El Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra quiere que la futura ley de diversidad familiar que el Gobierno se ha comprometido a aprobar el año que viene contemple un aumento de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses y, además, que las madres o los padres que críen solos a sus hijos puedan elegir a un familiar o a un conviviente para que disfrute de otro medio año de permiso para cuidar al bebé. Derechos Sociales se encuentra ahora mismo negociando el texto de la norma con los ministerios de Justicia, Seguridad Social e Igualdad, aunque fuentes del departamento que lidera Belarra sostienen que los mayores escollos los están encontrando con Hacienda.

El Ministerio de Derechos Sociales lleva meses perfilando el borrador de la nueva ley, que se encuentra terminado a la espera de introducir las aportaciones de otros ministerios. La intención de la parte del Gobierno de Unidas Podemos es negociar con el PSOE estos retoques en el primer trimestre de 2022 para poder poner en marcha la tramitación de la ley de familias en la primera parte del año y que esté aprobada, tras su paso por las Cortes, antes de fin de 2022. Ese es el plazo comprometido con Bruselas, si bien no se ha prometido a la UE que la norma vaya a tener ningún contenido en concreto.

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Belarra ya anunció hace meses las que quiere que sean las dos medidas estrella de la nueva ley. En primer lugar, Derechos Sociales aspira a que la norma incluya la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de los cuatro meses actuales hasta seis meses, si bien fuentes del Ministerio se abren a que esa ampliación se realice de manera progresiva. En segundo lugar, la ministra apuesta por convertir en universal a través de esta norma la ayuda de 100 euros por hijo de entre 0 y 3 años -que actualmente ya cobran las madres con trabajos asalariados pero no las que están en el paro- e ir ampliándola anualmente para que termine cubriendo a todos los menores entre 0 y 18 años.

El borrador de la ley también establece que las familias con niños con discapacidad y también aquellas familias monoparentales puedan tener acceso a un mayor número de ayudas. La idea de Derechos Sociales es equiparar sus derechos con los que disfrutan las familias numerosas. Fuentes conocedoras del contenido del borrador confirman a 20minutos que, además, a las familias con un solo progenitor se les dará la opción de extender su permiso de maternidad hasta un año completo o, en su defecto, que el padre o madre disfrute de seis meses y ceda otros seis a un conviviente o un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (hasta abuelos o hermanos).

Asimismo, Derechos Sociales ha incluido en el borrador que ahora se negocia con el resto de ministerios la equiparación jurídica de las familias casadas y de las que conviven como pareja de hecho. Esto, por ejemplo, permitiría a las segundas realizar la declaración de la renta de manera conjunta, lo cual otorgará ventajas fiscales a esos convivientes que no están registrados como matrimonio.

1.500 millones de coste el primer año

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Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales calculan que esa equiparación jurídica de las parejas de hecho con las familias casadas tendría un coste de 475 millones de euros al año, el montante total que dejaría de ingresar el Estado a nivel fiscal. Algo menos, unos 400 millones de euros, costaría que las madres de niños entre 0 y 3 años que no tienen un trabajo asalariado pudieran cobrar la ayuda de 100 euros al mes por hijo a cargo.

Por otra parte, una de las medida estrella de la nueva ley, el aumento de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses, supondría el primer año una inversión de 360 millones de euros más, a los que habría que sumar 290 millones al año para sufragar la mayor prestación a la que tendrían derecho las familias monoparentales: o bien un año entero para el progenitor, o bien seis meses para él o ella y otros seis para un familiar o conviviente. En total, el coste de las principales medidas contenidas en la nueva ley de diversidad familiar sería de 1.525 millones de euros el primer año de su aplicación, aunque esa cifra no contempla posibles recortes que puedan salir de la negociación con el PSOE.