Pablo Casado anunció este miércoles que llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda que acordó el Ejecutivo en el día de ayer, y aseguró que ninguna de las comunidades autónomas que gobierna su partido la aplicará. El líder del PP declaró que "este intervencionismo es suicida" y que "el mensaje que da es de inseguridad jurídica".

En una entrevista en el programa de Ana Rosa (Telecinco), Casado señaló que un Gobierno no puede "interferir" en la libertad y en la propiedad privada. El jefe de la oposición avisó de que, con las medidas del Ejecutivo,,, "lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos, por tanto, el precio de los mismos subirá".

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Casado aseguró que rechaza la ley porque "si tú tienes un piso con una hipoteca porque has ahorrado durante toda la vida para dejárselo a tus hijos", no puede ser que "el Gobierno te diga a qué precio lo puedes alquilar". Además, el líder de los populares añadió que "no es una cuestión de dar ayudas sino de dar seguridad jurídica, que vengan a España los inversores y que los jóvenes tengan empleo porque así podrán acceder al alquiler".

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Por eso, Casado anunció que el PP llevará la decisión del Gobierno de "intervenir" el mercado del alquiler ante el Constitucional. 

"Sánchez es rehén de sus socios radicales y es una pena que España tenga el Gobierno más radical de la UE", manifestó el jefe de la oposición, para recordar que su partido también llevó al TC la ley de alquileres de Cataluña.

Las CCAA del PP no aplicarán la ley

Cuando la Ley de Vivienda se apruebe definitivamente, hay algunas cuestiones relativas a su aplicación que quedarán en manos de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Una de las propuestas es la aplicación de más impuestos a pisos vacíos, que la norma penalizará económicamente para fomentar que salgan al mercado. La ley ofrecería a los ayuntamientos la posibilidad de poner en marcha un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150%, pero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya aseguró el pasado martes que en Madrid "no lo aplicará".

Además, las Comunidades Autónomas podrán delimitar y declarar tensionada una determinada zona por un máximo de tres años. No será una decisión arbitraria, sino que estará sujeta a datos objetivos, por ejemplo, que el precio del alquiler haya crecido cinco puntos por encima del IPC y que las familias tengan que destinar un porcentaje de su renta superior al 30% para costearlo. Además, tendrán que comunicarlo al Gobierno central, encargado de aplicar medidas como las deducciones fiscales.

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Las critican también llegaron desde las comunidades gobernadas por los populares. La consejera de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, avanzó que recurrirá la norma al Constitucional, pues interpreta que "atenta directamente" contra su Estatuto de autonomía.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Gobierno por no haber remitido a su comunidad un borrador de la ley de vivienda y dijo que, de lo que conoce por la prensa, "no se desprende nada bueno ni para inquilinos, ni para propietarios", y el andaluz Juanma Moreno recordó al Gobierno que las comunidades tienen las competencias y calificó la futura ley de "claramente intervencionista".

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también tildó de "intervencionista" la ley, y el murciano Fernando López Miras sostuvo que es una "una ley expropiadora", "comunista" y adelantó que no la aplicará.

Frente a estas críticas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó al PP a dar oportunidad a la ley "un gran acuerdo de Estado". "No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni siquiera ha podido leer y que ni se ha debatido en las Cortes Generales", incidió el jefe del Ejecutivo, que puso el acento en que la vivienda es "un asunto fundamental" y que convertirla en un "derecho" es algo que está "pendiente en la sociedad".