Esprint final en la negociación de la reforma laboral a poco más de 15 días de que termine el año. El Gobierno, la patronal y los sindicatos afrontan una semana enormemente importante para el devenir de las conversaciones en la que podría definirse si finalmente hay acuerdo -que podría ser a tres bandas o del Gobierno con solo una de las partes- o si, por el contrario, el Ejecutivo legislará en solitario. Las partes tienen hasta el día 31 para aprobar el texto, por lo que no es imprescindible que haya un pacto esta semana. Pero el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales se han conjurado para intentarlo, y por ello han convocado reuniones diarias de lunes a viernes.

Nadie descarta que, como ha ocurrido en otras negociaciones, Gobierno, patronal y sindicatos apuren al máximo los plazos y mantengan abierta la negociación hasta la última semana de diciembre, más aún en este asunto, en el que se está debatiendo la norma clave a nivel laboral de la legislatura. Pero la idea es intentar evitar llegar a ese escenario, y así lo verbalizó este sábado el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que afirmó que "acelerar el proceso es positivo" y planteó que "el viernes" debería estar "cerrado" un principio de pacto. La idea, señaló Álvarez, es "dejar la semana que viene para ir perfilando los textos del acuerdo o de los desacuerdos".

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Este acelerón en las negociaciones se produce después de que, en las últimas reuniones mantenidas, se hayan producido ciertos avances en lo relativo al nuevo diseño de la contratación temporal, el asunto que está resultando más espinoso y en el que está siendo más complicado cerrar una postura común. Trabajo retiró su propuesta de limitar el número de contratos temporales a un porcentaje de la plantilla variable en función del tamaño de la empresa, una idea que había provocado el rechazo frontal de la patronal, y la semana pasada presentó un nuevo modelo en el que se acota a tres meses el tiempo por el cual una empresa puede justificar que las circunstancias de la producción le obligan a reforzar temporalmente su plantilla.

Esa propuesta ha generado mucho más consenso, aunque aún están por concretar asuntos como el tiempo máximo que podrá reforzarse la plantilla con este tipo de contratos temporales -pensados, por ejemplo, para campañas como la de Navidad- o la definición de las causas que puede alegar una compañía para realizar una contratación de este tipo. En el último encuentro, celebrado el pasado viernes, el Gobierno se comprometió a llevar una nueva propuesta para intentar cerrar los flecos con respecto a estos puntos. Y los sindicatos, que parecen haber aceptado ese máximo de 90 días para los contratos temporales, pugnan ahora por establecer sanciones lo más duras posibles a las empresas que utilicen este margen de manera "fraudulenta".

Los fijos discontinuos y los convenios

El diseño de los contratos fijos discontinuos es otro de los temas que Gobierno, patronal y sindicatos quieren cerrar esta semana. Este es el instrumento que Trabajo quiere potenciar para convertir en indefinidos a trabajadores que son contratados temporalmente de manera regular para hacer frente a trabajos estacionales, como ocurre en sectores como el del turismo en época vacacional, que tienen durante varios meses al año grandes picos de trabajo. 

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La patronal no rechaza de plano la idea de que los fijos discontinuos pasen a ser los contratos por defecto para estos trabajadores estacionales, que hasta ahora son contratados habitualmente de manera temporal. Pero no está de acuerdo en que los empleados sumen meses de antigüedad en la misma medida cuando están activos que en los periodos en los que la empresa no los ha llamado a incorporarse a su puesto, algo que sí plantean los sindicatos y Trabajo.

El reequilibrio de la negociación colectiva es el tercero de los asuntos clave que buscan cerrar patronal, sindicatos y Gobierno esta semana. El Ejecutivo y las centrales son partidarios de que el convenio sectorial vuelva a tener prevalencia sobre el de empresa, para evitar que, en compañías más pequeñas donde los trabajadores tienen menos poder de negociación, se devalúen los acuerdos alcanzados en los niveles superiores. No obstante, hasta ahora no han conseguido alcanzar un acuerdo con la CEOE en este asunto, si bien fuentes de UGT afirman que para los sindicatos es innegociable "que se reconozca la prioridad aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa", y que lo haga "de forma expresa" al menos "en lo concerniente a salarios y jornada".