Es la gran incógnita. Si algún día Vladimir Putin rendirá cuentas ante la justicia por las bombas lanzadas sobre residencias y hospitales de Kiev, las pruebas del desplazamiento forzoso de civiles desde la asediada ciudad de Mariúpol hasta Rusia o la matanza de centenas de inocentes en la pequeña región de Bucha. Crímenes de guerra o lesa humanidad que la comunidad internacional ha denunciado con vehemencia desde que el Ejército ruso puso sus botas sobre suelo ucraniano. Pero cuyo recorrido judicial pasa por tribunales internacionales que están, paradójicamente, en tela de juicio.

Sobre 'Crímenes de guerra y responsabilidad penal'  han charlado este jueves una cohorte de expertos españoles alrededor de la mesa redonda del CES Cardenal Cisneros. Participaban el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche; el excandidato a fiscal de la Corte Penal Internacional Carlos Castresana; el fiscal de la Audiencia Nacional y profesor de Derecho Penal en el CES Cardenal Cisneros Carlos Bautista; y el abogado Manuel Ollé. Cada cuál con su especialidad, pero todos conociendo en la "fragilidad" que reviste la justicia internacional: "Actualmente, no existe un tribunal que pueda juzgar el caso de Rusia".

Ucrania deberá probar la intención de Putin de destruir al pueblo ucraniano para poder acusarle de genocidio en Bucha

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, es un tribunal de justicia internacional permanente facultado para juzgar a las personas físicas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Aquí es donde podría ser procesado Putin. Mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas, tiene competencia en disputas entre Estados. Ucrania, de hecho, ha iniciado un caso contra Rusia.

Respecto a esto último, los expertos explican que si la CIJ fallara en contra de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU sería el responsable de hacer cumplir el castigo, pero Rusia, al ser uno de los cinco miembros permanentes del Consejo, podría vetar cualquier propuesta para sancionarlo. 

"De todos los problemas de Putin, su procesamiento ocupa sus últimas prioridades", señala Banacloche

La vía de la CPI tampoco augura mejores pronósticos. Su radio de acción se ve muy limitado por el Estatuto de Roma (1957), tratado que regula el también llamado Tribunal Penal Internacional y que no fue ratificado ni por Ucrania ni Rusia -tampoco Estados Unidos integra el bloque de los 123 países-. Lo que deja, en palabras del excandidato a fiscal de la CPI, "un crimen de agresión huérfano de jurisdicción". 

No es casualidad que en los últimos años el CPI haya sido objeto de numerosas críticas, que, como ha lamentado Ollé, deriva en "una crisis de legitimidad de la justicia internacional". Las "pocas" sentencias del tribunal supranacional se han centrado hasta ahora en África, "como si solo existiera justicia para los países no poderosos", ha terciado Banacloche. 

A juicio del mismo catedrático, "ahora mismo solo sería posible que Putin comparezca ante un tribunal internacional si es desocupado por lo propios rusos" que, en intento de "reconciliarse con la comunidad internacional, lo entregan". Si bien un golpe de Estado todavía le parece una opción remota.

De hecho, Banacloche considera que "de todos los problemas de Putin, el de su procesamiento es una de sus ultima prioridades", toda vez que "existen muchas barreras para evitarlo". Una de ellas, predice, pasa porque el Kremlin "incorpore la exención de responsabilidades" en un hipotético acuerdo de paz con Ucrania. 

¿Y qué hay de un tribunal como el de Nuremberg?

Más optimista, Castresana ha planteado que "los tribunales que no existen ahora puedan ser constituidos mañana". Para perfilar la idea, ha tomado el ejemplo del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, creado "ad hoc y ex post facto" para juzgar a soldados nazis por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, ha seguido con la idea, "se trataría de que Ucrania cree el tribunal y Estados del Consejo de Europa y jueces extranjeros se sumen a él dotándole de autoridad internacional e imparcialidad".   

Tiempo al tiempo. "Los fiscales somos pescadores, no cazadores. Trabajamos con dos herramientas: ante un tribunal internacional no hay inmunidad y los crimines internacionales son imprescriptibles. Solo hay que tirar la red y esperar a que tarde o temprano caiga el pez", ha concluido el excandidato a fiscal jefe de la CPI.