El Gobierno ha presentado este miércoles un paquete de 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de matizar aspectos como la identificación de las víctimas de la Transición, el cambio de nombre del Valle de los Caídos o la supresión de títulos nobiliarios. No obstante, si hay una medida en la que se ha incidido desde el Ejecutivo es la enmienda que contemplará que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura "no sean amnistiables"; algo que, sin embargo, ya contemplaba el marco legal español.
En el texto, que todavía se encuentra en fase parlamentaria, se presenta la enmienda como una medida que busca prevalecer el derecho internacional en este tipo de crímenes y abrir la puerta a investigar los sucedidos durante el franquismo y que pudieron ser amnistiados en 1977.
En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha celebrado el acuerdo alcanzado, y ha puntualizado que se trata de una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 y no de una derogación, ya que dicha norma conllevó otros aspectos que no podrían anularse.
"Esto no aporta nada nuevo", reconoce a 20minutos Isabel Álvarez Vélez, Doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas, que afirma que estos crímenes ya pueden ser juzgados, por lo que "no es necesario volver a recordarlo".
"En los artículos 95 y 96 de la Constitución española se especifica que los tratados internacionales que España firma forman parte de nuestro ordenamiento interno y despliegan todos sus efectos, con lo que tiene poco sentido esto", dice Vélez.
El diputado de Unidas Podemos aseguró ante los medios que esta enmienda ayudará a que la ley de 1977 "no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir" este tipo de crímenes, en referencia a intentos del pasado de juzgar crímenes franquistas que fueron archivados por la justicia.
No obstante, la profesora de Derecho Constitucional afirma que si en el pasado los intentos de juzgar crímenes franquistas se echaron para atrás no fue porque la amnistía de 1977 frenó que se juzgaran crímenes de lesa humanidad o genocidio, sino porque "no tenían sentido".
"El alcance será reducido"
Aunque el alcance "va a ser reducido", la justicia, ha argumentado Enrique Santiago, "no solo es sancionar, también es muy importante conocer la verdad judicial" que tiene en sí misma "un efecto reparador" para las víctimas.
El diputado de Unidas Podemos ha admitido que por el tiempo trascurrido desde estos crímenes el efecto en materia de justicia no "va a ser muy importante", ya que la responsabilidad penal acaba con la muerte y muchos responsables han fallecido, pero sí se podrá alcanzar una "verdad judicial" y no se permitirá la impunidad.
"No se trata de juzgar a servidores públicos de la dictadura, sino a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables", ha explicado Santiago, que ha aludido a personas que hayan cometido delitos de tortura o en el caso de ministros del franquismo aquellos con una actuación "directa" con "daños o lesiones".
Unas enmiendas en busca de apoyos
El Gobierno buscará ahora lograr el apoyo de sus socios parlamentario para sacar adelante el paquete de enmiendas, y desde Unidas Podemos creen que ERC y PNV las apoyarán, al ser formaciones que también sufrieron de forma directa la represión.
Sin embargo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este miércoles al PSOE y Unidas Podemos de "engañar a la gente" y "vender humo con un triunfalismo absurdo" con la enmienda que han presentado.
Desde ERC recalcan que España ya se "pliega" a esa legalidad internacional desde la aprobación de la Constitución de 1978 y que, incluso antes, en 1977, el año de la ley de amnistía, nuestro país ya se adhirió a la Convención de Ginebra. Por eso considera que sostener que con la enmienda registrada por los grupos que forman el Gobierno de coalición se "abre la puerta" a que la ley de amnistía se pliegue a la legalidad internacional es "engañar al personal".
El PSOE defiende la enmienda y mantiene su negativa a derogar la normativa de 1977, como piden ERC y EH Bildu, porque "no sería la panacea" y "las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar de forma retroactiva", por lo que derogar "no permite avanzar en dar soluciones a las víctimas de la dictadura franquista".
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