El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha insistido este lunes en la necesidad de "dotar suficientemente" el fondo de viviendas de alquiler social ante la emergencia habitacional que vive la ciudad y ha apostado por un "plan de choque para contener los precios del alquiler", días después de que el Tribunal Constitucional tumbase la regulación de los alquileres en Cataluña.
Lo ha dicho en la presentación del informe anual de quejas ciudadanas y actuaciones de oficio de la Sindicatura en 2021. Dicho informe indica que la Mesa de Emergencia Social recibió el año pasado 450 solicitudes de vivienda, más del doble que en 2020 y prácticamente las mismas que en 2019. Además, constata el "embudo permanente" que se produce en la Mesa, con 609 unidades familiares que esperaban una vivienda de emergencia en diciembre de 2021.
Por otra parta, señala que los servicios de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona contabilizaron 1.588 desahucios programados sólo durante el primer semestre de 2021, de los cuales el 91% fueron paralizados tras la intervención municipal, pero a menudo "con soluciones temporales".
Ante esta situación, el Síndic insiste en la necesidad de "dotar suficientemente" el fondo de viviendas de alquiler social para abordar la emergencia habitacional y destaca que "los esfuerzos más grandes para mejorar esta situación los está haciendo el Ayuntamiento, puesto que las viviendas aportadas por la Generalitat han sido muy inferiores a aquello que les correspondería de acuerdo con el 60% de participación en el Consorcio de Vivienda de Barcelona".
Así, con el objetivo de "disminuir la demanda de viviendas de emergencia", desde la Sindicatura consideran "imprescindibles" las actuaciones de prevención para evitar los desahucios y no llegar a la situación de pérdida de vivienda. Señalan también que las respuestas de emergencia como las pensiones suponen "costes mucho más altos que otras alternativas como viviendas de inclusión social o centros de acogida familiar" y piden que se incrementen estas opciones.
La ZBE, el motivo por el que recibieron más quejas
La Sindicatura de Greuges de Barcelona llevó a cabo 3.421 actuaciones en 2021, de las cuales 2.568 fueron quejas, 808 fueron consultas, 41 fueron actuaciones de oficio y cuatro fueron visitas al barrio. En la presentación del informe, Bondia ha recordado que su nombramiento tuvo lugar en octubre del año pasado, por lo que "la mayor parte de los éxitos de este periodo son atribuibles a la síndica Maria Assumpció Vilà", quien ostentó anteriormente el cargo.
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y, concretamente, las futuras restricciones de movilidad a los coches con etiqueta B fue la cuestión por la que llegaron más quejas a la Sindicatura. En general, la institución recibió 498 quejas el año pasado por cuestiones de movilidad y transporte público, seguido de motivos relacionados con las actividades económicas (324) y con la seguridad ciudadana y la libertad cívica (235).
En cuanto a el número de quejas por distritos, donde más se registraron fue en el Eixample (332), en Sant Martí (238), en Sant Andreu (205) y en Sants-Montjuïc (195). Por su parte, los distritos que registraron menos quejas fueron Sarrià-Sant Gervasi (118) y Les Corts (76).
Bondia ha explicado que, en el caso de Sant Andreu, las quejas han aumentado por el sistema de recogida de residuos puerta a puerta y por los cortes de activistas independentistas de la avenida Meridiana.
Fondo 0-16 años, Servicios Sociales y amianto
El informe también indica que, a raíz de una queja ciudadana, la Sindicatura ha impulsado un cambio en las bases del Fondo extraordinario de prestaciones económicas de urgencia social dirigido a familias con menores de 0 a 16 años, para eliminar la incompatibilidad con otras prestaciones como la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Además, señala la dificultad de ser atendido por los Servicios Sociales, una situación que, si bien ya existía, "ha empeorado" a raíz de la pandemia. En este sentido, el informe concluye que las entrevistas telefónicas, "y el hecho de que acontezca el único medio con el que cuentan las personas atendidas con su persona referente, no constituyen un canal ágil y fluido de comunicación".
El documento también hace referencia a la problemática del amianto en la ciudad e insta al Ayuntamiento a elaborar un censo de edificios con presencia de este material cancerígeno y a iniciar el proceso de retirada en el menor tiempo posible, priorizando escuelas, hospitales y edificios de concurrencia pública. El informe señala que se ha elaborado un primer censo de cubiertas con el resultado de 240 hectáreas de estas plataformas que pueden tener fibrocemento: un 76% en el ámbito privado y un 24% en lugares de titularidad pública.
Por otra parte, la Sindicatura ha cerrado en 2021 una actuación de oficio sobre la implementación de elementos accesibles e inclusivos en las áreas de juego infantiles con dos recomendaciones: que tanto la renovación de estas áreas como la construcción de nuevas zonas cuenten con criterios de accesibilidad e inclusión y, por el otro, que cada barrio disponga de, como mínimo, una de estas áreas para que los niños con diversidad funcional no sean discriminados.
Por último, la Sindicatura valora positivamente la implementación de 150 dispositivos de grabación para los agentes de la Guardia Urbana, pero considera que son "insuficientes" para una plantilla de más de 3.000 personas que podrían utilizarlos. El objetivo de estas cámaras es, entre otros, poder aportar pruebas ante las quejas que cuestionan las actuaciones policiales o el trato recibido por parte de los agentes.
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