Las economías avanzadas se enfrentan a un importante dilema a medida que su población envejece y el crecimiento económico amenaza con ralentizarse a largo plazo, porque mantener los niveles de asistencia en los servicios públicos y beneficios sociales -especialmente el sistema de pensiones y el sanitario- será cada vez más costoso para los países, que tendrán que decidir si suben los impuestos, recortan el gasto o dejan que la deuda se dispare aún más. 

Un informe de la OCDE publicado este martes ha puesto cifras a este problema. En él, los investigadores de la organización estiman que, si nada cambia, un país medio tendría que aumentar la presión fiscal –el ratio de ingresos públicos sobre PIB– ocho puntos en 2060 si quiere mantener la deuda bajo control. Este porcentaje rondaría los trece puntos en el caso de España, uno de los países más sensibles a esta problemática, y de materializarse llevaría la presión fiscal por encima del 50% del PIB en 2060.

Las proyecciones de la OCDE tienen en mente un contexto en el que se espera un declive generalizado en el crecimiento económico a largo plazo en los países del entorno del grupo y del G-20. El documento prevé que, una vez consolidada la recuperación tras la Covid, los países de las dos organizaciones crezcan al 3% anual los primeros años, un crecimiento que se iría reduciendo hasta caer al 1,5% ya en 2060. 

Qué hacer

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La primera opción para hacer frente a los gastos crecientes pasaría por "un ambicioso paquete de reformas" sobre el mercado laboral y la edad de jubilación. La OCDE estima que, si se combinan medidas para aumentar las tasas de empleo con reformas para eliminar la jubilación anticipada, y además se vincula la edad de jubilación real a la esperanza de vida, el aumento necesario en la presión fiscal para el país tipo de la organización se reduciría a la mitad. El documento recoge que, por cada año de incremento en las expectativas de vida, se debería retrasar la edad de jubilación real ocho meses para cumplir con el pronóstico.

Otra vía para recortar el gasto, según el documento, pasaría por reformar los sistemas sanitario y de pensiones para hacerlos más eficientes y prevenir que el gasto se dispare.

Si no se acometiera ninguna reforma, la OCDE sostiene que todos los países del grupo necesitarían subir impuestos para prevenir un aumento de la deuda, un extremo que parece poco viable especialmente en Estados como Francia o Dinamarca que soportan cargas fiscales que actualmente rondan el 50% del PIB. 

Otra alternativa pasaría por soportar el gasto con más endeudamiento, algo que resultaría teóricamente factible al menos en parte. En este caso, la OCDE sostiene que si las condiciones de financiación se mantienen favorables, el endeudamiento adicional "podría absorber algo de esta presión". No obstante, recuerdan que dejar que la deuda pública aumente conlleva "riesgos y sacrificios, así que esta estrategia no puede dejar de lado permanentemente la necesidad de reformas políticas". En concreto, la investigación estima que si las presiones sobre el gasto no se compensan con recortes o más ingresos la deuda neta de los países alcanzará el 300% del PIB para 2060, el triple del nivel actual.

Pensiones y sanidad, los grandes disparadores del gasto

La OCDE prevé que el sistema sanitario y las pensiones sean las partidas que más tensionen las cuentas públicas. En concreto, para el país tipo de la organización se espera que el gasto sanitario se incremente 2,2 puntos del PIB entre 2021 y 2060, una estimación que además no tiene en cuenta los costes adicionales futuros que podría generar la pandemia (por ejemplo, si los países deciden ampliar su capacidad en cuidados intensivos o aumentar los salarios de los sanitarios).

Sin embargo, las pensiones serán el apartado que más disparará el gasto público, con un incremento de 2,8 puntos porcentuales de PIB entre este año y 2060 para el país tipo de la OCDE. En este caso el estudio apunta a que los países que ya han legislado para ampliar las edades legales de jubilación -en especial aquellos que las han vinculado a la esperanza de vida- tienden a tener un gasto proyectado menor.

A estas partidas hay que sumar otras fuentes de gasto primario, que la institución proyecta que eleven en un punto y medio adicional de PIB a la presión fiscal para el país tipo del grupo. Todo ello sin tener en cuenta importantes fuentes potenciales de presión sobre el gasto, como las políticas de adaptación al cambio climático.

Los costes derivados directamente de la pandemia, sin embargo, añadirían apenas medio punto porcentual de PIB a la presión fiscal a largo plazo para el país tipo debido a su naturaleza temporal. "El impacto fiscal directo de la pandemia palidece en comparación con las presiones adicionales originadas por tendencias seculares como el envejecimiento de la población y el aumento del precio relativo de los servicios", apunta el documento.