La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide entre cuatro y nueve años y medio de prisión para los once presuntos integrantes de un "grupo criminal" investigados por participar en la venta de carne caballo en mal estado que habrían sido exportadas a países como Bélgica o Italia.

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Desde el ministerio público, piden cuatro años de prisión para los procesados, a quienes se acusa de  participar en la introducción en el mercado de carne de caballo no apta para consumo humano, evitando pasar los correspondientes controles sanitarios mientras que desde la Fiscalía consideran a los acusados constitutivos de varios delitos contra la salud pública, uno de falsedad documental y otro de grupo criminal.

Los hechos se remontarían a 2016, cuando utilizaron la empresa Codelta 91 para distribuir productos que sabían que estaban en mal estado. La base de operaciones se encontraba en dos mataderos de las localidades leonesas de Astorga y Toreno, donde la carne procedía de caballos sin documentación o cuya carne no estaba considerada para el consumo humano. 

La carne contenía sustancias de efectos nocivos

Para evitar controles, se "blanqueaba" lo que se conoce como "pasaporte rojo" con certificados de otros animales o directamente se sacrificaban estos y "entraban en la cadena alimentaria humana". Un acuerdo entre "los entradores" de ganado en los mataderos, los responsables de los mismos y el veterinario oficial, siendo este último el encargado de extraviar y falsificar la documentación de los ejemplares. 

La Fiscalía destaca que en las muestras investigadas se hallaron sustancias que causan efectos nocivos para la salud, como "daños genéticos" o "favorecer probablemente la aparición de distintas formas de cáncer", y en algunos casos incluso llegaron a dar positivo en listeria.

Un ejemplo de ello ocurrió en marzo de 2017, cuando se sacrificaron cuatro equinos en Toreno con "claros signos de melanomas" que luego se vendían a 1,50 euros el kilo, aunque se tuvo que quitar la carne "que presentaba signos evidente de melanoma, dejando sólo un 20 %" de aquella donde "no eran visibles los nódulos" de color negro.

"Realizaban dicha actividad, evitando el control de los veterinarios dependientes de la Administración o en connivencia con alguno de estos y para ello falsificaban los documentos oficiales" que debían garantizar "la trazabilidad de los animales", explica el fiscal. Todo ello con un "ánimo lucrativo", ya que el precio de los animales no aptos para el consumo humano es mucho menor.

Para evitar las sospechas, se creaban facturas ficticias y otras operativas que disimularan "el gran número de sacrificios o manufacturas de carne" para evitar ser investigados, "manejando siempre el dinero en metálico".

Piden las mayores penas

En consecuencia a esta operación, desde la Fiscalía pide las mayores penas, de entre seis y nueve años y medio para tres "entradores" de ganado en los mataderos (Javier F., Alejandro D y Bernardino C) y ocho años y medio, para el veterinario oficial de Castilla y León destinado en el matadero de Toreno, Ángel M. En el caso de Astorga no se ha podido determinar qué veterinario actuó de igual forma.

También se pide seis años de prisión para Félix I.R. y Carlos V.S., responsables de controlar la adquisición de ganado en los mataderos y los gestores del de Toreno, un matrimonio formado por Fernando D.S. y María Mercedes A.-.

En último lugar estarían los tres distribuidores, uno de ellos,  Johannes Fasen,  condenado en Francia por la mayor estafa alimentaria de Europa por el caso Horsegate, un escandalo que destapo el tráfico de carne de caballo, vendida como ternera en 2013.