Los ayuntamientos de algunas de las grandes ciudades españolas 'colaron' en 2020 como gastos de emergencia por la Covid compras que nada tenían que ver con la pandemia o que podían haberse planificado para no tener que saltarse los trámites y haber convocado concursos públicos y transparentes. En total, fueron más 8,6 millones de gasto incontrolado e injustificado para el Tribunal de Cuentas que se destinaron a diseñar e instalar el pebetero en memoria de los fallecidos por la Covid delante del Ayuntamiento de Madrid, a un programa que recrearía digitalmente la ofrenda a la virgen del Pilar en Zaragoza, a desbrozar malas hierbas en los colegios de Sevilla o a "la captación de fondos europeos" en Barcelona.

Estos son algunos contratos que censuró el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización de octubre del año pasado sobre los contratos que las ciudades de más de 300.000 habitantes adjudicaron por vía de emergencia, tal y como permitió el decreto del primer estado de alarma por la Covid, pero sin que guardaran relación con la pandemia o cuya urgencia podría haberse previsto para sí convocar un concurso. Este mismo organismo tiene ahora sobre la mesa la evaluación de los contratos de emergencia y ayudas concedidos por Gobierno y comunidades autónomas en la gestión de la pandemia y, en plena polémica por las compras de mascarillas y guantes en el Ayuntamiento de Madrid, muestra que las grandes ciudades aprovecharon la excusa de la pandemia para 'colar' como contratos de emergencia gastos millonarios para los que, por eso, no convocaron concursos a los que se podrían haber presentado distintas ofertas para competir de forma justa, pública y transparente.

Según el Tribunal de Cuentas, de esta manera se fueron 8,6 millones de euros, el 3,7% del importe total de los contratos que las grandes ciudades españoles adjudicaron sin concurso ni publicidad, por vía de urgencia por la Covid. En total, auditó adjudicaciones por 221,2 millones de euros, el 92% de los fondos gastados de urgencia, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante y Córdoba.

El Tribunal de Cuentas no tuvo nada que reprochar a los contratos de emergencia de Valencia (por valor total de 9,8 millones), de Palma (2,5 millones), Las Palmas (7,4 millones) y Córdoba (3 millones) pero sí al resto de ciudades. Barcelona fue con diferencia la que más gasto hizo pasar por urgente por la Covid, más de la mitad del valor total de los contratos cuestionados por el Tribunal de Cuentas, 4, 5 millones, sobre 64,4 millones en contratos de urgencia que adjudicó el consistorio de Ada Colau. Le sigue Madrid, que de contratos por 100,8 millones de emergencia no justificó debidamente más de 1,2 millones. En el caso de Murcia, que solo adjudicó sin concurso 293.000 euros, el Tribunal de Cuentas le reprocha dos contratos por más de un tercio, 100.000, que la ciudad destinó a la compra de reactivos, gases y material fungible para los laboratorios de su Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento.

En este mismo informe, el Tribunal de Cuentas despejó el precio que cada ayuntamiento pagó por mascarilla, de lo que se refleja que Bilbao y Sevilla pagaron de media los precios más alto en 2020 -0,98 y 0,90 euros-, segundas de Murcia (0,70), Madrid y Málaga (en ambos casos, 0,50 euros por unidad). También, que Madrid y Bilbao fueron las ciudades que menos veces pidieron ofertas a más de un proveedor, solo en el 7 y el 9% de los casos, frente al 50% de los contratos de urgencia que adjudicó el consistorio de Palma o el 42% de Valencia. 

Pebetero a las víctimas

Dos de los gastos más llamativos que se efectuaron por la vía de urgencia de forma injustificad y con la excusa de la Covid ocurrieron en Madrid y en Zaragoza. En la capital, el Ayuntamiento pagó en mayo de 2020 10.980 por el diseño del pebetero en homenaje de las víctimas de la pandemia que se instaló en la Plaza de Cibeles, con un coste de 122.000. "No se aprecia la vinculación con la finalidad de hace frente a la situación causada por el Covid-19", dice el Tribunal de Cuentas en su informe.

