La finalización de contratos de trabajadores por la subida de los precios de la energía será considerada despido improcedente durante los tres próximos meses, así como los despidos que realicen las empresas que se acojan a un ERTE por los efectos de la guerra en Ucrania. Esa medida es una de las que incluye el amplio decreto aprobado este martes por el Gobierno para combatir los efectos económicos de la invasión rusa, tal y como explicó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que hizo un llamamiento directo a los empresarios españoles: "No es necesario despedir, tienen ustedes los recursos públicos necesarios para evitarlo". 

Con ese anuncio tras la celebración del Consejo de Ministros, Díaz confirmó la medida que adelantó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta en todo momento se refirió a la iniciativa puesta en marcha como una "prohibición" del despido por la subida del precio de la luz y también para las empresas que se acojan a un ERTE, aunque en realidad lo que consigue la medida es poner trabas a la rescisión de los contratos. Las compañías podrán seguir despidiendo, pero la penalización para ellas será mucho mayor a la actualmente vigente.

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En concreto, las empresas que despidan a sus trabajadores por causas vinculadas al aumento de sus costes por la subida del precio de la energía, así como las que lo hagan habiendo recibido ayudas públicas, se verán expuestas a que un juez califique de improcedentes estos despidos. Eso las obligaría a readmitir al trabajador o a pagarle una indemnización de 33 días por año trabajado, frente a los 20 días por año de los despidos procedentes. 

Además, las empresas acogidas a un ERTE que despidan se verán obligadas a devolver todas las ayudas recibidas por todos los trabajadores a los que, por ejemplo, el Estado haya estado pagando el sueldo o por los que haya estado asumiendo parte del pago de sus cotizaciones sociales. "No tendría ningún sentido que destinemos recursos públicos pagando salarios y cotizaciones si después permitimos despedir a esas empresas", argumentó Díaz..

La aprobación de esta medida supone volver a poner en marcha un veto que ya estuvo en vigor con el esquema especial de ERTE diseñado durante la pandemia, que tras múltiples prórrogas dejarán paso este jueves al nuevo mecanismo fijo de ERTE aprobado con la reforma laboral. A partir de ahora, las empresas que lo necesiten por el impacto de la guerra tendrán que acogerse a alguno de los dos tipos de expediente recogidos en la nueva legislación: el ocasionado por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), o el fuerza mayor, al que podrán acogerse los negocios especialmente afectados por la invasión.

Durante su intervención tras el Consejo de Ministros, Díaz se dirigió directamente a los empresarios y señaló que "en las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir". "No hay que despedir porque tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el Mecanismo RED, para que esto no se produzca", insistió la vicepresidenta.

ERTE especiales para las agencias de viaje

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Además de esas trabas al despido, Díaz anunció que el Consejo de Ministros de este martes aprobó la puesta en marcha del llamado Mecanismo RED para el sector de las agencias de viajes. Este mecanismo es una de las grandes novedades de la reforma laboral y, en este caso, sí establece un esquema especial con más ayudas a los sectores a los que se aplique, aunque por el momento estará circunscrito al de las agencias, muy golpeadas por la crisis de la Covid pero que ya tenían dificultades previas a la pandemia.

La activación de este Mecanismo RED no se produce a causa de la guerra en Ucrania, sino que supone la ejecución de una idea que el Gobierno ya anunció hace un mes. Esa herramienta a la que podrán acogerse las agencias de viajes respeta las principales ventajas para los trabajadores de los ERTE de la pandemia: los afectados cobrarán, hasta que se reincorporen a su puesto, una ayuda equivalente al 70% de su salario -hasta un tope de algo más de 1.200 euros- y no consumirán tiempo de paro.

Por su parte, las agencias de viajes que tengan que acogerse a esta nueva herramienta tendrán una exención del 40% en los costes laborales de cada trabajador y estarán obligadas a realizar actividades de formación para ellos. Eso sí: el nuevo mecanismo permite que las empresas que se acojan a él traspasen trabajadores a otras compañías mediante su recualificación, y para incentivar estas recolocaciones las empresas de destino podrían beneficiarse de una bonificación del 50% de las cuotas a pagar por el empleado durante los primeros seis meses de contrato.