La subida del salario mínimo de 15 euros a partir del mes de septiembre ha tensionado en los últimos meses la coalición de Gobierno, después de que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño apostaran por congelarlo desde comienzos de año con el argumento de no frenar la creación de empleo, mientras que la vicepresidenta Díaz era partidario de subirlo ya.
Antes del parón de verano, Calviño se abrió a revisar al alza el SMI en septiembre, siempre que la evolución del empleo fuera positiva, y tras las vacaciones, coincidiendo con el arranque del curso político, Sánchez anunció una subida "inminente" para hacer que la recuperación sea "lo más justa posible".
En una primera reunión con los agentes sociales tras las palabras de Sánchez, Trabajo ya planteó la cifra de 965 euros al mes, que los sindicatos rechazaron por insuficiente y los empresarios, por excesiva, aunque finalmente es la que se ha terminado imponiendo.
Las vicepresidentas Calviño y Díaz, por su parte, volvieron a chocar, al apostar la primera por una subida que entrase en vigor el 1 de octubre y la segunda, por aplicarla ya desde el 1 de septiembre, como ha sucedido. Este jueves se vivió un enésimo cruce de criterios, al asegurar Calviño que llevaría aún "varios días" de negociación para cerrar el acuerdo horas antes de que finalmente el ministerio de Trabajo anunciara por la noche la materialización del mismo.
Detalles del acuerdo
El acuerdo entre Gobierno y sindicatos de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) fijará la cifra en 965 euros brutos al mes en 14 pagas. Esta subida será retroactiva desde el 1 de septiembre, por lo que los trabajadores que perciban el sueldo mínimo lo verán ya reflejado en la próxima nómina. Las centrales sindicales, no obstante, no consiguieron que el Ejecutivo concrete cuánto subirá el salario mínimo en 2022, el último escollo que ha bloqueado el pacto durante todo el jueves.
Esta subida del 1,6%, que es inferior a la inflación –por lo que el salario mínimo perderá poder adquisitivo–, pero que supone descongelar el SMI, que llevaba fijado en 950 euros desde el 1 de enero de 2020.
Trabajo recordó este jueves en el comunicado que el incremento, de 15 euros al mes, se sitúa en el medio de la horquilla que el comité de expertos del Gobierno recomendó para 2021. En concreto, ese órgano propuso una subida de 12 a 19 euros este año, para alcanzar paulatinamente el 60% del salario medio al final de la legislatura.
Dudas sobre las futuras subidas
Precisamente la falta de concreción en torno a esa senda fue lo que aplazó el acuerdo a lo largo de toda la jornada: el Gobierno propuso la cifra de 965 euros y los sindicatos se mostraron dispuestos a aceptarla, pero reclamaron mayor concreción sobre las futuras subidas de cara a 2022 y 2023.
A primera hora de la mañana, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, dijo que el Ejecutivo debía comprometerse a llegar a los 1.000 euros en enero de 2022 y a otra subida en enero de 2023. En la misma línea, UGT reclamó "pactar una senda de crecimiento para alcanzar el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura".
La nota emitida por Trabajo no aclaró esta cuestión y se limita a decir que esta subida supone "avanzar en el compromiso" que comparten Gobierno y sindicatos para que el SMI llegue hasta los 1.049 euros en 2023, pero no especifica cuáles serán las cifras concretas de las próximas subidas.
Posteriormente, Mariano Hoya, vicesecretario de política sindical de UGT, admitió que los sindicatos no han logrado que el Gobierno se comprometa con subidas concretas para el futuro, y reclamó que cuanto antes se constituya una mesa de negociación para negociar que el SMI alcance los 1.000 euros en enero de 2022.
"[El acuerdo] es positivo, pese a la subida moderada de 15 euros para este 2021. El Gobierno ha tomado la media de la propuesta de la comisión de expertos, menos de lo que esperábamos, pero consideramos que la posición del Ejecutivo de aumentar el salario mínimo va en el camino adecuado", agregó.
Garamendi cree que la subida debería haberse planteado para 2022
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este viernes en una entrevista en Onda Cero que la subida debería haberse planteado para el próximo año, porque "en enero estaremos en una posición diferente".
El líder de los empresarios se ha vuelto a posicionar en contra de la subida y ha detallado que dicho aumento supondrá un incremento de la economía sumergida, afectará a quienes tienen contratados empleados del hogar y tendrá un impacto en el mercado laboral, ya que "desaparecerán cientos de empleos, se crearán otros, pero no creceremos como deberíamos crecer".
Preguntado por cuál sería la postura de la patronal de plantear el incremento desde el próximo 1 de enero, Garamendi ha considerado que aún quedan tres meses y hay que ver "cómo nos vamos recuperando", destacando el buen ritmo de vacunación contra la covid-19 y la gestión de las comunidades autónomas".
"Creo que en enero estaremos en una posición diferente", ha dicho.
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