La semana en la que el Gobierno hizo creer que acabaríamos viendo 'El juego del calamar' en catalán

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del pasado martes.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del pasado martes.
EFE

Entre este titular, "Sánchez logra el sí de ERC a las cuentas a cambio de que el 6% de las películas en plataformas estén en lenguas cooficiales", y este otro, "El Gobierno renuncia a imponer cuotas de contenidos en catalán a Netflix y HBO y ERC se descuelga de la Ley Audiovisual", hay apenas siete días de margen. Una semana, la que va del 23 al 30 de noviembre, en la que el Gobierno guardó silencio sobre los detalles de una de las claves del anteproyecto de Ley Audiovisual y dejó que corrieran informaciones erróneas en torno a las cuotas en lenguas cooficiales y los operadores a los que afectarán.

Si la semana pasada ERC anunció que serían obligatorias para todas las plataformas –versión que el Ejecutivo nunca desmintió y que dio por buena de forma tácita–, este martes la Moncloa desveló que sólo afectarían a las plataformas españolas, pero no a Netflix o HBO. Entre una versión y otra, por cierto, se aprobaron en el Congreso los presupuestos para el año que viene, con el apoyo clave de ERC. Esta es la crónica de una semana de confusión, medias verdades y de un conflicto aún no resuelto que ha tensado las relaciones entre los socialistas y los independentistas.

Mañana del 23 de noviembre: ERC anuncia el acuerdo

Que el Gobierno y ERC negociaban los presupuestos desde hacía semanas no era ningún secreto, y que la Ley Audiovisual formaba parte de las conversaciones, tampoco. El Ejecutivo era más partidario de incentivar a los operadores para que incluyeran contenidos en lenguas cooficiales, mientras que los independentistas preferían cuotas de obligado cumplimiento. El martes 23 de noviembre se anunció el acuerdo y, al menos en un primer momento, pareció imponerse la posición de ERC.

"Hoy, el grupo de ERC anuncia una serie de acuerdos en torno a los presupuestos con el Gobierno –dijo su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián–. La Ley Audiovisual ha sido una negociación en paralelo junto con estos presupuestos del Estado (...). Hemos alcanzado un acuerdo de mínimos que es el siguiente: se establece una obligación, una obligatoriedad, de incluir una cuota en lenguas cooficiales del 6% del contenido ofertado en todas y cada una de las plataformas audiovisuales. ¿Se entiende?".

Así lo contó ERC y, en efecto, así se entendió, también en el comunicado que los republicanos remitieron a la prensa: "La ley incorpora, por primera vez, cuotas (...). La directiva europea prevé que un 30% del catálogo de las plataformas sea de obra europea [y], de toda la oferta europea disponible, un 20% de la producción será en catalán, euskera o gallego (...). Representa un 6% de la oferta mundial del catálogo", rezaba ese escrito.

Mediodía del 23 de noviembre: el Gobierno celebra el pacto

El PSOE no se pronunció en ningún momento sobre el acuerdo con ERC. "En relación a las negociaciones entre el Gobierno y ERC, os remitimos a la rueda de prensa que dará la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros", indicaron los socialistas a la prensa. Y, en esa rueda de prensa en la Moncloa, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dio pocos detalles sobre el pacto con los independentistas, pero sin desvelar en ningún momento que el texto no obligaría a las plataformas extranjeras a emitir contenidos en lenguas cooficiales, pese a ser preguntada expresamente por ello.

"Rufián ha hablado de establecer un 6% de cuota de lenguas cooficiales para producción. No sé si habrá también incentivos y si podría concretar cómo se desarrollarían", preguntó un periodista a la portavoz. "Efectivamente, nos constan estos acuerdos parlamentarios donde se llega a proteger a través de una serie de cuotas las emisiones que han de hacerse en estas lenguas cooficiales", replicó Rodríguez, que, para más detalles, remitió a "un briefing –una reunión off the record de la prensa con un responsable de perfil técnico– con el secretario de Estado de Telecomunicaciones [Roberto Sánchez]" esa tarde.

Tarde del 23 de noviembre: Economía no aclara el error

Desde ese momento y hasta casi una semana después, nadie en el Gobierno aclaró el error. Ni en aquella reunión ni en las consultas que la prensa formuló al Ministerio de Nadia Calviño –responsable de la norma– se explicó que las cuotas eran obligatorias únicamente para las plataformas con sede en España. Cada vez que se formulaban preguntas del estilo "¿entonces, Netflix tendrá que cumplir las cuotas?", distintos portavoces y responsables técnicos evitaban hablar de "plataformas o empresas concretas" o "dar nombres", pero no diferenciaron en ningún momento entre compañías locales y extranjeras

Mañana del 30 de noviembre: comienza la rectificación

Una semana después, sin embargo, ya circulaban algunas informaciones que apuntaban a que el texto que el Gobierno iba a aprobar en Consejo de Ministros excluía a las plataformas de otros países. A primera hora de la manaña, en el Congreso, se preguntó a Rufián por ello: "Se dice que, por la legislación europea, no se va a poder obligar a las [plataformas] que no tengan sede en España a cumplir con ese porcentaje que han pactado con el Gobierno", se interesó una periodista. "Sabemos bastante bien el texto que el Gobierno va a presentar en el Consejo de Ministros (...). Hay cosas que evidentemente hay que mejorar. Creo que usted señala alguna de ellas", se limitó a responder el portavoz.

