El fin del verano se acerca y, con ello, las agendas para septiembre empiezan a echar humo. La de Pedro Sánchez no es una excepción: además de todo lo relacionado con la crisis de Afganistán, que ha copado el foco informativo en las últimas jornadas, el líder socialista tiene un buen número de tareas pendientes que marcarán las próximas semanas. La negociación de los presupuestos, la cuestión catalana, el Congreso del PSOE y la gestión de la discrepancias con Unidas Podemos son algunas de las cuestiones subrayadas en rojo en el arranque de este curso político, que el presidente comienza por detrás del PP en las encuestas y que conduce al ciclo electoral que arranca en 2023:
Presupuestos de 2022
La negociación presupuestaria será una de las claves, al menos hasta navidades. En julio, Sánchez se comprometió a presentar las cuentas "en tiempo y forma", lo que implicaría remitirlos a la Cámara antes de que concluya septiembre –como marca el artículo 134.3 de la Constitución– para su aprobación antes de finales de año. Tras la aprobación del techo de gasto, la parte socialista del Gobierno mantiene reuniones con Unidas Podemos para pactar el proyecto, al que los morados quieren unir una reforma fiscal que grave a las grandes empresas.
Una vez el Ejecutivo remita las cuentas al Congreso, Sánchez se enfrentará a otra dificultad: sólo podrá sacarlas adelante con la mayoría de la investidura. A diferencia del año pasado, cuando el presidente intentó jugar a dos bandas –con los independentistas y Ciudadanos–, en esta ocasión el partido de Arrimadas ha cerrado la puerta a esa posibilidad, por lo que el PSOE tendrá que remangarse y emplearse a fondo en negociar con ERC, PNV, Bildu o JxCat para aprobar los "presupuestos de la recuperación".
Financiación autonómica
La revisión del modelo de financiación autonómica es otro de los grandes proyectos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, capitaneado por María Jesús Montero. La ministra tiene intención de presentar "en los próximos meses" una propuesta para modificar el actual esquema, que data de 2009 y que se aprobó durante el segundo Gobierno de Zapatero –ni Rajoy ni Sánchez lo han modificado desde entonces–, y los planes del Ministerio pasan por dar más peso a la población como criterio principal para el reparto de fondos.
Sin embargo, la negociación de esta materia es siempre complicada. El motivo principal es que, aunque esta ley se vota en el Congreso, suelen convivir distintas posiciones dentro de los partidos en función de los intereses de cada autonomía: por ejemplo, una comunidad despoblada intentará que la dispersión de la población implique un plus de financiación, mientras que una muy densamente poblada preferirá dar más peso a la población como factor determinante. Además, está por ver qué trato da Sánchez a Cataluña.
Negociación con la Generalitat
Precisamente la negociación con la Generalitat será otro de los temas más espinosos de este curso político. Tras la Conferencia de Presidentes del pasado 30 de julio y la comisión bilateral celebrada a principios de agosto, en septiembre se pondrá en marcha la mesa de negociación política entre el Gobierno central y el catalán, donde ambas partes tratarán de buscar una salida que satisfaga a los independentistas –cuyo voto, además, será imprescindible para que Sánchez saque adelante los presupuestos–. El encuentro está previsto para el día 13.
Lo previsible es que el Govern insista en sus demandas de un referéndum de autodeterminación y de amnistiar a los condenados por el procés, mientras que el Gobierno planteará la denominada agenda del reencuentro –que incluye mejoras en infraestructuras, financiación y reconocimientos de carácter simbólico–. Además, varios ministros han dejado la puerta abierta a que pueda celebrarse un nuevo referéndum en Cataluña, aunque sin concretar qué se preguntaría ni cómo se articularía legalmente.
Desacuerdos con UP
Además de negociar con los independentistas y acordar los presupuestos, Sánchez tendrá que encarar el debate con sus socios de coalición, con los que acumula un buen número de desacuerdos. La ley de vivienda y la regulación de los alquileres, por ejemplo, acumula meses de retraso: Unidas Podemos insiste en la necesidad de limitar por ley los precios, mientras que el PSOE no da su brazo a torcer y sostiene que ofrecer incentivos fiscales a los propietarios sería suficiente para que se moderen las rentas.
Otro asunto pendiente es la subida del salario mínimo, congelado desde principios de año y que la vicepresidenta Yolanda Díaz (UP) ha insistido en actualizar cuanto antes, frente la posición de Calviño (PSOE). Este miércoles, Díaz ha citado a los agentes sociales para analizar una posible subida, cuya cuantía aún se desconoce. Y también puede haber discrepancias en torno a la derogación de la reforma laboral, que Díaz se comprometió a poner en marcha este mismo año y cuyo desmontaje provoca reticencias en el ala más ortodoxa del Ejecutivo.
Recibo de la luz
La factura eléctrica es otra de las 'patatas calientes' del Gobierno y otro de los asuntos que pueden provocar tensiones con Unidas Podemos. Durante el verano, el precio de la energía en el mercado mayorista ha marcado varios máximos históricos, lo que llevó al Ejecutivo a aprobar –ya a finales de junio– una rebaja temporal del IVA y a acelerar la tramitación de la ley que limitará el precio de la electricidad producida a través de fuentes que no generan CO2.
El problema es que los cálculos de la Moncloa apuntan a que la factura seguirá disparada al menos lo que resta de año, un frente de desgaste que la oposición está aprovechando, y que no hay unanimidad en el Gobierno sobre la hoja de ruta: mientras los socialistas insisten en que no se puede bajar el recibo "de inmediato", la pata morada del Ejecutivo insiste en hacerlo por decreto. El pasado lunes, los ministros Belarra y Garzón reclamaron a la vicepresidenta Ribera limitar el precio de la nuclear y la hidroeléctrica, y este próximo lunes la vicepresidenta comparecerá en el Congreso para detallar su hoja de ruta. UP también ha advertido de que apoyará una comisión de investigación sobre el recibo eléctrico en la Cámara baja.
Renovación del CGPJ
Parece complicado que Sánchez consiga otro de sus objetivos: renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace más de dos años y cuyo bloqueo persiste por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Los populares han esgrimido distintos argumentos para no facilitar la renovación –la presencia de Podemos en el Gobierno, la concesión de los indultos o la actitud del Ejecutivo tras la marcha de Juan Carlos I de España, entre otros–, y en los contactos que el ministro Félix Bolaños mantuvo con su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, antes del parón del verano, la diputada le transmitió que el PP mantiene esa postura, aunque aceptó reunirse en septiembre para tratar a fondo esta cuestión.
Congreso del PSOE
Finalmente, Sánchez abordará otro gran reto en octubre, aunque en este caso en calidad de secretario general del PSOE: el 40º Congreso federal de los socialistas, donde se fijarán las grandes líneas políticas del partido para los próximos años y se renovará la Ejecutiva. Tras la amplia remodelación del Gobierno en julio, se espera que Sánchez acometa también grandes cambios en el partido, de cuya dirección salió ya el secretario de Organización, José Luis Ábalos. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, y el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, son los dos cargos a los que Sánchez ha encomendado la organización del cónclave.
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