Podemos pone en el punto de mira el Marquesado de Villalba que posee desde hace generaciones la familia de Luis Medina, imputado junto al empresario Alberto Luceño por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por las comisiones cobradas en un contrato de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Los morados propusieron este lunes una reforma exprés del Código Penal para retirar las distinciones nobiliarias a quienes sean condenados por delitos relacionados con la corrupción. Y, con ello, abrieron el debate sobre los más de 2.800 títulos aristocráticos vigentes en España, que no cuentan con ningún privilegio pero sí suponen un reconocimiento honorífico de su titular.
En concreto, la España de 2022 mantiene vigentes 2.824 títulos en manos de algo más de 2.000 aristócratas, algunos de los cuales ostentan más de una distinción. La Constitución concede al rey la capacidad de crear nuevos duques, marqueses, condes, vizcondes, barones o señores, así como de otorgar Grandezas de España, el máximo grado de reconocimiento que puede llevar aparejado un título nobiliario y también el más exclusivo: solo 418 lo tienen. También es el monarca el que firma la cesión o sucesión en la titularidad de las condecoraciones, pero esas transmisiones se ocupa de tramitarlas el Ministerio de Justicia, y por ello Podemos entiende que el Código Penal puede recoger la posibilidad de inhabilitar el uso de los títulos.
Precisamente el actual marqués de Villalba, Rafael Medina, también duque de Feria, anunció hace meses que cedería el título de marqués de Villalba a su hermano Luis, el imputado por la supuesta estafa de las mascarillas. No obstante, el título sigue, por ahora, en manos de Rafael, según los datos que recoge la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, el organismo que agrupa a todos los nobles del país y que mantiene actualizada la más completa base de datos de los títulos nobiliarios concedidos en España. Además, el procedimiento oficial de transmisión del marquesado no se habría iniciado, ya que el BOE aún no lo ha recogido.
En la actualidad, tener una dignidad aristocrática en España no conlleva disfrutar de prebendas o beneficios fiscales o económicos. La última de las ventajas materiales, la posibilidad de que los nobles con Grandeza de España pudieran disfrutar de pasaporte diplomático -como la Familia Real o los miembros del Gobierno-, fue abolida en 1984. Pero sí supone disfrutar de "una distinción meramente honorífica", como la define la ley que, en 2006, eliminó la prevalencia del varón sobre la mujer a la hora de heredar estos títulos. Y Podemos entiende que quienes son condenados por delitos relacionados con la corrupción no pueden hacer gala de un "reconocimiento público".
Buena muestra de que estos títulos nobiliarios sobre todo funcionan, hoy por hoy, como una prueba de prestigio social es que sus titulares los mantienen no solo a pesar de que no comportan ninguna ventaja económica, sino también pese a que heredarlos tiene un coste que va a parar a las arcas del Estado. Que un título pase de padre a hijo o de un hermano a otro cuesta 817 euros en el caso de ducados, marquesados, condados, vizcondados, baronías o señoríos que no estén distinguidos con Grandeza de España; en el caso de que la lleven aparejada, el precio de heredar cada título es de 2.865 euros.
Los precios son mucho más altos si la transmisión se hace entre personas que no sean familiares de primer grado: 2.048 euros por cada título sin Grandeza de España y 7.181 euros en el caso de las distinciones nobiliarias que sí la tengan. Y a quienes quieran rehabilitar dignidades que se encuentren en desuso o reconocer sus títulos extranjeros, el Estado les impone una tasa aún mayor: 4.928 euros por título si no conllevan Grandeza y 17.217 euros en caso contrario.
El rey Felipe no ha otorgado ninguno
Durante sus casi ocho años de reinado, el rey Felipe VI no ha concedido ningún título nobiliario nuevo y, de hecho, ha reducido el número de distinciones nobiliarias en España en una. Ocurrió en 2015, cuando el recién proclamado jefe del Estado retiró el título de duquesa de Palma a su hermana, la infanta Cristina, a causa de su imputación en el caso Nóos, que un par de años después terminó con ella absuelta aunque declarada responsable a título lucrativo de los delitos de su marido, Iñaki Urdangarin. Pese a ser exculpada, la infanta no ha recuperado su ducado.
La frugalidad de Felipe VI con respecto a la concesión de dignidades aristocráticas es muy diferente a la actitud que mostró su padre y predecesor en el trono, Juan Carlos I, que durante sus 39 años de reinado se prodigó en este aspecto y otorgó 47 títulos nobiliarios, 10 de ellos con Grandeza de España. Los dos primeros los firmó pocos días después de ser proclamado rey tras la muerte del dictador Francisco Franco y fueron destinados a la viuda de éste, Carmen Polo, a la que se nombró señora de Meirás; y a su hija, Carmen Franco Polo, que fue distinguida con el título de duquesa de Franco. El Gobierno pretende eliminar la existencia de ambos títulos a través de la ley de memoria democrática, cuya tramitación se encuentra actualmente atascada en el Congreso.
Juan Carlos I otorgó sus últimos títulos nobiliarios en mayo de 2014 al empresario David Álvarez (nombrado marqués de Crémenes), al cardiólogo Valentín Fuster (marqués de Fuster), a la historiadora Carmen Iglesias (condesa de Gisbert) y al bioquímico Santiago Grisolía (marqués de Grisolía). En años anteriores, el monarca emérito condecoró a empresarios como José Manuel Lara (marqués de Pedroso de Lara) o Juan Miguel Villar Mir (marqués de Villar Mir); banqueros como José Ángel Sánchez Asiaín (marqués de Asiaín); artistas como el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa (marqués de Vargas Llosa) o deportistas como Vicente del Bosque (marqués de Del Bosque).
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