El Gobierno ya cuenta con la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar este jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y enviarlo al Senado. Este martes, ERC anunció haber llegado a un acuerdo para votar a favor del texto a cambio, entre otras medidas, de que el Ejecutivo incluya dentro de la ley audiovisual que aprobará antes de fin de año la obligatoriedad de que las plataformas online -como Netflix- ofrezcan a los usuarios al menos un 6% de sus contenidos en catalán, euskera o gallego. Los votos de los independentistas catalanes se unirán a los de Bildu y otras fuerzas minoritarias para dar una holgada mayoría al Ejecutivo.

Los socialistas avanzaron ya este martes que esperaban que el acuerdo con los independentistas se cerrara en "horas" y así ha sido. El apoyo de ERC es el último de los que se confirmaron, aunque desde que este lunes Bildu anunciara su sí a las cuentas, éstas parecían encarriladas. Además de los independentistas vascos y catalanes de izquierdas, este martes también anunciaron su voto favorable a los Presupuestos los cuatro diputados del PDeCAT. Y a todos ellos podrían sumarse en las próximas horas los seis escaños del PNV, con quien el Gobierno se encuentra cerrando la negociación.

Con los votos de todos esos partidos, junto a los ya confirmados de Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y PRC, previsiblemente el proyecto de Presupuestos de 2022 volverá a reunir los mismos apoyos que las cuentas de 2021, que el año pasado tuvo entre 187 y 188 apoyos. De hecho, el Gobierno conseguirá por segundo año consecutivo sacar adelante el texto con una cómoda mayoría absoluta, al superar los 176 escaños que marcan la mitad más uno de los diputados del Congreso.

Contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales

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El asunto que ha dilatado hasta este martes el sí de ERC a los Presupuestos ha sido la concreción del mecanismo para garantizar un mínimo de contenidos en catalán, gallego o euskera en las plataformas audiovisuales. Los republicanos apostaban por establecer un porcentaje mínimo, mientras el Gobierno era más partidario de establecer incentivos económicos a las plataformas para que incluyeran estos contenidos. 

El acuerdo final es una mezcla de ambas propuestas. Tal y como explicó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el Gobierno establecerá en la nueva ley audiovisual que el 6% del total de contenidos ofrecidos por las plataformas debe ser en lenguas cooficiales, mientras otro 9% deberá estar en castellano y un 15% más tendrá que ser de producción europea, tal y como establece la directiva de la UE que marca las líneas maestras de la nueva norma. Por otra parte, anunció Rufián, se establecerá un impuesto a la producción audiovisual cuya décima parte se dedicará a financiar la producción en lenguas cooficiales a través del Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales.

Además, el portavoz de ERC señaló que las plataformas digitales estarán legalmente obligadas a ofrecer el doblaje o los subtítulos en catalán, gallego o euskera para todos sus contenidos siempre que estos existan. "Esto parece baladí, pero es importante, porque hasta ahora existía contenido doblado en catalán, euskera o gallego pero las plataformas no lo ofertaban porque no tenían obligación de hacerlo", explicó Rufián.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que el pacto con ERC proporcionará "viabilidad" a la nueva ley audiovisual "una vez salga del Consejo de Ministros", algo que ocurrirá antes de fin de año. "Es una ley importante que da cumplimiento a una directiva europea y que forma parte de nuestros compromisos del plan de recuperación" enviado a Bruselas, presumió Rodríguez, que aseguró que la nueva norma pondrá "en valor todas las lenguas del Estado".

Partidas para los mossos o para vivienda

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Más allá de las modificaciones en el proyecto de ley audiovisual, el Gobierno se ha comprometido con ERC a permitir la prejubilación de los Mossos d'Esquadra a los 60 años, como ya pueden hacer los funcionarios de la Policía Nacional o la Ertzaintza. Se trata de una medida que también disfrutarán a partir del año que viene los miembros de la Policía Foral de Navarra, como apuntó posteriormente la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

De igual manera, Rufián explicó que el Gobierno transferirá 10 millones de euros a la Generalitat de Cataluña para comprar viviendas propiedad de la Sareb, el banco malo creado por el Ejecutivo en 2012 para hacerse cargo de los activos tóxicos de las entidades bancarias. Estas viviendas se dedicarán a funciones sociales, especialmente a alquiler a precios reducidos para jóvenes, afirmó el portavoz de ERC, que apuntó igualmente que la ciudad de Barcelona recibirá una partida especial de 11 millones de euros para realizar políticas sociales de vivienda.

El acuerdo del Gobierno con ERC contempla igualmente la transferencia de hasta 5 millones de euros para mejorar la sostenibilidad de las carreteras, y según explicó Rufián se ha acordado la transferencia a la Generalitat de las autovías B23 y B30. Asimismo, el Estado transferirá 1,6 millones de euros a la administración catalana para compensar la eliminación de peajes en la AP-7 y la AP-2.

La tele vasca en Navarra, clave para sumar a EH Bildu

El acuerdo con ERC llegó apenas un día después de que el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, anunciara que los abertzale también votarán a favor de los Presupuestos este jueves. A cambio de los apoyos de sus cinco diputados, el Gobierno ha prometido garantizar que, antes de que acabe 2022, todos los hogares de Navarra reciban en sus televisores el canal infantil ETB3, de la corporación pública vasca y con programación exclusivamente en euskera. 

Bildu también ha pactado con el Ejecutivo enmendar la ley de vivienda para convertir en definitiva la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables puesta en marcha durante la pandemia. Y la semana pasada, los abertzale ya acordaron -e introdujeron como enmienda a las cuentas- la creación de un fondo de 25 millones de euros para ayudar e indemnizar a las víctimas del amianto.

El PDeCAT, por su parte, ha conseguido el compromiso del Gobierno de que modificará la ley para que las entidades sociales privadas puedan acceder a los fondos europeos de recuperación, que en el caso de Cataluña tienen tradición de prestar servicios sociosanitarios junto al Gobierno "desde hace muchísimos años", en palabras del portavoz posconvergente en el Congreso, Ferrán Bel.

Finalmente, la principal de las reivindicaciones que Más País ha conseguido incluir en los Presupuestos es una primera partida de diez millones de euros para el proyecto piloto de la reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldos para los trabajadores para aquellas empresas que voluntariamente se acojan al mismo.