Los desahucios bajan un 21% respecto a 2019, pero marcan su máximo desde que se prohibieron en personas vulnerables

Imagen de archivo de una concentración de activistas del movimiento antidesahucios en San Sebastián.
Imagen de archivo de una concentración de activistas del movimiento antidesahucios en San Sebastián.
JAVIERT ETXEZARRETA / EFE
Imagen de archivo de una concentración de activistas del movimiento antidesahucios en San Sebastián.

Las medidas sociales implantadas tras la primera sacudida de la pandemia el año pasado han logrado reducir los desahucios, aunque la progresiva recuperación de la normalidad ha vuelto a disparar los lanzamientos, que todavía se mantienen por debajo de las cifras registradas antes de la pandemia.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos en su informe trimestral Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado este miércoles, entre abril y junio de este año se practicaron 11.571 lanzamientos, un 21% menos que ese mismo trimestre en 2019. Como viene siendo habitual, la gran mayoría de ellos (8.028) fueron desahucios relacionados con impagos del alquiler, mientras que una menor parte (2.849) derivaron de ejecuciones hipotecarias -cuando el hipotecado deja de pagar y el acreedor exige la entrega de la vivienda para saldar la deuda-  y otros 694 obedecieron a otras causas.

La caída en los lanzamientos vinculados a hipotecas durante la pandemia -un 25,3% menos que en el segundo trimestre de 2019- ha sido algo más acusada que la registrada en los desahucios vinculados al alquiler, que disminuyeron un 18,9% respecto al nivel anterior a la crisis coronavírica. 

Sin embargo, pese a que las ejecuciones hipotecarias efectuadas siguen claramente por debajo de los niveles precrisis, cada vez son más las peticiones que se presentan en los juzgados. Según datos del CGPJ, el pasado trimestre se recibieron 7.646 solicitudes de ejecución hipotecaria, la cantidad más alta en cuatro años. 

Estas cifras anormalmente bajas de desahucios están muy influidas por las medidas de protección social y económico aprobadas por el Gobierno en abril de 2020 y recientemente prorrogadas. Este paquete legislativo, al que el Ejecutivo se refiere a menudo como "escudo social", incluye entre otras medidas una prohibición de desahuciar a la población vulnerable. Bajo este término se incluye, además de a quienes tienen escasos recursos en general, a personas que hayan quedado en paro o en ERTE a raíz de la pandemia o que hayan experimentado una "pérdida sustancial de ingresos".

Sin embargo, la progresiva normalización de la situación sanitaria que ha venido de la mano de la vacunación masiva ha devuelto los desahucios a cifras cada vez más parecidas a las habituales. Tanto es así que los 11.571 lanzamientos registrados el pasado trimestre son la cifra más alta de desahuciados desde que se aprobó el escudo social.

Cataluña y Andalucía donde más se desahucia

La mayoría de los lanzamientos ejecutados en el segundo trimestre se repartieron entre Cataluña (2.624), Andalucía (1.794), Comunidad Valenciana (1.760) y la Comunidad de Madrid (1.178). Sin embargo, los territorios donde se produjeron más desahucios en relación a su población fueron la Región de Murcia (41%), Cantabria (36,8%), Comunidad Valenciana (34,9%), Canarias (34%), Cataluña (33,8%) y Baleares (31,3%).

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