Así, ha defendido que "el derecho a la propiedad privada no se puede vulnerar y debe prevalecer sobre esta invasión e intervención estatal". Asimismo, se ha referido a "la falta de acuerdo y consenso" de esta norma y ha reprochado que el Gobierno central actúa, una vez más, "de espaldas a los ayuntamientos".

Al respecto, García Urbano se ha referido a que el equipo de gobierno local ha desarrollado en Estepona, esta última década, una política para reducir impuestos, "con una disminución acumulada que supera el 20% en el recibo del IBI". Además, ha impulsado proyectos para la construcción de vivienda protegida, así como ayudas para los colectivos más vulnerables.

En materia de vivienda, García Urbano ha recordado que en la última junta de gobierno de la FEMP propuso que la federación lidere un movimiento para desjudicializar los asuntos relativos al fenómeno okupa. De esta forma, ofreció al Gobierno central la colaboración de los ayuntamientos para fijar mecanismos que agilicen y resuelvan este problema en favor de los vecinos.