Los socialistas andaluces han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que esta determine si el Gobierno andaluz del PP y Cs ha cometido uno o varios delitos de "prevaricación" con los aproximadamente 4.000 contratos exprés que la Junta realizó a partir de julio de 2020, y que acumulan ya 50 sentencias en contra de los tribunales, una de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y 21 procedimientos judiciales de anulación.

Así lo anunció este martes la portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Ángeles Férriz, quien afirmó que "[Juanma] Moreno y su Gobierno se han saltado la libre concurrencia, el mérito y capacidad en el acceso a la Administración". Por ello, "denunciamos los contratos de personal realizados por vía exprés, con los que se ha contratado de manera fraudulenta personal, y que se unen a los usados también mediante el procedimiento de emergencia para la contratación de servicios", aspecto este último por el que los socialistas pedirán una comisión de investigación en el Parlamento.

En su denuncia, el PSOE-A apunta directamente a la Consejería de la Presidencia y a su responsable, Elías Bendodo, elegido coordinador nacional del PP en el último Congreso del partido celebrado en Sevilla el pasado fin de semana. En este punto, Férriz preguntó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "si es consciente de que se ha llevado a la dirección de su partido a los responsables de esta contratación fraudulenta". Y cuestionó también al gallego si cesará a los responsables de estos contratos en caso de que se deriven responsabilidades "o guardará un vergonzoso silencio y lo dejará pasar, como ha hecho en Madrid con los contratos firmados con el hermano de la presidenta" de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Para los socialistas, la contratación exprés ha sido "un coladero de enchufismo con la excusa de la pandemia, que atenta de forma evidente, notoria e, incluso, grosera, contra los derechos de la ciudadanía de acceder a la Administración pública". Férriz recordó que estos contratos, que la Junta dejó de formalizar a finales de 2020 tras el pronunciamiento del TSJA, se realizaron "por orden de llegada de un correo electrónico a una oferta que se publicaba en la web y que solo unos pocos eran avisados de su existencia, sin pedir currículum".

"Guerra sucia"

Cuestionado sobre la denuncia, el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, atribuyó la misma a la "desesperación" del PSOE-A, a quien acusó de intentar llevar a cabo una "guerra sucia". "Son las formas que siempre ha tenido el PSOE. Cuando uno se queda sin argumentos, pasa eso", añadió el consejero popular, quien reiteró que la denuncia ante la Fiscalía es "una muestra clara de la desesperación" de la formación que lidera Juan Espadas, que "lleva mucho tiempo ya pensando en clave electoral".

Las contrataciones exprés, argumentó Bendodo, se llevaron a cabo "en un contexto de urgencia Covid" y "gracias a ellas, por ejemplo, fuimos ejemplo en España de la tramitación" de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Sin embargo, el PSOE-A asegura en su denuncia que, entre esas contrataciones, figuran las de conservadores del patrimonio de la Junta o arquitectos, "injustificables con la excusa de la pandemia".

Bendodo también subrayó que tanto el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, como el de Hacienda, Juan Bravo –nombrado vicesecretario de Economía del PP nacional–, han comparecido ya "por las contrataciones que se han hecho durante la pandemia", y "se han dado todas las explicaciones solicitadas", aunque "si hay que darlas de nuevo, se darán". Pero, concluyó el portavoz de la Junta, "una cosa es querer transparencia y otra es querer ruido, y creo que el PSOE lo que quiere es ruido".