Tampoco lo vio así en el caso de Zaragoza, cuyo Ayuntamiento pagó también sin concurso en julio de 2020 45.000 euros por el servicio "de ideación, diseño y creación de un espacio virtual digital que permitiera recrear una experiencia completa de la ofrenda de flores durante las Fiestas del Pilar 2020". En este caso, el Tribunal niega que tal contrato tuviera "por finalidad la adopción de una medida que directa o indirectamente estuviese encaminada a hacer frente a la situación sanitaria causada por el COVID-19, ni a evitar un acontecimiento catastrófico o una situación que supusiese un grave peligro, ya que de la suspensión de la ofrenda de flores de las Fiestas del Pilar como consecuencia de la pandemia no se derivaba la necesidad inminente de la realización de una ofrenda de flores virtual".

La distancia entre la adjudicación de estos contratos 'a dedo' y las necesidades por la Covid está también en el reproche que el Tribunal de Cuentas hace al Ayuntamiento de Barcelona, que en octubre de 2020 se gastó casi 89.000 euros para elaborar un dossier "para la captación de los fondos europeos". Tampoco guarda relación con la pandemia la justificación que el consistorio de Sevilla dio a los más de 30.000 euros que gastó en varias adjudicaciones directas para quitar malas hierbas de colegios de la ciudad y de la Gerencia de Urbanismo, invocando "riesgo de incendio". 

Las campañas de comunicación que aprobaron en 2020 Málaga (sobre nuevas medidas fiscales), Barcelona (1,7 millones) o Bilbao (38.135 euros) no tenían que ver tampoco con la Covid a ojos de Tribunal de Cuentas, tampoco en el caso de la ciudad vasca, donde consideró que, a pesar del mensaje de ánimo, "no se ha acreditado la realidad de la situación fáctica invocada su relevancia para la salud de las persona ni su carácter catastrófico o de grave peligro" como para saltarse el concurso público.

Por su parte, el ayuntamiento de Zaragoza aprovechó la posibilidad de hacer contratos 'a dedo' por la Covid para acometer obras en su centro municipal de protección animal o en colegios públicos (por 527.000 euros); el de Málaga para reparar las motocicletas y vehículos de la policía local (casi 20.000 euros), y Bilbao para ampliar las cabinas de almacenamiento de datos del Ayuntamiento, por 94.000 euros.

Mala planificación

Los gastos por la vía de urgencia sin relación aparente con la emergencia sanitaria por la Covid es una de las dos vías que identificó el Tribunal de Cuentas de su análisis de los contratos municipales. La otra es que los ayuntamientos recurrieran al procedimiento de urgencia para compras de material sanitario e informático bien avanzado el año 2020. En esta caso reprocha que  con una "adecuada planificación de la gestión contractual" podrían haberse efectuado mediante concurso público.

Esto es lo que ocurrió en Madrid, que en octubre de 2020 se gastó 155.142 euros en licencias de software para la gestión remota de puestos de trabajo, más de 346.000 en guantes de nitrilo, 232.305 euros en casi 30.000 litros de gel hidroalcohólico o 360.000 para el análisis de pruebas rápidas diagnósticas, un gasto que "no puede calificarse como de imprevisible".

Muchos meses también después del decreto que las hizo obligatorias, el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona compró en noviembre  de 2020 mascarillas por 26.6610 euros o el Instituto Municipal de Servicios Sociales de la Ciudad Condal, 512 ordenadores portátiles por 412.000 euros en noviembre de 2020, "más de ocho meses después desde la declaración del primer estado de alarma" que también envió a los trabajadores públicos a sus casas.

De la misma manera, el Ayuntamiento de Alicante adjudicó a dedo en diciembre de 2020 dos contratos por un importe total de 470.165 euros para comprar gel hidroalcohólico y mascarillas quirúrgicas por la vía de urgencia. "Una diligente planificación de la gestión contractual hubiera permitido su obtención a través de los procedimientos ordinarios (...), con plena observancia de los principios de publicidad y concurrencia", reprocha el Tribunal de Cuentas, que ahora auditará los contratos de urgencia de las comunidades autónomas.