El exjefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, está citado este lunes para prestar declaración por videoconferencia ante el juez que investiga su presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar al concejal del PP Gregorio Ordóñez en enero de 1995 en San Sebastián.

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Unos hechos de los que ya se desvinculó otro exdirigente de la organización terrorista, Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza, cuando compareció también por videoconferencia desde el Palacio de Justicia donostiarra ante el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal.

El magistrado interrogará a Gracia Arregui como investigado por un delito de asesinato terrorista desde las 10.30 horas y, tras su declaración, decidirá si adopta alguna medida cautelar a petición de las acusaciones que ejercen asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia, AVT, el PP o la acusación particular que representa a la viuda y el hijo de Ordóñez.

En el caso de Antza, el juez le prohibió salir del país. En aquella ocasión, Antza fue recibido en San Sebastián entre aplausos de simpatizantes de Sortu, históricos líderes de la izquierda abertzale y algún cargo público como la edil donostiarra de EH Bildu Reyes Carrere, mientras en la Audiencia Nacional, en Madrid, se concentraba una veintena de víctimas reclamando que se esclarezcan los atentados sin resolver de la banda terrorista.

La declaración de Gracia Arregui se produce después de que varios agentes de la Guardia Civil ratificasen hace varias semanas el informe de inteligencia que dio pie a la reapertura de esta causa en 2015, que, además de contra Albisu, también se dirige contra otros exdirigentes de ETA como José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Julián Achurra Egurola, Pototo; y Juan Luis Aguirre Lete, Insuntza.

Gracia Arregui, quien "temporalmente formaba parte de la dirección terrorista en las fechas en que asesinaron al señor Ordóñez", ha permanecido voluntariamente en el país durante más de 45 días desde que fue expulsado de Francia, de modo que, según la Ley de Extradición Pasiva, su declaración puede practicarse sin necesidad de solicitar una ampliación de la entrega a las autoridades galas, según indicaba el juez en su auto.

No es el caso de los otros tres exdirigentes -actualmente en prisión- que se acogieron al principio de especialidad y a quienes Francia no acordó entregar por estos hechos.