Un juzgado de Barcelona prevé citar a declarar como investigados a cuatro altos cargos del Departament de Salut de la Generalitat catalana por el retraso en la vacunación contra la Covid de los guardias civiles y policías nacionales destinados a Cataluña.
Los sindicatos policiales Jucil y Jupol denunciaron a la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el retraso, y el tribunal catalán y el Tribunal Supremo consideraron que se había discriminado a estos agentes policiales.
Ahora, un juzgado ha admitido a trámite una querella contra Carmen Cabezas, actual secretaria de Salut Pública y entonces subdirectora general de Promoció de la Salut; Sara Manjón, directora de Organitzacions i Professionals del CatSalut; Xavier Rodríguez, director de Serveis del Departament; y Adrià Comella, director del CatSalut.
Jucil ve "triste que solo a través de las decisiones adoptadas por los tribunales se dote al colectivo de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña la atención sanitaria que en el resto de España es universal e igualitaria para todos los ciudadanos".
“La sentencia del TSJC no solo nos daba la razón, sino que además a ojos de la justicia y de la sociedad general, quedaba fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas. Ahora, será de nuevo la justicia la que señale si se han de depurar responsabilidades por parte de los responsables públicos del sistema de salud de Cataluña", ha declarado la secretaria provincial de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico.
En diciembre, la sala contenciosa-administrativa del TSJC consideró que Salut había retrasado injustificadamente la vacunación de los agentes estatales por detrás de los mossos d'esquadra y policías locales. La Generalitat presentó un recurso ante el Supremo, pero el alto tribunal lo rechazó.
La sentencia del TSJC tenía en cuenta que "las vacunas a los cuerpos no nacionales comenzaron a administrarse el 10 de febrero de 2021", mientras que los agentes de los "cuerpos nacionales" no tuvieron acceso hasta el 12 de marzo.
"Es decir, con un mes de diferencia, y a un ritmo, además, extremadamente lento. Sobra decir el carácter fundamental, de supervivencia realmente, de la celeridad de vacunación para un personal expuesto de manera constante al contacto cercano con el ciudadano", señalaba la decisión.
El TSJC hacía referencia a un informe de Salut, del 25 de abril de 2021, donde se especificaba el estado de vacunación de los diversos cuerpos entre el 24 de marzo y el 22 de abril de 2021. "Las cifras no pueden ser más dispares si nos fijamos en el contraste del origen de los cuerpos: mientras que los no nacionales se mueven en una horquilla del 66,9 al 79,1%, los nacionales tenían un porcentaje del 3,6 y el 2,8% el 24 de marzo y del 9,9 y del 6,3% el 22 de abril de 2021".
En el periodo del 10 de febrero al 27 de abril de 2021, fueron vacunadas 714 personas de los cuerpos policiales estatales. En cambio, en 9 días desde la medida cautelar adoptada en la causa, es decir, hasta el 6 de mayo de 2021, se vacunaron a 4.806 personas.
Por todo ello, el tribunal apuntaba a posibles responsabilidades penales de altos cargos de Salut, como la exconsellera Alba Vergés y otros.
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