El Gobierno invertirá 10,5 millones en 107 viviendas para realojar a las familias afectadas por el volcán de La Palma

Belarra asegura que el "objetivo fundamental" ahora es normalizar "cuanto antes" la vida de los afectados
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Jesús Hellín
Belarra asegura que el "objetivo fundamental" ahora es normalizar "cuanto antes" la vida de los afectados
El Gobierno ha declarado Zona Afectada por Emergencia a La Palma y ha enviado 10,5 millones.
Europa Press

El Consejo de Ministros aprobará este martes un primer paquete de ayudas para los afectados por la erupción volcánica de La Palma, que incluirá ayudas por valor de 10,5 millones de euros para aliviar la situación de las familias que han visto dañada o destruida su casa. Los fondos se emplearán en la compra de 107 viviendas para el realojo de estas familias y también en la adquisición de bienes de primera necesidad para los afectados.

La iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, y que también suscriben los departamentos de Interior y Transportes, encabezados por los ministros Fernando Grande-Marlaska y Raquel Sánchez, respectivamente, contempla dos subvenciones: la primera, dotada con 5,5 millones de euros, servirá para la compra de los pisos, mientras la segunda, por un importe de los cinco millones restantes, está destinada a la compra de los enseres básicos.

Los 10,5 millones de euros se transferirán directamente al Gobierno de Canarias, que será el que adquirirá las viviendas y financiará las ayudas económicas a las familias afectadas por la erupción. El texto del real decreto, al que ha accedido 20minutos, explicita que "las viviendas a adquirir podrán ser de titularidad pública o privada, y deberán estar en condiciones de ser ocupadas con carácter inmediato por las familias afectadas, o en un plazo compatible con la urgencia de la necesidad a cubrir".

El Ministerio de Transportes deberá dar el visto bueno a cada vivienda que adquiera el Ejecutivo canario, que podrá destinar parte del dinero a realizar reparaciones u obras de adecuación para que las casas estén en condiciones para realojar a las familias afectadas. Y, si con los 5,5 millones de euros destinados a tal fin no hubiera suficiente dinero para la adquisición y adecuación de las viviendas, el Gobierno autonómico debería completar la inversión con cargo a su propio presupuesto.

La nueva colada de lava del volcán de La Palma, más fluida que las anteriores, avanza rápidamente hacia el municipio de Tazacorte, y se sitúa desde esta posición a unos 1.000 metros del mar.

Los pisos, públicos durante 30 años

Según el texto que aprobará el Consejo de Ministros, tendrán derecho a ser realojadas las familias que "hayan perdido o hayan sufrido daños graves en su vivienda", la tuvieran en propiedad o estuvieran alquiladas. Y, en el mismo sentido, el decreto establece que "las ayudas económicas para la adquisición de enseres de primera necesidad se destinarán a las familias afectadas con la pérdida o daño que imposibilite el disfrute de su vivienda habitual como consecuencia de la erupción volcánica, ya sea con carácter temporal o definitivo". Para recibir estas ayudas, los solicitantes solo tendrán que demostrar que residen en La Palma y que el inmueble siniestrado era su vivienda habitual.

Los pisos que la administración canaria adquiera con la subvención del Estado pasarán a ser de titularidad pública, y las familias que sean realojadas en ellos podrán quedarse con carácter temporal o indefinido, según lo decida el Gobierno insular. En el caso de que las viviendas dejaran de ser necesarias para cobijar a familias afectadas por el volcán, "deberán permanecer bajo titularidad pública durante un plazo mínimo de 30 años" y solo podrán destinarse "a fines sociales mediante su alquiler social o asequible u otras formas de tenencia admitidas en derecho", señala el decreto.

Este lunes, el presidente Sánchez subrayó que la primera fase del plan, de la que forman parte las citadas ayudas, vendrá seguida por una segunda etapa que diseñarán conjuntamente todas las administraciones implicadas –municipios, el cabildo insultar, el Gobierno de Canarias y el Gobierno central– para garantizar el futuro de la isla.

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