La 'ley Zerolo' incluirá por primera vez el antigitanismo como delito de odio específico

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) y vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Beatriz Carrillo de los Reyes, durante su intervención en la clausura del acto 'Samuradipen', un encuentro en memoria y reconocimiento a las víctimas del pueblo gitano en el Holocausto nazi, en la sede ministerial, en Madrid (España) a 30 de julio de 2020.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) y vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Beatriz Carrillo de los Reyes, en una foto de archivo.
Óscar Cañas / Europa Press

La llamada 'ley Zerolo' castigará el antigitanismo por primera vez con penas de hasta cuatro años de cárcel. Así lo han acordado PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos en una enmienda transaccional que modificará el Código Penal para recoger este nuevo delito de odio específico. La modificación ha sido sometida a debate este miércoles en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, donde todos los grupos parlamentarios han votado a favor de tipificar un nuevo delito, a excepción de Vox, que se ha abstenido. 

La Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, bautizada como 'ley Zerolo' en conmemoración al activista y diputado socialista fallecido, Pedro Zerolo, fue impulsada por el PSOE en enero de 2021. El texto original, que solo ha recibido el rechazo de Vox y PP, plantea la creación de un marco legal para la "prevención, atención y eliminación de todas las formas de discriminación". 

En un principio, la ley proponía una respuesta sancionadora (no penal) para situaciones de discriminación que se den tanto en el ámbito laboral, educativo o sanitario, como en la vivienda en la justicia o en la administración. No obstante, con el cambio introducido a petición de los socialistas, la norma pasa a modificar el Código Penal para tipificar un nuevo delito de odio que no constaba hasta ahora: el antigitanismo. 

En concreto, la enmienda modifica el artículo 22 de la legislación penal, que quedaría redactada de la siguiente manera: "Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta".

Hasta cuatro años de prisión por incitar al odio

De este modo, la norma permitiría castigar, con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses, a quienes "públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas"; quienes "elaboren" o "posean" cualquier escrito o material elaborado para distribuirlo a otras personas y en el que se incite o fomente al odio. 

Además, serán sometidos a las mismas penas las personas que "públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio de lesa humanidad" contra la población gitana. 

Por otro lado, la iniciativa plantea que también se castigue con penas de prisión de seis meses a dos años y multas de seis a doce meses a quienes humillen, enaltezcan o justifiquen los delitos cometidos contra los gitanos. 

"Una medida histórica"

Según destacan fuentes socialistas a este diario, se trata de una "medida histórica" fruto del trabajo de "un año" entre el Ministerio de Justicia y el PSOE, "que ha trabajado intensamente para que la 'ley Zerolo' salga adelante".

"Gracias al trabajo arduo y el firme compromiso del Gobierno, hoy es un día histórico porque la 'ley Zerolo' condena explícitamente el antigitanismo, reconociéndolo e incluyéndolo en el Código Penal”, ha celebrado la ponente de la ley y presidenta de la Comisión del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, Beatriz Carillo.

La Comisión de Igualdad aprobó finalmente esta modificación por una amplia mayoría, y deberá ser ratificada en una votación en el Pleno del Congreso, al tener carácter orgánico.

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