España tiene una de las poblaciones de empleados públicos más envejecidas de todos los países desarrollados. Según el informe Panorama de las administraciones públicas 2021 publicado este viernes por la OCDE, el 47% de los funcionarios del Gobierno central español tienen 55 años o más, por lo que en el hipotético caso de que se jubilaran a los 65 años, si no se renuevan los puestos, la Administración del Estado habrá perdido prácticamente a la mitad de sus empleados públicos en los próximos diez años.
En el extenso documento, que evalúa el desempeño de las administraciones públicas en decenas de ámbitos, la OCDE sitúa a España como el segundo país con una mayor tasa de envejecimiento en la función pública de los 38 que forman el grupo. Solo el Gobierno de Italia, donde el 48,5% de los funcionarios de la administración central tienen más de 55 años, tiene un porcentaje más grande de empleados públicos próximos al retiro.
En los últimos cinco años esta proporción ha pasado del 35% al 47% en España, una subida de once puntos, muy por encima de la registrada en la media de la OCDE que fue tan solo de un punto (25% al 26%).
Además, España tiene una de las tasas de funcionarios jóvenes más bajas de la OCDE: solo el 5% de los empleados públicos estatales españoles tiene entre 18 y 34 años, una tasa casi cuatro veces inferior a la de la media del grupo. En el apartado de adultos maduros (entre 35 y 54 años) el porcentaje se eleva al 48%, siete puntos por debajo del promedio del club.
Los datos de la OCDE proceden de una encuesta propia que refleja la situación a 1 de enero del año pasado. Si se aplica esta tasa del 47% a los datos de trabajadores estatales que maneja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en los próximos diez años 107.793 de los casi 230.000 funcionarios de la Administración del Estado habrá superado los 65 años.
Igual que ocurre con el sistema de pensiones, la inminente jubilación de los baby boomers -el grupo de edad más numeroso en la población española, formado por los nacidos entre 1958 y 1977- supone un gran reto para las administraciones públicas, dado que constituyen la mayor parte de su fuerza de trabajo.
Limitar la temporalidad para estabilizar 300.000 plazas
Uno de los primeros pasos que el Gobierno tiene en mente para modernizar la administración lo dio ya este martes, con la aprobación en Consejo de Ministros de un decreto ley pensado para reducir las altas tasas de temporalidad en la administración española.
La meta del Ejecutivo es estabilizar en los próximos tres años 300.000 plazas estructurales que actualmente ocupa personal interino, para lo que se convocarán procesos selectivos masivos que los candidatos deberán aprobar si desean convalidar su puesto. La urgencia viene al hilo del reciente cambio en la doctrina del Tribunal Supremo, que rectificó su jurisprudencia a finales del pasado mes y limitó a tres años la duración máxima de un contrato de interinidad por vacante en el sector público, alineándose así con las tesis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El plan del Gobierno es fruto de un pacto con los tres sindicatos mayoritarios en el sector público -UGT, CC OO y CSIF- y se ha puesto como objetivo reducir la temporalidad por debajo del 8%.
Oposiciones menos memorísticas para atraer talento
Además, el pasado mayo, el ministro de Administración Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, presentó unas directrices para la modernizar los procesos selectivos de la Administración General del Estado (AGE) con el objetivo de atraer talento y agilizar la selección del personal. Entonces, Iceta hizo mención al reto de las jubilaciones masivas y señaló que en los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta del 22% de la AGE.
El ministerio pretende adaptar las oposiciones "a las nuevas circunstancias de relevo generacional, la irrupción de la inteligencia artificial y las necesidades de talento que requiere la gestión pública del siglo XXI", para lo que propone un modelo más "flexible" y "basado más en los conocimientos y en la evaluación de competencias y menos en conceptos memorísticos". Cuando se dio a conocer, este último punto despertó suspicacias entre algunos aspirantes a puestos del alto funcionariado, que en la mayoría de los llevan años preparándose unos procesos con una elevadísima carga memorística.
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