El Congreso de los Diputados ha votado este jueves a favor de reformar el Código Penal para que el antigitanismo se contemple, por primera vez, como un delito de odio específico. La iniciativa, que se incluirá dentro de la proposición de ley de igualdad de trato -comúnmente conocida como 'ley Zerolo'- ha recabado el apoyo prácticamente unánime del arco parlamentario; sólo Vox se ha abstenido.

La medida forma parte de una enmienda transaccional pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos que fue sometida a debate a finales de abril en la Comisión de Igualdad. También entonces todos los grupos parlamentarios, excepto los de Abascal, dieron luz verde a esta modificación del Código Penal para incluir el antigitanismo en todos los artículos donde se mencione el antisemitismo. 

La Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, bautizada como 'ley Zerolo' en conmemoración al activista y diputado socialista fallecido Pedro Zerolo, fue impulsada por el PSOE en enero de 2021. El texto original, que solo ha recibido el rechazo de Vox y PP, plantea la creación de un marco legal para la "prevención, atención y eliminación de todas las formas de discriminación".

En un principio, la ley proponía una respuesta sancionadora (no penal) para situaciones de discriminación que se den tanto en el ámbito laboral, educativo o sanitario, como en la vivienda en la justicia o en la administración. No obstante, con el cambio introducido a petición de los socialistas, la norma pasa a modificar el Código Penal para tipificar un nuevo delito de odio que no constaba hasta ahora: el antigitanismo.

Hasta cuatro años de prisión

En concreto, la enmienda modifica el artículo 22 de la legislación penal, que quedaría redactada de la siguiente manera: "Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta".

De este modo, la norma permitiría castigar, con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses, a quienes "públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas"; quienes "elaboren" o "posean" cualquier escrito o material elaborado para distribuirlo a otras personas y en el que se incite o fomente al odio.

Además, serán sometidos a las mismas penas las personas que "públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio de lesa humanidad" contra la población gitana. Por otro lado, la iniciativa plantea que también se castigue con penas de prisión de seis meses a dos años y multas de seis a doce meses a quienes humillen, enaltezcan o justifiquen los delitos cometidos contra los gitanos.