Las familias que vivan en pobreza "moderada" con un hijo de hasta tres años de edad podrán llegar a beneficiarse de una ayuda de unos 100 euros al mes, contemplada en la estrategia que está diseñando el Gobierno para combatir la pobreza infantil. Un plan que dispondrá de al menos 779 millones de euros repartidos con otras medidas, como la ampliación de hasta seis meses de los permisos por maternidad o paternidad o la multiplicación de plazas públicas para el primer ciclo de la Educación Infantil. 

España es el tercer país de la UE en pobreza infantil

Así lo anunció este miércoles la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, junto al Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, durante la presentación de un análisis coordinado por Unicef que sienta las bases para implementar en España la Garantía Infantil Europea. Se trata de una medida aprobada en marzo por la Comisión Europea (CE) y que tiene por objetivo combatir y reducir -por lo menos a la mitad- la pobreza infantil y sus consecuencias dentro de la Unión Europea (UE).

España es el tercer país de la UE -por detrás de Rumanía y Bulgaria- con mayor tasa de pobreza infantil: uno de cada cuatro niños (27,4%, según datos del INE), está en esta situación. Una realidad que, según ha lamentado Gascón, es "indecente" y debe abordarse desde el Ejecutivo como una "cuestión de Estado" con "medidas estructurales". Precisamente por ser uno de los países con mayores porcentajes de pobreza, la CE encargó -a España y otros seis países miembros- la elaboración de un programa piloto que identifique los factores que obstaculizan o facilitan la cooperación entre políticas públicas. Este documento, por tanto, servirá ahora de guía para seleccionar las medidas a implementar en el plan de acción nacional que tiene que entregar a Bruselas en el mes de marzo de 2022. 

"La pobreza infantil es uno de los mayores fracasos que tenemos como país", aseveró la ministra Ione Belarra durante la presentación del estudio. La investigación alerta de un "incremento de la desigualdad" y un "deterioro de la situación" de los más vulnerables. Todo ello a pesar de que los indicadores no permiten todavía conocer con exactitud la magnitud e intensidad de los efectos de la pandemia. La evolución, indica el texto, es "particularmente preocupante" si se observa la situación de los menores de seis años: con tasas de pobreza moderada en 2020 (29,4%) que "superaban a las de los peores momentos de la crisis de 2008"

Una estrategia de al menos 779 millones de euros

Las cifras, según Belarra, son "inaceptables para la cuarta economía del euro y para un país democrático que se considera a sí mismo decente". Por ello, mostró el compromiso del Gobierno a mirar a la infancia y a la adolescencia desde un "enfoque multidimensional" que vaya más allá de la pobreza monetaria. "La pobreza es también no tener acceso a una atención sanitaria pública universal, no poder ir al colegio o no en las mismas condiciones que tus compañeros, no tener una vivienda digna a un precio asequible o no poder mantener una dieta sana y equilibrada", aseveró la ministra, marcando las líneas en las que se encauzará el Ejecutivo para erradicar la problemática. 

La intención, anunció, es destinar "al menos 779 millones de euros". El 5% (537 millones) provendrán del Fondo Social Europeo Plus, y el resto será "la aportación propia" del propio Gobierno al programa. El objetivo es llegar a la gente a la que el "escudo social sin precedentes" impulsado para gestionar la pandemia, no les haya protegido lo suficiente; incluyendo una serie de medidas en la futura Ley de Familias. 

Paquetes de medidas para apoyar las primeras fases

Así, plantean ofrecer un "apoyo especial" a las familias con niños y niñas de 0 a 3 años, mediante una "renta a crianza" de 100 euros al mes. Una medida que, según destacó, pretenden implantar en vista al éxito demostrado en otros países que la aplicaron. Todavía no han dejado claro cuál va a ser la vía de concesión de esas ayudas o los requisitos mínimos para obtenerla, aunque Ernesto Gasco ya ha avanzado que se destinará a "familiares en situación de pobreza moderada". Se podrá hablar así de "prestaciones familiares complementarias", que podrían incluso extenderse -aunque "con cantidades algo inferiores"- para las edades comprendidas entre los 3-18 años. 

La medida, según avanzó el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, pasará a trámite parlamentario próximamente para que no tarde en aplicarse. "Es un avance importantísimo en nuestro país", celebró Gasco, señalando la ampliación de los 250 millones de euros que había antes en inclusión social a los 3.000 millones contemplados ahora en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Este asunto va en línea con el "marco estatal de acompañamiento" que diseña el Gobierno para garantizar el apoyo de los 1.000 primeros días del nacimiento del bebé. Según explicó Belarra, "será un paquete que incluirá medidas encaminadas a garantizar un entorno saludable y seguro", junto a una serie de recursos para que las familias se sientan acompañadas en esta primera fase.

Con el mismo objetivo pretenden también ampliar los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses, "una reclamación mayoritaria de la sociedad civil", según Belarra. 

Por otro lado, Gascó también ha anunciado la creación de 65.000 nuevas plazas de titularidad pública en el primer ciclo de Educación Intantil (0-3 años), con 670 millones de euros.

Hogares monoparentales, gitanos, inmigrantes... : los más vulnerables

Uno de los factores que otorga gran vulnerabilidad a niños y adolescentes es el hecho de vivir en hogares monoparentales, que se ven especialmente desestabilizados por el gasto en vivienda: en 2020, casi la mitad de niños en esta situación (49,18%) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. 

Los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la minoría gitana -aproximadamente 190.000, según el estudio- acumulan "varios factores de exclusión" (viviendas no adecuadas, cobertura de educación infantil inferior al 50%, acceso a internet, etc.),  que provocan que el 89% de ellos viva en situación de pobreza y que la tasa de pobreza severa alcance casi el 54%. 

Casi la mitad de los niños y adolescentes de origen migrante, por su parte, se encontraban en 2019 en situación de pobreza y exclusión social. A parte de las limitaciones de acceso a prestaciones, se enfrentan también a problemas de acceso a la educación infantil: la tasa de participación en la educación entre 0-3 años es "significativamente más baja" que la del resto, debido a "dificultades de financiación de los gastos educativos".

También son especialmente vulnerables a la precariedad los 129.540 niños y adolescentes (según datos de 2019) que poseen un certificado de discapacidad. "Sigue existiendo un déficit de especialización de profesores que puedan realizar actividades de estimulación en esta fase de educación temprana, lo que afecta a la calidad educativa", señala el texto. 

Otros colectivos identificados como vulnerables son los que sufren "privación severa en materia de vivienda", que puede ir desde la ausencia de un hogar hasta la incapacidad de garantizar una temperatura adecuada en su vivienda o el hacinamiento en ella. Por último, destaca también la situación de los niños ya adolescentes que, o bien están bajo tutela en centros residenciales o que viven acogidos en núcleos familiares; lo que suponer afrontar el aislamiento social y la exclusión de los modos de socialización en los que participan la mayoría de niños y niñas.