Las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Ribera, respectivamente, han hecho este martes causa común frente a la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y su petición para que el Gobierno tome la posición "política" de proponer a Bruselas un precio máximo para el gas de 30 euros por MWh, que situaría el total de la luz en unos 110. Las ministras socialistas de Asuntos Económicos y de Transición Ecológica no han desvelado hoy tampoco en qué umbral están pensando, pero han afirmado que se trata de una cuestión "técnica" y que requiere de un trabajo "riguroso" para tener una decisión que "no se puede tomar a la ligera".

Belarra afirma que el "precio tope" del gas es "la clave"

"Negociar con ese umbral de referencia que a la Comisión Europea le parezca razonable no es algo que se pueda resolver  a la ligera, ha de explicarse por qué se utiliza una referencia y no otra", ha apuntado Ribera en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros. No ha revelado qué tope pedirán a Bruselas pero, preguntada por la propuesta de 30 euros que hace la parte morada del Gobierno, ha incidido en las cuestiones que hay que tener en cuenta antes de cerrar un precio máximo, también con Portugal, que Bruselas pueda aceptar. En todo caso, no parece que Ribera tenga intención de negociar este extremo dentro de la coalición, sino con Portugal y la Comisión, "Es con quien debemos trabajar", ha dicho.

Según ha dicho, su departamento está estudiando cuestiones como la evolución de los precios de gas -"ha estado en torno a 20 euros desde que empezó a funcionar el mercado europeo del gas; estuvo era 50 en 2021 y en 2022 la media es de 120", ha dicho- y también cómo se va compensar a las eléctricas que lo producen en las centrales de ciclo combinado, algo que ha apuntado que también hay que tener en cuenta.

"No se trata de que vamos dejar de pagar", ha advertido, porque por encima del umbral del precio máximo que se pacte con Bruselas el Gobierno deberá compensarlas por la diferencia de precio con el que marque el mercado. Según apuntan fuentes gubernamentales, podría ser a cargo de los Presupuestos, del déficit de factura o de los consumidores. "Nadie nos lo va a regalar", ha dicho Ribera.

"Nuestro compromiso y voluntad es que cuanto más bajo sea el precio que la Comisión autorice, que no haya distorsiones y que sea asumible para la UE será mejor para nosotros, pero eso no significa que no se marque un objetivo por encima del cual sea un fracaso".

Junto a ella, Calviño ha respondido a la afirmación de Belarra de que fijar el precio máximo es una cuestión "política" precisando que hay dos aspectos. "Es una cuestión política y técnica". "La respuesta política" es que el Gobierno fijará "el más bajo posible". Pero, ha añadido, "para determinarlo hay que hacer un trabajo técnico y riguroso".

Por otra parte, ni Ribera ni Calviño han avanzado nada más sobre el estado de la preparación de la propuesta a Bruselas, que el Gobierno tiene intención de enviar esta misma semana. Aun cuando la Comisión se ha comprometido a hacer una evaluación urgente, Ribera ha dicho que los resultados no se notarán en la factura de la luz hasta dentro de "tres o cuatro".

"Incluso en esa voluntad [por parte de la Comisión] de hacer una gestión lo más ágil posible, llevará algunas semanas", ha dicho.