. "El centro está en las últimas", alertó recientemente la Federación de Asociaciones de Mujeres y Separadas y Divorciadas, cuya fundadora, la histórica activista feminista Ana María Pérez, es también la que abrió las puertas de la casa en 1974.

En la misiva del Ejecutivo, los ministerios de Irene Montero e Ione Belarra lamentan el "eventual cierre" de un recurso que consideran "una referencia para las víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid, así como un modelo de intervención" por sus más de 30 años de experiencia. Recuerdan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que la asistencia integral es un mandato reconocido en la ley contra la violencia de género de 2004 y en los compromisos renovados recientemente en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

"Nuestro deber, como administraciones públicas, es garantizar el acceso y el ejercicio de este derecho", subrayan en el documento, que va firmado por los secretarios de Estado de Igualdad y de Derechos Sociales -Ángela Rodríguez e Ignacio Álvarez, respectivamente-, al que ha tenido acceso 20minutos. 

"En este centro las mujeres maltratadas tienen un equipo detrás, pero el trabajo de recuperación es de ellas"

Lo que sucede es que, según estableció una sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, el reparto de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF para programas de interés social recae en las comunidades y no en el Gobierno. Es, por tanto, según recuerda la carta enviada este miércoles, "inviable" para el Ejecutivo central "la financiación directa de recursos y proyectos que presten asistencia social a las mujeres víctimas", pues recae en las autonomías el criterio de financiación.

Aun así, ambos ministerios recuerdan: Igualdad transfirió casi 17 millones de euros a la Comunidad de Madrid para que desarrollase planes y programas de asistencia social, como es el mantenimiento de este centro. En concreto, detallan, se han aprobado casi 980.000 euros para la asistencia integral a víctimas de violencia machista; 60.000 para la implementación de planes personalizados; 761.000 para programas de apoyo a las víctimas; más de 10 millones para ampliar las competencias del Pacto de Estado; casi 83.000 euros para formar centros de menores tuteladas; 2,6 millones del Pacto de Estado para Ayuntamientos; y otros 1,7 millones destinados al Plan España te protege contra la violencia machista. 

Además, afean, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas específicas por valor de 6,5 millones de euros para la formación, investigación y sensibilización contra las violencias machistas, "a la cual podrán concurrir entidades como la que gestiona el citado centro". 

"Por todo ello, y teniendo en cuenta que, según el marco legislativo, gubernativo y jurisprudencial, nuestros ministerios carecen de habilitación legal y de competencias para configurar otro sistema de reparto, nos dirigimos a usted para solicitarle su atención urgente con el objetivo de proteger la red de servicios de atención directa creada en la Comunidad de Madrid frente a la violencia de género y el trabajo que las entidades sociales realizan en este sentido", urgen en la carta enviada a la consejería madrileña.