El Gobierno espera dar en 2022 el empujón definitivo a la futura ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, con el foco puesto en la mejor utilización de los alimentos y bebidas con carácter preferente, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Planas ha explicado que, una vez que el anteproyecto de ley ya pasó por el Consejo de Ministros en 2021 en primera lectura y está siendo objeto de consulta pública, su intención es presentarlo de nuevo la próxima primavera como proyecto de ley.

La norma continuará así su fase de tramitación con el objetivo de que pueda ser aprobada definitivamente a lo largo de 2022.

Un "proyecto ambicioso"

El ministro ha destacado que la iniciativa busca "la mejor utilización de alimentos y bebidas con carácter preferente, y la revisión de las donaciones y las condiciones de venta para facilitar que la distribución pueda vender productos en perfectas condiciones".

En ese sentido, ha mencionado la excepción incluida en la reformada ley de la cadena alimentaria que da la posibilidad de que los precios de venta puedan ser "singularmente inferiores" para poder dar salida a los alimentos y aprovecharlos para zumos, salsas y otros productos.

Según la futura ley contra el despilfarro alimentario, todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el despilfarro que debe incluir una jerarquía de usos en la que la prioridad es la utilización en alimentación humana a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

"Es un proyecto muy ambicioso que se apoya en prácticas existentes, muchas de ellas ya se aplican en España y la Unión Europea. Esperamos cumplir el objetivo planteado por la ONU de reducir el despilfarro alimentario a la mitad al final de esta década para el consumo de los hogares y la pequeña distribución alimentaria", ha añadido Planas.

El ministro ha recordado que la eliminación de las pérdidas y el desperdicio de alimentos es un "instrumento fundamental" para la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social, ambiental y ético.

Cada español desperdicia anualmente 31 kilos de alimentos sin consumir, lo que en 2020 supuso un total de 1.300 millones de kilos, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.