En el entorno de la Catedral de Sevilla, declarada Patrimonio Mundial, Virginia Pérez ha reflexionado sobre la incidencia del anteproyecto de Ley de Reforma de la Legislación del Patrimonio Histórico Español en el ámbito municipal, toda vez que la nueva regulación, según el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, contempla aspectos como la nueva figura de los "planes de salvaguardia" para los monumentos, la obligación de la conservación preventiva para que los bienes culturales no se deterioren o la prohibición a la Iglesia de enajenar los bienes de interés cultural, salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Publicas, una prohibición que ya existía en los bienes muebles eclesiásticos.

Otras de las finalidades de esta nueva ley son terminar la regulación del Patrimonio Cultural Inmaterial que la ley de 2015 "dejó con tratamiento imperfecto"; dar más contenido a los planes nacionales que en 1985 estaban regulados; dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España o hacer obligatorias las reglas sobre el uso de cables y rótulos en los conjuntos históricos.

No obstante, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Cs, ha formulado 20 alegaciones a dicho texto avisando de que el mismo invade competencias autonómicas y municipales, mientras en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, también ha registrado alegaciones para aclarar si la propuesta de nueva regulación estatal incurre en "una invasión competencial" en materia de la gestión de los bienes declarados como Patrimonio de la Humanidad, pues los Reales Alcázares de la capital andaluza gozan de tal sello y están gestionados por un patronato dependiente del Consistorio.

MÁS ALEGACIONES

El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el popular José María Bellido, ha formulado igualmente alegaciones avisando también de una posible invasión de competencias municipales, mientras otros municipios con abundante patrimonio histórico y bienes declarados Patrimonio Mundial, como Antequera, donde gobierna el popular Manuel Barón, han interpuesto alegaciones en el mismo sentido.

En ese sentido, Virginia Pérez ha acusado al Gobierno central de intentar "meter la mano en el legado histórico de todos, invadiendo las competencias de los ayuntamientos y las comunidades autónomas". "El modelo sectario del socialista se va a encontrar de frente con el Partido Popular", ha advertido la presidenta popular, defendiendo que el Gobierno autonómico, conformado por el PP y Cs, ha actualizado de su lado el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con un "récord en número de bienes catalogados, reconocidos como patrimonio y más y mejor protegidos".

"Durante esta legislatura se han producido 177 nuevas inscripciones frente a los 85 expedientes de inscripción de la pasada legislatura", ha explicado, detallando que "Sevilla es una de las provincias más beneficiada con casi una veintena de incorporaciones". "Esta actualización va a repercutir en cada uno de los municipios de la provincia. Ayudará a transformar los municipios, repercutirá en su atractivo turístico y permitirá luchar contra la despoblación", ha zanjado la presidenta provincial, afrontando la Consejería de Cultura reivindicaciones por ejemplo respecto a mejor trato de los dólmenes de Valencina de la Concepción o la puesta en valor del 'tholos' de Montelirio, en Castilleja de Guzmán.

EL DEBATE PLENARIO

Juan de la Rosa, por su parte, ha opinado que el nuevo anteproyecto de Ley de Reforma de la Legislación del Patrimonio Histórico Español "permitiría que el Alcázar, la Catedral o la Giralda pasaran a ser titularidad del Estado". En ese sentido, ha lamentado que el pleno municipal rechazase una moción del PP en la materia, por el voto contrario del PSOE, Adelante y la edil no adscrita; y ha acusado al alcalde, el socialista Juan Espadas, de permanecer "en silencio" durante dicha propuesta.

"Juan Espadas no está, ni con Sevilla ni con su patrimonio. Prefiere a Pedro Sánchez antes que a los sevillanos", ha criticado el portavoz municipal del PP.