El Gobierno "respeta, pero no comparte" la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el confinamiento decretado bajo el primer estado de alarma. En una breve declaración institucional sin preguntas en la Moncloa, la ministra de Justicia, Pilar Llop, compareció para trasladar la posición del Ejecutivo: que acata el fallo pero que no lo comparte, porque considera que se actuó en todo momento conforme a derecho.

La ministra –que tomó posesión de su cartera este mismo lunes– quiso poner el foco en que el confinamiento "permitió salvar cientos de miles de vidas" en un contexto de rápida propagación del virus y la enfermedad, con cotas "indescriptibles" de víctimas mortales. Era una situación "de extrema emergencia" y de gran "rapidez" en la "evolución de la enfermedad", dijo Llop.

Lo cierto es que el tribunal no ha entrado a valorar la conveniencia de aprobar el confinamiento, sino que cuestiona el paraguas jurídico empleado por el Gobierno para dar cobertura legal a esa estricta medida: por estrecho margen –seis votos a cinco–, el TC dio parcialmente la razón al recurso de Vox y estableció que se debería haber aprobado un estado de excepción, y no un estado de alarma.

En su comparecencia, Llop afirmó que el Gobierno español "utilizó el estado de alarma" recogido en la Constitución "al igual que otros gobiernos europeos", que adoptaron "medidas equivalentes", y sostuvo que "el Supremo y el Tribunal Constitucional avalaron el estado de alarma" en otras resoluciones.

También argumentó que la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio establece que en caso de "emergencia sanitaria" lo que procede es decretar el estado de alarma.