Mediodía del 30 de noviembre: una versión en público y otra en privado

Horas más tarde, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Nadia Calviño fue preguntada por las cuotas de forma muy específica: "Me gustaría saber si las plataformas que no tienen residencia en España están obligadas a cumplir esta cuota del 6%", se interesó un periodista. La vicepresidenta no contestó: "Creo que los detalles ya han sido explicados por el secretario de Estado de Telecomunicaciones", apuntó. Pero, justo después de terminar la comparecencia pública, fuentes gubernamentales aclararon el embrollo en privado y dejaron muy claro que las cuotas no eran obligatorias para ninguna plataforma con sede fuera de España, al tiempo que sostuvieron que ERC conocía desde el principio esa limitación de la ley.

Tarde del 30 de noviembre: el enfado de ERC

Si ERC lo sabía desde el comienzo, disimuló muy bien. Porque, hacia las ocho de la tarde, Rufián compareció de nuevo y anunció que no apoyaría la ley de confirmarse lo que trasmitían fuentes de la Moncloa. "Si el PSOE quiere respetar el acuerdo y quiere respetar la mayoría que le permite en muchos casos sacar toda la agenda legislativa, creo que le conviene cumplir con ERC (...). El tema de la lengua es sagrado. Si esa ley no afecta en el porcentaje para lenguas cooficiales a plataformas radicadas fuera de España, ERC no apoyaría esa ley (...). Podíamos sospechar que el PSOE iba a hacer trampas con esto, pero no vamos a tragar (...). Tocarle las narices a ERC con esto es un mal negocio", zanjó.

¿Y ahora qué?

Desde entonces, PSOE y ERC parecen haber encauzado la crisis, al menos en cierta medida. Los republicanos no cumplieron su amenaza de intentar tumbar las cuentas en el Senado y han mantenido reuniones con los socialistas para intentar cerrar el texto de la Ley Audiovisual, aunque por ahora no hay acuerdo. "Las conversaciones avanzan con normalidad", se limitó a decir, este viernes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Preguntados por el motivo de que ERC y Gobierno dieran versiones distintas sobre el contenido de la norma, fuentes parlamentarias apuntan a algo que Rufián deslizó en su última comparecencia del martes 30: que probablemente ERC nunca llegó a tener el texto definitivo en sus manos.

"No sé ustedes, pero nadie tiene el texto propiamente dicho (...). Es inédito que a estas horas no se sepa exactamente qué han aprobado en el Consejo de Ministros", admitió Rufián. Fuentes consultadas por 20Minutos señalan que la norma la llevó el ala socialista del Gobierno en solitario, con especial protagonismo de Calviño. Unidas Podemos, con quien no hubo contactos en los últimos meses al respecto de esta norma, tampoco la ve con buenos ojos. Jaume Asens, presidente de su grupo en el Congreso, ha advertido de que los morados se inclinan por rechazarla. A día de hoy el contenido definitivo de la norma y los apoyos con los que podrá contar son un incógnita.

La cuestión de fondo: un debate jurídico y una posible multa millonaria

Polémicas al margen, la Ley Audiovisual encierra otras dos cuestiones relevantes. La primera, un debate jurídico que tiene como protagonista a la Directiva 2010/13/UE, modificada por la Directiva 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, encargada de delimitar las obligaciones que se pueden imponer a una plataforma audiovisual, que se basa en el 'principio de país de origen' y que, en su artículo 18, establece que los estados velarán por que los operadores "sujetos a su jurisdicción" dispongan al menos de un 30% de obras europeas en su catálogo, lo que a juicio de Calviño limita la posibilidad de imponer cuotas en lenguas cooficiales a las compañías con sede en España, opinión compartida por la mayoría de expertos.

ERC, en cambio, sostiene que hay margen legal para obligar a todos los operadores con independencia de dónde estén establecidos, entre otras cosas porque esa misma directiva recoge la posibilidad de imponer obligaciones –como contribuciones a fondos de apoyo a la producción europea– a "prestadores de servicios de comunicación dirigidos a audiencias situadas en sus territorios pero establecidos en otros Estados miembros", si bien en ningún caso contempla imponer cuotas obligatorias de emisión a estas plataformas.

Finalmente, como segunda cuestión relevante, está en el aire una posible multa millonaria, porque la Comisión Europea exigió el pasado 23 de septiembre a España que traspusiera en el plazo máximo de dos meses la citada directiva audiovisual tras reiterados incumplimientos. Sin embargo, el Gobierno sigue sin satisfacer ese compromiso, lo que podría desembocar en un expediente sancionador que acarree una cuantiosa sanción económica al Estado.

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