Una "fiscalidad verde" y que ninguna partida de los presupuestos pública pueda dañar al medio ambiente, fomentar el trabajo y comercio de cercanía para evitar coger el coche, que debería sustituirse por el transporte público, por los de tipo colectivo para ir a trabajar, o por el trenes de cercanías entre ciudades próximas. Cuando se trate de cubrir distancias cortas, de menos de 350 kilómetros, se debería ir en tren en lugar de avión y peatonalizar el centro de las ciudades, donde hay que animar a dejar el coche el casa abaratando o haciendo gratuito el transporte público. Estas son algunas de las 176 propuestas que ha hecho públicas este lunes un grupo de 100 ciudadanos que durante meses han integrado la Asamblea Ciudadana para el Clima y han trabajado, guiados por expertos, para elaborar un documento que cuanto menos ratifica buena parte de las propuestas que el Gobierno sobre medio ambiente y cambio climático. 

Algunas de las ideas anticipan intenciones ya declaradas por el Gobierno, como la fiscalidad verde y otras perfilan medidas que ya van camino de convertirse en ley, como la de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, ya en fase de anteproyecto y que la Asamblea pide acelerar. Este lunes, este colectivo ha recibido el Premio Extraordinario de Medio Ambiente que se entrega por decisión directa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y después sus portavoces han sido recibidos en los jardines de Moncloa por el presidente, Pedro Sánchez. "Ha estado muy receptivo", afirma uno de los presentes.

La creación de la Asamblea Ciudadana para el Clima parte de la Declaración ante la emergencia Climática y Ambiental en España que, como el Parlamento Europeo y otros países y comunidades autónomas, aprobó el Gobierno en enero de 2020, con la pandemia por Covid estaba a las puertas. También de la Ley de Cambio Climático de mayo de 2021 que establecía que se fomentaría la participación pública mediante la creación de un Asamblea Ciudadana de Cambio Climático, que es la que han integrado 100 personas de toda condición social, ideológica y procedencia territorial que durante siete meses han trabajado en sesiones telemáticas semanales. Terminaron allí después de mostrar su interés por participar y pasar una criba posterior por parte de una consultora y aseguran que han trabajado con total independencia del Gobierno.

En este tiempo, no han estado solos. Sus trabajos han contado con la guía de expertos y "facilitadores", como la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, el Centro Vasco para el Cambio Climático y profesores, investigadores o representantes de CEOE, Greenpeace, el Instituto de Salud Carlos III o el CSIC-. Todos ellos han sido reconocidos también este lunes por Ribera con sendos Premios Extraordinarios de Medio Ambiente.

El resultado son 176 recomendaciones en cinco áreas  -Consumo; Alimentación y usos del suelo; Comunidades, salud y cuidados, Trabajo y Ecosistemas-, algunas de las cuales son muy parecidas a otras ya planteadas por el Gobierno y que la Asamblea Ciudadana va llevar también al Congreso y quiere que se convierta en un pacto de Estado. "Había gente de Vox, del PP, de Ciudadanos... si nosotros hemos podido estar todos de acuerdo, no queremos que cuando cambie el Gobierno, porque cambiará por la alternancia, se vaya todo esto a la mierda", apuntaba uno de los portavoces del área de Salud, Óscar Escobar, un valenciano que trabaja en una empresa de logística y que terminó en la Asamblea Ciudadana después de interesarse en un mensaje en Facebook de Transición Ecológica pidiendo candidatos.

Algunas de las medidas más firmes tienen que ver con el transporte, donde el coche y el avión son los más afectados, así como a actividades como el turismo y también en el ámbito laboral. Las propuestas ciudadanas para luchar contra el cambio climático van más allá, sin embargo, y será cuestión de tiempo ver si el Gobierno recoge el guante e introduce el delito de "ecocidio" en el Código Pena, forma a jueces específicamente para jugar casos sobre medio ambiente o establece "el trabajo ambiental como una opción más para el trabajo de personas que cumplen condena". 

Plantean también que el apoyo "a personas dedicadas a la ciencia y la tecnología" se sustancie en becas o en un "Erasmus tecnológico", si se fomentan los programas "para apadrinar árboles" o si se crea una asignatura en la educación formal sobre cambio climático. También si es cierto que, como pide la Asamblea Ciudadana, el Gobierno impide situar parques eólicos y fotovoltaicos solo en zonas de baja sensibilidad ambiental, si cuenta para ello con la opinión de sociedad civil "de los mejores expertos" y si apuesta por una "generación distribuida, frente al modelo centralizado de grandes instalaciones lejos de los grandes núcleos de población".

