La presencia de amianto en el entorno de algunos colegios de Barcelona preocupa a las familias, que, desde hace años, se organizan para reclamar a la Administración la retirada inmediata de este material, clasificado como sustancia cancerígena por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1977 y prohibido en España desde 2002.
A la petición de estas familias se suma la Comisión contra el Amianto de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (Favb), que este miércoles ha exigido al Consorcio de Educación de la ciudad -formado por el Ayuntamiento y la Generalitat- que haga público el censo de escuelas con amianto y que planifique su retirada.
Joan Maria Soler, miembro de la Favb, ha señalado en rueda de prensa la necesidad de actuar de "forma inmediata" en las escuelas, especialmente en aquéllas en las que este material está "más cerca y más degradado". Para ello, ha pedido a todas las administraciones "ponerse las pilas" y afrontar el problema de forma "global", ya que no es algo que afecte exclusivamente a las escuelas.
Y es que la uralita (fibrocemento con amianto) es un material que fue utilizado durante años en la construcción. Las estructuras resultantes presentan el problema de que, al degradarse con el paso de los años, liberan fibras de amianto que pueden ser inhaladas y producir graves enfermedades del sistema respiratorio y varios tipos de cáncer.
"Pandemia evitable"
Josep Tarrès, médico de familia y neumólogo especialista en patologías causadas por el amianto, se ha referido a las enfermedades provocadas por este material como una "pandemia creciente, que está silenciada y que es evitable". También ha hecho referencia a la latencia de estas afecciones: "Una cosa que pasa hoy puede provocar un cáncer al cabo de 30, 40 o 50 años".
Así, la Favb ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la presencia de este material en los entornos escolares "ponga en riesgo la salud de los menores en la actualidad y en el futuro". Sin embargo, sobre la voluntad de poner remedio a este problema, Tarrès ha dicho que los políticos miran a corto plazo: "¿Qué repercusión puede tener para ellos lo que pase dentro de 40 años?", ha apuntado.
Sobre esto mismo ha hablado uno de los padres que se han movilizado contra la presencia de amianto en los entornos escolares, en este caso, del colegio 9 Graons: "Tenemos una cubierta que pasa por el medio del patio, pero siempre hay una excusa. ¿Qué haremos si en unos años nos encontramos un caso? ¿A quién iremos a reclamar?".
La lucha de las familias contra el amianto
Sobre estas construcciones, Tarrès ha señalado que, hace años, "había focos tremendos que contaminaban allí mismo, que eran las grandes fábricas. Hoy en día estos grandes focos han desaparecido, pero lo que tenemos son millones de 'microfocos' que están emitiendo fibras".
Varias de estas estructuras, situadas en construcciones y naves industriales antiguas, están muy cerca de algunos colegios, como es el caso de Els Encants, de la Escola Gaia y de la guardería Leonor Serrano, en Glòries, y también de Fluvià, Nou Graons y Antoni Balmanya.
Carolina Abadia, madre de dos menores que acuden a la escuela Els Encants y de un bebé que asiste a la guardería Leonor Serrano, cuenta que, junto a la Escola Gaia, "las tres escuelas están en una misma manzana y nos rodean varias naves industriales con cubiertas y tejados de amianto, todos ellos en estado degradado, porque tienen más de 60 años y han agotado su vida útil".
"Entre las tres escuelas, hay naves con cubiertas de amianto degradadas, que se sabe que están desprendiendo amianto y se han tratado con un procedimiento de estabilización, pero también se sabe que las pinturas que se han colocado para que no desprendan fibras se han deteriorado muy rápidamente y no están siendo todo lo eficaces que se esperaba", señala.
Ante esta situación, asegura que los padres "están muy preocupados", y que ha habido momentos en los que "30 o 40 familias han dejado de llevar a los niños a la escuela, sobre todo después de que se hicieran trabajos en estas cubiertas igual sin el debido cuidado".
También cuenta que ha habido muchas reuniones sobre este tema con el Ayuntamiento, pero que tienen la sensación de que "hay buenas palabras pero no hechos, o los hechos que hay no son contundentes". Por su parte, el padre de estos tres niños comenta que "siempre hay excusas, como que es una propiedad privada" y lamenta que, por normativa, "los propietarios tengan hasta 2028 para retirarlo, y mientras tanto los niños estén ahí".
Ante este hecho, Soler ha comentado que, efectivamente, "no tenemos una ley para los espacios privados, pero se debe preservar la salud pública, para lo que pedimos que se apliquen todas las medidas necesarias". Por su parte, Miguel Moreno, miembro de Jubilados Macosa -una empresa en la que trabajaban con amianto-, ha apuntado que "si fuera una bombona que echa gas, el Ayuntamiento entraría".
Moreno ha sido el más contundente y sentido: "Tengo compañeros enfermos y otros que han muerto. Ése es el riesgo, aunque la contaminación en las escuelas no sea igual que en una fábrica. Queremos formalidad, seriedad y compromisos. Requerimos que digan públicamente cuál es el censo que tienen y nos den un calendario de retirada, pero con seriedad y responsabilidad ante un tema de salud pública".
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