El Gobierno está cada vez más solo en su afán de mantener la visión optimista de la recuperación económica que plasmó en el Proyecto de Ley de Presupuestos. El último organismo en abandonarle ha sido la OCDE, que el miércoles asestó un recorte de más de dos puntos en su previsión de crecimiento para la economía española este año. La institución espera ahora que el PIB nacional crezca un 4,5% este año -frente al 6,8% que vaticinó en septiembre- y que lo haga un 5,5% el año próximo -en comparación con el 6,6% anterior-.

De este modo, la OCDE se suma a las decenas de analistas que han revisado a la baja sus previsiones para la economía española desde que el Ejecutivo presentó su escenario macroeconómico el pasado 21 de septiembre. Entonces, estimó que el PIB rebotaría un 6,5% este año y un 7% en 2022, dos pronósticos en los que ya prácticamente nadie confía pero en los que el Gobierno basó todo el cálculo de ingresos y gastos de los presupuestos para el año que viene.

La UE rebaja al 4,6% el crecimiento previsto este año para España, el único país que no se recuperará hasta 2023

El primer y más importante jarro de agua fría para las expectativas gubernamentales llegó apenas dos días después de que se presentara el escenario macro. El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció un recorte de una dimensión sin precedentes en el dato de crecimiento registrado en el segundo trimestre, que rebajó del 2,8 avanzado en un primer momento a tan solo un 1,1%, 1,7 puntos porcentuales de diferencia. A raíz de esta revisión, los analistas han aplicado importantes rebajas en sus previsiones, que cada vez están más alejadas de la visión del Ejecutivo a medida que pasa el tiempo.

Este fenómeno, sumado a una inflación más elevada de lo previsto inicialmente,  unas interrupciones en la cadena de suministros globales que aún persisten y a los temores que ha despertado la posibilidad de una nueva ola grave de contagios han rebajado todavía más el optimismo. 

Tanto es así que, de las trece proyecciones macroeconómicas publicadas en noviembre que ha logrado recopilar este periódico, ninguna espera que la economía crezca más de un 5% en 2021. El frenazo en las expectativas también se hace extensible a 2022, año en el que solo dos analistas confían en que el rebote supere el 6%.

Salvo que un movimiento inesperado de última hora lo remedie, España crecerá por debajo de la media de los países europeos este año pese a ser el que más se hundió el año pasado (una caída del 10,8% del PIB). Todo ello hará que la economía española tenga que esperar hasta 2023 para recuperar por completo su nivel de producción anterior a la crisis, la única de la UE que se demorará tanto.

Sin embargo, el Gobierno no ha manifestado por el momento ninguna intención de enmendar su escenario económico. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, insistió el martes en "la prudencia" con la que se han elaborado los presupuestos. Una prudencia que hace, según defendió, que "estemos en línea para cumplir nuestros objetivos de déficit de 2021". "La recuperación está en marcha y es muy fuerte, las perspectivas económicas son positivas, la política económica de nuestro país es la que se necesita en este momento, y España lidera el despliegue del plan de recuperación", destacó Calviño un día más tarde en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.  

Las consecuencias de crecer menos de lo esperado

Que el Ejecutivo tenga más o menos acierto a la hora en las previsiones macroeconómicas con las que elabora los Presupuestos no es una cuestión baladí. La estimación de crecimiento de la economía determina los ingresos que el Estado espera recaudar en las cuentas públicas y, por tanto, la cantidad que puede permitirse gastar y el déficit en el que incurrirá cuando lo haga. Si la economía crece menos de lo esperado los ingresos serán menores de lo previsto. Y si el gasto no varía aumentará el desequilibrio de las cuentas públicas y con él la deuda acumulada. La mayor parte de los ingresos de los que se nutren los presupuestos proceden del IRPF y del IVA. En el primer caso, la recaudación está condicionada por los salarios y, por tanto, por la situación del empleo general. En el segundo, los ingresos dependen de la buena marcha del consumo.

Sin embargo, pese a que el escenario de recaudación para el año próximo sea ahora sustancialmente más pesimista que cuando se elaboraron las cuentas públicas, tanto el Banco de España como la Airef ven factible que el déficit de este año sea menor incluso del esperado. Esto es así por dos razones. La primera es que, dejando de lado las expectativas de crecimiento, la recaudación tributaria está yendo mejor de lo que esperaba el propio Gobierno. La segunda tiene que ver con un fenómeno habitual. Tradicionalmente los gobiernos no han sido capaces de ejecutar todo el gasto presupuestado a tiempo, un fenómeno que este año -con el lento ritmo de ejecución de los fondos europeos- no sería una sorpresa que se repitiese.