Menos coche y menos avión

En el ámbito del transporte, la Asamblea Ciudadana apuesta por potenciar el transporte público en lugar del coche fomentándolo también entre ciudades, con transporte escolar público, "abaratado el precio del transporte público o potenciando el transporte público gratuito", así como el tren y el tren de cercanías y los carriles de alta ocupación (VAO).

También para "reducir el impacto del cambio climático de la movilidad" que plantean es "minimizar los vuelos domésticos en España cuando haya alternativa al tren". Se podría hacer estableciendo un mínimo de kilómetros para los trayectos en avión, por de 350 km, recortando la oferta de vuelos o incidiendo sobre ella "a través de los precios".

La disminución del uso del coche también se traslada al ámbito laboral como de la misma forma que apuntaba el plan que recientemente aprobó el Gobierno para ahorrar energía, se habla soluciones como transporte a demanda y colectivos, con rutas y horarios adaptados para evitar coger el coche. Apuesta también por el teletrabajo y por "adaptar la jornada y la organización del trabajo para contribuir a la reducción de emisiones". Ante "fenómenos atmosféricos extremos" como olas de calor o de frío, piden que "adaptar las jornadas laborales" y en condiciones normales apuntan a otra idea planteada por Más País y que el Gobierno se ha comprometido a estudiar: una jornada laboral de cuatro días semanales o de 30-32 horas.

 "Exigir a las empresas a partir de 100 empleados/as un plan de transporte compartido y sostenible", apunta la Asamblea Ciudadana, que propone además "auditorías ambientales obligatorias para asegurar una gestión más eficiente" y que las "grandes empresas" tengan que ser transparentes por lo que respecta a sus emisiones.

Sin masificación

Uno de los sectores de los que se habla directamente es el turismo. En primer lugar, porque la Asamblea Ciudadana para el Clima pide que se puedan "regular los destinos turísticos en función del límite de la huella ecológica", medida, por ejemplo, por el número en relación con el número de habitantes, con la posibilidad de "limitar la densidad" en estos destinos.

Otras de las medidas son la de "limitar el número y superficie de los campos de golf y de fútbol con césped en zonas con escasez de agua y mejorar la gestión y suministro de agua" que, para la Asamblea Ciudadana, debería ser en primer lugar para consumo humano y después para producir alimentos, por encima de usos recreativos.

En cuanto al transporte de mercancías, responsable de buena parte de las emisiones de CO2, proponen promover el comercio de proximidad, de "kilómetro cero", para reducir la necesidad de transportar mercancías. Si hay que hacerlo, una de las recomendaciones e que cuando sea a larga distancia, debería favorecerse el barco, carretera y ferrocarril "frente al avión" y además "electrificando todos los medios que sea posible". Cuando se trate de transporte a media distancia que se haga por carretera, la Asamblea Ciudadana plantea que sea así hasta la llegada al núcleo urbano del que se trate y una vez allí "se centralice la recepción de mercancías" de modo que lleguen a su destino final "en vehículos eléctricos, bicicleta, etc".

Sin envases en el fútbol

Estas medidas entroncan con la manera en la que se producen los alimentos, un ámbito donde la Asamblea Ciudadana quiere que el etiquetado deje constancia del impacto medioambiental de producir los artículos y que se fomente la venta "a granel", "prohibiendo la venta de bebidas envasadas en grandes eventos", como competiciones deportivas y conciertos. Serán sustituidos por envases desechables, dice el informe, que en otro momento pide en España una legislación como la que existe en otros países para "la devolución de envases a cambio de una compensación económica".

No a las macrogranjas

También en el ámbito alimentario y sin mencionar la palabra "carne" que tantos quebraderos de cabeza dio al Gobierno hace unos meses, el informe ciudadano apuesta por la "ganadería extensiva" en lugar de la industrial -la de las llamadas macrogranjas", así como promover la dieta mediterránea, "lo que implica comer más frutas, verduras, legumbres".

En el área de consumo, el informe constata la "dificultad" para compartir los excedentes de energía del autoconsumo y pide desde información para crear comunidades de autoconsumo a las que puedan adherirse también los ayuntamientos hasta ayudas financieras y "bonificaciones fiscales" para instalar placas. Además, piden la "implantación de un modelo energético con control público de precios justos" y, como reitera el Gobierno, "desacoplar el precio de la luz de los del gas". Proponen también que las eléctricas tengan que producir un determinado porcentaje con energías renovables.